La antesala de la batalla económica
*Por Carlos Sacchetto. Cristina está convencida de haberse puesto adelante y, por ende, estar conduciendo y "relatando" la realidad política, social y cultural de la Argentina. Lo mismo pretende hacer con la economía, pero por ahora ésta se muestra menos manejable que las otras "realidades".
Una de las obsesiones que siempre ha mostrado la gestión kirchnerista en su particular manera de hacer política es no permitir que nadie, ni siquiera la realidad, imponga los temas de la agenda pública. Aunque no siempre lo consigue, la tenacidad sigue teniendo plena vigencia ahora con la costosa ayuda de los medios que generosamente financia el Estado.
La demostración está a la vista: cuando más crecían las preocupaciones de distintos sectores por las consecuencias que traerá el afianzamiento del mercado negro del dólar y el impacto social que tendrá el sinceramiento de las tarifas de servicios públicos, la Presidenta puso el foco de su acción en la política exterior. Reemplazó embajadores en los dos países estratégicamente más importantes para Argentina, como son Brasil y Estados Unidos, y así desplazó en forma momentánea la atención del futuro de la economía.
Nuevos rumbos
La semana pasada, cuando todavía no se conocían los anuncios oficiales, desde esta columna se decía que para producir cambios, la Casa Rosada miraba con especial atención a la Cancillería. Ocurre que si de verdad Cristina Fernández quiere iniciar una etapa de mayor cordialidad en la relación con el gobierno norteamericano, tiene que demostrarlo con hechos. Un gesto necesario en ese sentido es un recambio de embajador.
Ahora Jorge Argüello, un peronista porteño que pasó hasta por el macrismo y terminó kirchnerista, reemplazará a Alfredo Chiaradía, un experto en comercio internacional que sólo llevaba poco más de un año en Washington. En el mundo diplomático aseguran que, técnicamente, Argentina pierde con el cambio, pero la Presidenta abre una jugada política que se completaría con el alejamiento del actual canciller, Héctor Timerman.
Las mismas fuentes, en cambio, calificaron de inobjetable la designación de Luis Kreckler, quien sonaba para canciller, en la representación ante Brasil. Por estos días, Timerman está en un silencio desacostumbrado para él. Cuentan en el propio Gobierno que en su intimidad se sintió preocupado por los alcances que tendrá la entrevista que mantuvieron Cristina y Barack Obama en Cannes. No se sabe si lo inquieta su futuro personal o el rumbo que tomará la política exterior.
La Presidenta conserva en su exclusivo conocimiento todas las respuestas que esperan sus ministros y demás funcionarios. A ella le encanta generar expectativas, administrarlas y sorprender con sus decisiones, como parte de un legítimo ejercicio del poder. Suele ser una buena herramienta para gobernar siempre y cuando se vaya por delante de los acontecimientos, pero no parece suceder eso, por ejemplo, en el área económica.
Un empresario de buen diálogo con Cristina sostiene que la disparada del dólar paralelo, como reacción a los controles para la compra oficial de moneda extranjera, ya comienza a tener impacto en distintos sectores de la economía. También deduce qué harán las empresas a las que se les retiren los subsidios por agua, luz, o gas. Esos mayores costos para producir se trasladarán inevitablemente a los precios, con lo cual se alimentará la inflación y comenzará un ciclo recesivo. "Se deben tomar medidas de política económica ya y no esperar hasta el 10 de diciembre", dice que le sugirió a la Presidenta. Ella lo miró con una sonrisa y nada dijo.
La impunidad
Donde sí el kirchnerismo está muy activo es en el ámbito judicial. Allí la idea del Gobierno es clara. En las causas en las que están involucrados funcionarios o aliados del 2003 en adelante, siempre hay alguna gestión oficial. El último caso es el sobreseimiento de todos los acusados en el caso Skanska, donde la empresa sueca admitió el pago de "comisiones ilegales".
Al problema del manejo de la Justicia por parte del poder político no lo inventaron los Kirchner, pero sí lo continúan. Desde el retorno de la democracia en 1983 hasta 2007, se abrieron 750 causas por corrupción para investigar el destino de 13 mil millones de dólares sustraídos al Estado. La mayoría fueron cerradas por prescripción o nulidades procesales. Sólo María Julia Alsogaray fue condenada.
Como ese es terreno sensible para el Gobierno, la designación de jueces es clave. Hace poco más de una semana el Senado aprobó 30 nuevos nombramientos pedidos por la Presidenta. Desde 2003, entre camaristas, jueces federales y nacionales, ya van 438 sobre 886 cargos en todo el país. Casi el 50 por ciento. Eso no quiere decir que todos esos magistrados estén a disposición del Ejecutivo, pero el trayecto y el final que tienen las causas es llamativo.
Cuando se le consultó a un miembro de la Corte Suprema qué podría hacer ese tribunal para evitar mayores daños a la imagen de la Justicia, sólo recordó que "la conducta de los jueces es juzgada por el Consejo de la Magistratura". Es allí donde el kirchnerismo da sus batallas.