La amenaza femicida

En los últimos días, la mayoría de los medios de difusión han brindado un meticuloso seguimiento periodístico a varios casos recientes de crímenes perpetrados contra mujeres, empleando, en casi todas las coberturas mediáticas, una novedosa caracterización: el femicidio.

Este inquietante neologismo, según se sabe, fue acuñado en los años 80 para denunciar la expresión más extrema de la violencia machista y se utiliza, generalmente, para denominar los homicidios cometidos contra las mujeres por el cónyuge o ex pareja. (En nuestro país, se viene reclamando su tipificación como figura autónoma del Código Penal y hasta existe un proyecto de ley, en ese sentido, presentado en el Congreso Nacional).

Desde otra perspectiva, diría que no es de extrañar la rápida adopción del término por parte del ambiente jurídico y político -y aún del habla popular-, ya que en Argentina miles de mujeres mueren, son golpeadas o abusadas brutalmente. Según un informe elaborado por la ONG Casa del Encuentro, al menos una mujer fue asesinada cada 30 horas en los primeros diez meses del año, lo que supone que en 2011 hubo 237 víctimas.

Aún cuando la cifra es impactante, posiblemente el número de femicidios sea mucho mayor. Los datos de la investigación citada provienen de los medios de difusión, ya que no se cuenta con estadísticas oficiales y los relevamientos, tanto en el orden provincial como nacional, están dispersos o no existen.

Esto explica, en parte, la falta de reacción de las instituciones, ya que al no conocerse la verdadera dimensión del femicidio en la sociedad argentina, es muy probable que no se le asigne la verdadera importancia que tiene actualmente el desarrollo de políticas públicas para frenar la violencia contra las mujeres.

Y no me refiero, especialmente, al marco legal. Desde 2010, Mendoza adhiere a la ley Nacional 26.485, que contempla la violencia de género en sus diversas formas, desde física o sexual hasta económica y mediática. Se trata de un interesantísimo instrumento que, de contar con el correspondiente presupuesto, puede significar el inicio de una nueva era para las mujeres.

En este sentido, celebramos la presentación, en nuestra Legislatura, de un proyecto para la creación de tres centros de refugios temporarios para las víctimas de la violencia machista (mujeres e hijos), cuya autoría pertenece a la diputada provincial Teresa Maza, de la Unión Cívica Radical, y se enmarca en la línea de acción propuesta por la citada ley.

Una cosmovisión machista

Pero, a pesar de estos auspiciosos intentos, creo que aún es necesaria una firme reacción institucional frente al problema. El femicidio y la violencia machista aparecen como el resultado extremo y dramático de una cultura que aún conserva los primitivos rasgos patriarcales de sus orígenes.

Rasgos que se evidencian no sólo en la brutalidad sino, también, en el rechazo de los partidos y sindicatos, explícito o implícito, a la adopción de lo que hoy llamamos políticas de género; en la resistencia a tomar conciencia de la situación o en el refuerzo de una imagen secundarizada del sexo femenino, por parte de los medios masivos y la publicidad.

Tal confinamiento del rol social de la mujer -impuesto desde siglos por la estructura socioeconómica y su correlato en el orden jurídico o en el mandato religioso- es aceptado también por gran parte de la población femenina. El machismo no podría abarcar todo un período histórico sin crear la actitud psicológica que contribuya a mantenerlo y de la que participen, también, sus propias víctimas.

Citando a Jorge Abelardo Ramos: "Hay una especie de 'derecho natural' que obliga a que la mujer lave los platos o cuide los hijos. Si parece una fatalidad biológica es exclusivamente porque su duración histórica es tan prolongada que nadie concibe su desaparición. Lo histórico, es decir, lo provisorio, se transforma en algo biológico, poco menos que en sinónimo de eterno".

Precisamente, de esta configuración histórica y cultural del machismo debe dar cuenta la política, avanzando enérgicamente sobre la instrucción pública y el mensaje social tanto desde los partidos, organizaciones sociales y sindicatos, como de la Legislatura y el Poder Ejecutivo.

Es necesario habilitar al Instituto Provincial de la Mujer con los recursos necesarios para poner en práctica los lineamientos que la ley Nacional 26.485 le confiere. Además -y fundamentalmente, diría- es imprescindible mancomunar ideas y esfuerzos por encima de las pertenencias políticas. Especialmente por parte de las mujeres, que tantas veces privilegiamos nuestra identidad partidaria en lugar de tomar partido por nuestra identidad.