Justicia a medida, recursos de impunidad

El fin de la dictadura cívico militar más brutal de nuestra historia, primero, y la crisis política, económica y social después, pusieron en primer plano la necesidad de que la dirigencia se renovara y transparentara. El Poder Ejecutivo y el Legislativo están sujetos al control social a través de las elecciones. Están sometidos a la dinámica de la política. Felizmente, recuperada como herramienta transformadora en los últimos ocho años.

Esto ha permitido logros profundos tales como la recuperación de la memoria, para buscar la verdad y conquistar la justicia en materia de Derechos Humanos; y reponer la esperanza en materia de derechos y participación social (derogación de la obediencia debida y el punto final, así como los indultos y los delitos de apropiación de los niños, Asignación Universal por Hijo, Conectar Igualdad, Inclusión y movilidad previsional, paritarias, etcétera), logrando la fuerza para construir los nuevos derechos. Nos enorgullecemos de ese trayecto recorrido. Pero no por ver el vaso medio lleno, dejamos de ver el medio vacío.

Particularmente, en el retraso que trae en la renovación de muchos estamentos del Poder Judicial, tanto federal, como nacional, como de las provincias. Todavía hoy aparecen jueces y fiscales que son el resabio del poder de la dictadura, resistiendo las investigaciones y protegiendo los intereses económicos de las corporaciones.

La sustancial renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue de las primeras medidas con que el presidente Néstor Kirchner empezó a marcar la impronta que iba a tener su gobierno y estableció procedimientos novedosos e incuestionables para la elección de sus miembros. Sin embargo, ¡cuánto falta hacer para tener una justicia verdaderamente resultante de un proceso democrático de consolidación de los derechos! En cada una de las intervenciones de las áreas del Poder Ejecutivo para extender derechos, aparece un juez, una cámara, decidida a mantener los privilegios corporativos.

Valgan como ejemplos los jueces de Mendoza que fueron partícipes en delitos de lesa humanidad y aquellos que extreman sin ponerse colorados, su compromiso con los negocios, especialmente del Grupo Clarín. La democracia ha desarrollado mecanismos de juzgamiento de la conducta de los jueces, no obstante, son numerosos los casos de jueces que, para eludirlos, han presentado pedidos de licencia o bien renuncias para obtener una jubilación privilegiada que una posible destitución les quitaría. Casos como el del camarista mendocino Luis Francisco Miret, cuya renuncia fue desestimada por la presidenta de la Nación y que resultó destituido por el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados en virtud de su complicidad con violaciones a los Derechos Humanos, son una esperanza y la contratara de los ejemplos mencionados.

Esperábamos ver la puesta en marcha de un proceso que desnudara la vergonzosa participación del juez platense Elvio Sagarra en un procedimiento a favor de Cablevisión en septiembre pasado. Es el mismo que dictó una medida cautelar, se declaró incompetente (lo era) no sin antes suspender la aplicación de la Resolución Nº 100 de la Secretaría de Comunicaciones que declaraba la caducidad de la licencia de Fibertel, la ex proveedora de Internet porque la empresa había sido disuelta por Cablevisión. En ese fallo el incompetente intimaba al gobierno a abstenerse de poner algún obstáculo a los negocios de Cablevisión en Internet. Pero, ¿qué hizo Sagarra? Cuando vio que se encaminaba el jury de enjuiciamiento presentó su renuncia para jubilarse y no perder un suculento e inmerecido ingreso. El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires le aceptó la renuncia. El sistema democrático quedó trunco en su derecho de juzgar la conducta de sus jueces.

¿Será lo mismo que hará el juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro? Es el juez del rebalanceo telefónico, el juez de la recontrareelección de Menem, el juez que permitió que se escape un funcionario de la dictadura que era requerido por la justicia formoseña. Bustos Fierro, que ahora ha vuelto al ruedo, del mismo lado que se coloca siempre: abiertamente favorable a los grupos económicos concentrados y contrario al derecho que asiste colectivamente a usuarios y consumidores.

Bustos Fierro, con velocidad récord, tardando menos en escribir su fallo que el tiempo que requeriría siquiera leerlo, ha vuelto a laudar a favor de los negocios del Grupo Clarín. ¿Qué hará cuándo avance el juicio político? ¿Él también se va a convertir de pronto en hombre en condiciones de jubilarse? Las asociaciones y los usuarios están movilizados –acompañando la decisión del gobierno– para impedirle a Cablevisión que siga esquilmando a sus clientes.

Esperemos que nuestro proyecto nacional se desarrolle también en este ámbito y se garanticen los derechos y la dignidad de todos y todas, salvaguardando los valores democráticos. Es necesario que en su totalidad el Poder Judicial sea legítimo, creíble, transparente y neutral respecto de intereses particulares y corporativos, capaz de consolidar el camino que con tanta hidalguía conduce la presidenta, ensanchando los derechos en todo el territorio y en todos los sectores.