La antesala de una colisión de poderes

La relación de Cristina Fernández con la Corte Suprema está en plena crisis.

En ese tribunal terminaría cayendo también el memorándum de entendimiento con Irán, según piensa la AMIA. Ese pacto fue aprobado por el cristinismo en el Congreso en medio de artilugios y escandaletes. La Presidenta no ha establecido sólo una ruptura con la comunidad judía: lo inexplicable del acuerdo, que versa sobre los 85 muertos por el atentado de 1994, se ha derramado también como una mala sospecha sobre el conjunto de la sociedad. Quizás sólo podría disiparla en el futuro la imposible detención en Teherán de los jerarcas iraníes acusados por la justicia argentina.

Cristina se va asomando al año electoral de la misma manera en que gobernó el primer año del segundo mandato. Abriendo frentes de combate, segregando a todo aquel que no comulgue con su catecismo o se muestre vacilante. Daniel Scioli lo sabe. Desde ahora Sergio Massa también. El intendente de Tigre fue advertido por ella en el Congreso a raíz de la inseguridad. La Presidenta pretende una fuerza cada vez más homogénea, sin disidencias. Presume que la economía lograría sumarle las adhesiones de los no militantes, suficientes para sortear el examen de octubre. Aunque esa economía no es la de años atrás. Ni siquiera la del 2012. Las inconsistencias del modelo harían peligrar la ingeniería apuntalada únicamente con la política del garrote.

Su mayor conflicto es ahora el Poder Judicial. En especial, la Corte. Cristina ha concluido que esos jueces que tanto alabó por años –o al menos, la mayoría de ellos– serían un límite molesto en su pretensión de cambiar la matriz del sistema, las bases de la democracia tal como se la conoce en la Argentina desde la reconquista de 1983 que guió Raúl Alfonsín. El cristinismo necesitaría de un nuevo formato judicial para intentar prolongar su proyecto.

La enunciación ocultaría, sin embargo, una pretendida sustancia conceptual que no parece tal. La Presidenta nunca reparó en la Justicia y en la Corte, sobre todo, hasta que sucedieron dos cosas. El trámite de la ley de medios, ahora en la instancia de la Cámara Civil y Comercial, sobre el cual se negaron a expedirse los integrantes del máximo tribunal por la improcedencia de un per saltum presentado por el Poder Ejecutivo. También el freno a la expropiación del predio de la Sociedad Rural, amparado por una medida cautelar. Rafael Correa no tiene esos obstáculos en Ecuador. Tampoco los tuvo Hugo Chávez mientras ejerció el poder en Venezuela.

Cristina, en realidad, nunca terminó de digerir aquel 7D que había imaginado como una jornada de gloria en su idea de avanzar contra los medios de comunicación que no le responden. Aquel día no existió porque ella misma puso a los jueces de la Corte contra la pared. Esos jueces habían repetido que la causa por la ley de medios, como cualquier causa, debía respetar el tránsito de todas las instancias judiciales. Por ese motivo naugrafó aquel per saltum.

Desde entonces sucedieron varios episodios. Los miembros de la Corte volvieron a ser acosados en público por Hebe de Bonafini. El cristinismo, movimientista y legislativo, enarboló el discurso sobre la necesidad de democratizar la Justicia. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se empezó a convertir en articuladora de esa estrategia dentro del Poder Judicial. Gils Carbó describió la semana pasada a la Justicia como "ilegítima, oscurantista y corporativa". Desde 1987 integra ese cuerpo y lo hizo, hasta que reemplazó a Esteban Righi, en absoluto silencio.

Gils Carbó, por pedido presidencial, retrucó el mensaje que Ricardo Lorenzetti pronunció al inaugurar el año judicial. No fue la única solicitud que cumplió con obediencia. También se ausentó, junto al ministro Julio Alak, de la ceremonia realizada. Apenas una hora antes había confirmado su asistencia. Lorenzetti dijo frases que, en un país con cierto grado de normalidad política e institucional, no hubieran sorprendido.

"La Corte no está para gobernar pero si para decirle a la política lo que es contrario a la Constitución", afirmó. Casi una obviedad. No en la Argentina, donde un encuentro entre dos políticos de distinto signo (Scioli y Julio Cobos) llama la atención y detona descalificaciones.

Lorenzetti pretendió no asumir riesgos. El titular de la Corte trata siempre que cualquier pronunciamiento público resulte por unanimidad o con el mayor grado de consenso. También los fallos. Hay quienes afirman que el texto que pronunció fue construido con conceptos extraídos de varios de los dictámenes del propio tribunal. Requirió a los otros seis miembros que lo leyeran e introdujeran las correcciones pertinentes. Así fue. En ese buen sentido, habría imperado el espíritu corporativo que el cristinismo dice detestar.

El cristinismo es experto en vender con demasiada frecuencia gato por liebre. Habla de democratización de la Justicia cuando, en verdad, aspira a controlarla con mano firme. Insiste, además, acerca de que nada se habría hecho en el Poder Judicial en 30 años de democracia. Fueron reemplazados, en especial por obra de Alfonsín, los jueces de la dictadura. Se cambió tres veces la conformación de la Corte Suprema. Se incorporó la Casación y el Consejo de la Magistratura. Se instauraron los juicios orales y públicos y el mecanismo de la mediación. Si la Justicia no funciona bien habría que buscar, tal vez, las auténticas razones en el sistema político.

La tentación de casi todos los gobiernos de recurrir a la designación de jueces permeables, cómodos baja el ala del poder. La década kirchnerista es un ejemplo de esa conducta, incluso por encima del ciclo que comandó Carlos Menem.

Las propuestas que Cristina desgranó en el Congreso para la hipotética democratización apuntarían, en general, a acentuar esa tendencia. ¿Elegir los integrantes del Consejo de la Magistratura por el voto popular? La idea, sin dudas, encandila. Pero podría transformar al órgano encargado de la designación de jueces en un simple coto electoral y de campaña. ¿Limitar las medidas cautelares en contra del Estado? El Estado es la principal herramienta política-coactiva del sistema kirchnerista. ¿Crear nuevas instancias de Casación? Un recurso sólo pensado para rodear a la Corte.

Todo, por lo visto, tiene su doblez. La Presidenta se quejó porque los jueces demoran las causas en las cuales son investigados funcionarios. Adujo que esos funcionarios son rehenes del periodismo. La causa por Ciccone que involucra a Amado Boudou fue paralizada con el despido que ordenó ella misma del ex procurador, Esteban Righi, la recusación del juez Daniel Rafecas, y el apartamiento del fiscal Carlos Rívolo. Cristina transmitió que no piensa en una reforma constitucional.

Pero no ocultó su deseo de contar con un Tribunal Supremo Constitucional, como sucede en España. Un órgano específico, paralelo a la Corte Suprema. El cristinismo tiene esbozos de ese proyecto. Para impulsarlo sería imprescindible aquella reforma. Habrá que ver si sigue pensando igual después de octubre.

Esa historia de embustes termina, a veces, conspirando contra el propio Gobierno. No parece haber un solo argumento, de los muchos esgrimidos para justificar el acuerdo con Irán por la AMIA, que no sufra un revés cuando es cotejado con la realidad. Cristina explicó que su giro sorpresivo de la política exterior responde a la búsqueda de la verdad sobre aquel trágico atentado. No se advierte en el memorándum de entendimiento, ni se escuchó en boca de Héctor Timerman, ni en su mensaje en el Congreso una pista precisa acerca del objetivo que se asegura perseguir. La Presidenta insistió también con una decisión de Estado que no podía ser adoptada por un solo partido. Las votaciones de senadores y diputados reflejaron exactamente lo contrario. Toda la oposición estuvo en contra. Hasta hubo legisladores K que retiraron el apoyo. El empeño por aprobar el pacto no reparó en pudores. Se recurrió a dos ministros provinciales (Tucumán y Chubut) para que, por un día, regresaran a sus bancas a las que habían renunciado para garantizar un quórum apremiado y avalar el pacto.

La devaluación de los procedimientos democráticos se hace más visible y dramática ni bien se echa la mirada hacia atrás. Alfonsín heredó en 1983 el conflicto irresuelto por el Beagle con Chile. En un paréntesis había quedado la mediación vaticana cuyo resultado desconoció la dictadura. El ex presidente sometió esa mediación a consideración del Congreso y convocó a un plebiscito no vinculante. Antes existió un debate por televisión entre el entonces canciller, Dante Caputo, y el jefe de los senadores peronistas, que se oponían al acuerdo, Vicente Saadi. El referéndum favoreció ampliamente al acuerdo. Así quedó zanjado con verdadero consenso el pleito bilateral.

Cristina no habló en sus casi cuatro horas de discurso en el Congreso de las dificultades que afronta la economía. El rústico congelamiento de precios redujo la inflación de febrero.

Pero aún así no sería menor al 1%. La construcción continúa en baja. El frente externo se ha complicado porque la Corte de Apelaciones de Nueva York ratificó su fallo y le pidió al Gobierno una oferta para pagar a los "fondos buitre".

La Presidenta enterró su juramento de que no habría un peso ni un dólar para esos especuladores. Habrá oferta.

Cristina le encomendó a Hernán Lorenzino, el ministro de Economía, a Axel Kicillof, el vice, y a Mercedes Marcó del Pont, la jefa del Banco Central, un memorándum de análisis sobre las dificultades económicas. Sería monitoreado, quizás, por Guillermo Moreno. Resultaría difícil imaginar una ocurrencia o una solución de aquellos que han conducido a esta encrucijada.