Julio César Grassi se negó a entregar su ADN para el registro de violadores

El padre Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por "abuso sexual agravado y corrupción de menores" en 2009, se iba a someter este lunes a una muestra de ADN a pedido de la justicia, que dispuso inscribirlo en el Registro Nacional de Datos Genéticos (RNDG) vinculados a delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, a último momento, el sacerdote se negó a someterse al procedimiento.

En diálogo con TN.com.ar, el abogado querellante, Juan Pablo Gallego, informó que el Tribunal Criminal 1 de Morón ordenará una "extracción compulsiva" del ADN de Grassi en las próximas horas. La medida había sido dispuesta el pasado 13 de febrero por la justicia y fue firmada por los magistrados Claudio José Chaminade y Mariana Maldonado, precisaron fuentes judiciales.

"La resolución expresa que los parámetros de Grassi, al tener sentencia y condena firme como delincuente sexual, se corresponden con lo que dispone la ley que crea el registro nacional de violadores, por lo que se ordenó extraer muestras biológicas para inscribirlo ahí", explicó el letrado.

Jorge Dotto, Director del Registro Nacional de Datos Genéticos, fue una de las personas que llegó esta tarde a la cárcel de Campana para llevar adelante el procedimiento, junto a un grupo de especialistas. "Nos presentamos en la unidad penitenciaria, tomamos 12 muestras de ADN y tuvimos dos negativas. Una de ellas se trataba de Grassi", señaló.

"El argumento que dice es que no quiere pertenecer en el registro, pero no dio muchos más detalles. No está cumpliendo con la ley, nosotros vinimos con una orden judicial", relató en una entrevista con TN. "El objetivo del Ministerio de Justicia de la Nación es que todas las personas que están condenadas por delitos sexuales formen parte de este registro", agregó.

La causa contra Grassi comenzó el 23 de octubre de 2002 con la emisión de un programa televisivo en el que tres jóvenes con sus rostros cubiertos denunciaron haber sido abusados por el padre en la Fundación Felices los Niños, donde se alojaban chicos en situación de calle con conflictos con la justicia.

El proceso judicial terminó el 10 de junio de 2009 con la condena a 15 años por "abuso sexual agravado y corrupción de menores", aunque en principio el sacerdote estuvo tres meses en prisión domiciliaria hasta que se ordenó su detención definitiva, el 23 de septiembre de 2013. La sentencia quedó firme el 21 de marzo de 2017.

Al menos 66 religiosos fueron denunciados en Argentina desde que estalló el caso Grassi, es decir, en los últimos 17 años. La mayoría de ellos sigue sin condena, y sólo tres fueron sancionados por la propia Iglesia con el máximo castigo que puede recibir un cura: la expulsión del sacerdocio.

Entre esos tres expulsados no está Grassi, quien fue condenado por la Corte Suprema pero no fue sancionado por la Iglesia. A diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos, Australia o Irlanda, en Argentina no existe investigación judicial o canónica que abarque diócesis enteras.

Tampoco hay registros oficiales sobre los sacerdotes involucrados o el número de víctimas que sufrieron abusos.