La caja no es todo

Plata fresca para dar oxígeno a una situación económica complicada. Esto es lo que está por conseguir Cristina Fernández cuando el Senado, en un par de semanas, apruebe la ley que reforma la Carta Orgánica del Banco Central. El kirchnerismo intenta cerrar uno de sus frentes principales: la urgencia de caja para financiar el gasto público, porque la llamada sintonía fina (es decir poner fin al descontrol de erogaciones tomando medidas impopulares), ya trajo aparejado a la Presidenta una caída en su imagen.

Cuando la ley en cuestión esté sancionada, el Central podrá girar tres veces más plata que lo que viene haciendo en los últimos años. Entre utilidades, uso de reservas de libre disponibilidad y adelantos transitorios, el Gobierno conseguirá financiamiento intra-sector público por 180 mil millones de pesos, una cifra que equivale a un tercio de la recaudación que se estima arrojará este 2012.

Es decir que además de los recursos genuinos, el Estado tendrá a su alcance un cheque por un tercio más de dinero fresco que le permitirá pagar deuda pública (la presupuestada son unos 31 mil millones de pesos, pero se duplica si se paga al Club de París) y para gasto corriente.

Aunque el Gobierno no lo reconoce, los giros del Central implicarán una ampliación de la base monetaria -más circulante- que tendrá efecto monetario directo, es decir, más inflación.

La norma que está a punto de sancionar el Senado constituye dar una vuelta de página en la concepción de un Banco Central "monetarista", esto significa con un objetivo único y supremo de custodiar el valor del peso. El kirchnerismo presentó la norma como una avanzada definitiva sobre el neoliberalismo, ya que se pone fin a un artículo clave de la ley de Convertibilidad -de 1992- que obligaba al Central a atesorar dólares por una cantidad equivalente a la base monetaria.

De ahora en más, el directorio que preside Mercedes Marcó del Pont será quien defina, según el contexto nacional e internacional, cuál es el nivel óptimo de reservas. Además, ahora la autoridad monetaria deberá también propender a la estabilidad financiera y, sobre todo, aplicar políticas para orientar el crédito hacia el desarrollo y preservar el empleo. Así, no sólo se amplían las facultades del Banco Central sino también el perímetro de actividades que deberá controlar.

Pero en esta modernización de la Carta Orgánica del BCRA, el kirchnerismo volvió a introducir sus caballos de Troya, como lo ha hecho en otras valiosas leyes sancionadas. En este caso, los cambios se introdujeron a último momento la semana pasada luego de que Marcó del Pont defendiera la normativa en el Congreso. Desautorizando a la titular de la entidad, el oficialismo amplió -por un tiempo de 18 meses- los anticipos que el Tesoro podrá pedir al Banco. Ya no serán por un 10% de la recaudación, sino por un 20%.

A esta cifra se suman los adelantos que puede pedir el Ejecutivo teniendo como parámetro la base monetaria que, aunque están en el límite fijado del 12%, le rendirán 11 mil millones de pesos extra porque dicha base crecerá un 30% como lo hizo el año pasado. En total, habrá por anticipos de toda índole unos 80 mil millones de pesos para cubrir necesidades de caja.

Solucionado por un tiempo el ahogo financiero, el kirchnerismo sigue intentando mejorar la balanza comercial frenando la salida de dólares. La novedad de esta semana es que quien viaje al exterior deberá tener una cuenta en dólares para poder sacar plata de un cajero automático. El objetivo es claro: todo billete verde que circule deberá ser atesorado para pagar la deuda pública y comprar el combustible que este año volverá a hacer falta. Con fórceps y pinzas, el Gobierno intenta sostener las variables económicas cada vez más complejas.

Pero la economía, aun con sus indicadores más alarmantes, se acomoda en un segundo plano frente a una serie de conflictos políticos que estallan, todos, puertas adentro de la Casa Rosada (algo lógico porque el oficialismo es hoy el único actor político con peso).

Cristina Fernández volvió a la carga contra los medios de comunicación críticos, embates que había suavizado en los días dorados de agosto u octubre de 2011, cuando las urnas la colocaron en un lugar de magnificencia que la llevó a asegurar que ya no le importaba lo que se publicaba.

Esta semana, la Presidenta hizo el trabajo que hace el ejército de periodistas que trabajan para el Gobierno nacional: se trenzó con dos editorialistas -de Clarín y La Nación- llamándolos antisemitas y nazis porque criticaron a los jóvenes funcionarios de La Cámpora. Lo curioso fue que la encendida defensa de la mandataria no se hizo extensiva hacia al vicepresidente Amado Boudou, quien era el blanco de las críticas de la columna del periodista de La Nación, Carlos Pagni, que molestó a Cristina.

Sobre el Vicepresidente se ciernen sospechas -hasta ahora sólo eso- de haber tejido, junto a sus amigos funcionarios, un negocio para quebrar la mayor imprenta del país -Ciccone Calcográfica-, comprarla a precio de remate y, luego, haber intentado darle importantes licitaciones como la impresión de los billetes de 100 pesos que escasean.

El Ejecutivo primero optó por el silencio y luego mandó a Boudou a dar explicaciones en los medios afines. Pero hasta ahora, nadie del Gobierno ha podido explicar el quid de la cuestión: de dónde salieron los recursos de Old Found, la empresa que dirige un ignoto monotributista, Alejandro Vandenbroele, a quien se sindica como testaferro de Boudou y que tiene lazos confirmados con uno de los principales amigos del Vice, el abogado José María Núñez Carmona.

Mientras tanto, la polémica ya alcanzó a más funcionarios del Gobierno, como el director de la AFIP, Ricardo Echegaray. Ayer, el Vicepresidente volvió a defenderse y redobló el ataque de la Presidenta contra los medios que siguen las instancias de la causa. "La principal mafia en Argentina es la que tiene por cabecilla al señor Héctor Magnetto (CEO de Clarín), que todos los días busca condicionar las decisiones del Estado para reflotar su poder económico", dijo Boudou en un discurso al inaugurar el nuevo edificio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Los fondos frescos que prestará el Central al Tesoro, le darán oxígeno financiero al Gobierno pero no podrán evitar a la Presidenta los dolores de cabeza que le generan pura y exclusivamente su equipo y que son resultados de sus propias decisiones.

Al caso Boudou hay que agregar la polémica por el sistema de subsidios ineficientes -que desnudó la tragedia ferroviaria de Once- y la pulseada por la falta de inversión con YPF. Ambos capítulos encuentran como responsables mayúsculos no sólo a los concesionarios privados de los trenes o de los yacimientos, sino a las políticas que el propio kirchnerismo ejecutó para cada sector, altamente ineficientes y sin visión de largo plazo.