Jubilaciones y sueldos en debate
Los aumentos jubilatorios y el control a distancia de las paritarias, anunciados por la Presidenta, confirman que el actual puede ser un año conflictivo, dado el constante acoso de la inflación.
En su último mensaje por cadena nacional, la presidente Cristina Fernández hizo dos importantes anuncios: que, en cumplimiento de una ley del Congreso, las jubilaciones serán aumentadas a partir del 1º de marzo en un 17,62 por ciento –lo que elevará el haber mínimo de 1.434 a 1.687 pesos– y que el Gobierno controlará las negociaciones paritarias a través de una comisión interministerial que seguirá de cerca la rentabilidad de cada sector, para evitar que se desborden las discusiones salariales.
De esto se deduce que el Gobierno no impondrá un "techo" o límite máximo generalizado para los aumentos salariales sino que se limitará a controlar las paritarias, con la idea de establecer una especie de salario por productividad, sector por sector.
No hay demasiados antecedentes en esta materia, ya que, en general, los salarios eran fijados libremente en las paritarias, sin control alguno, o el Gobierno imponía un tope o promedio general. Hasta hace poco se habló de que ese tope sería del 18 por ciento anual, mientras que los sindicatos pedían un promedio de entre el 25 y el 30 por ciento. Habrá que esperar, pues, a que el nuevo sistema de control por productividad o rentabilidad se ponga en funcionamiento para ver sus resultados.
Pero, pese a haber dado marcha atrás en la idea del "techo" o tope, la Presidenta remarcó la necesidad de evitar desbordes en las paritarias. Esto hizo renacer versiones de que habrá límites, aunque no expresos ni generales, porque todos –ahora incluido el Gobierno– temen una aceleración de la carrera inflacionaria, lo que tiraría por la borda todas las previsiones.
En efecto, ya no se puede disimular la inflación, que para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) está por debajo del 10 por ciento de promedio anual y para la mayoría de las consultoras privadas, entre el 20 y el 25 por ciento, lo que marca una diferencia abismal entre ambas estimaciones.
Pero lo grave es que los sindicatos han dicho de manera reiterada que para ellos el índice inflacionario real es el que indican las góndolas de los supermercados, es decir los precios de los alimentos, bebidas y demás productos que componen la canasta familiar básica.
Con las jubilaciones ocurre algo similar, ya que todo aumento para los pasivos debe ser equiparable al de los precios de la canasta familiar y costos como el de los alquileres, expensas, impuestos y servicios. Con un agravante: que el monto jubilatorio no se fija por paritarias, sino que lo establece directamente el Gobierno. Y si ese monto está por debajo de la inflación real, significa una pérdida del poder adquisitivo de los haberes.
Estos son los temas que han quedado abiertos después de los anuncios de la Presidenta, que, con seguridad, darán lugar a grandes debates.
De esto se deduce que el Gobierno no impondrá un "techo" o límite máximo generalizado para los aumentos salariales sino que se limitará a controlar las paritarias, con la idea de establecer una especie de salario por productividad, sector por sector.
No hay demasiados antecedentes en esta materia, ya que, en general, los salarios eran fijados libremente en las paritarias, sin control alguno, o el Gobierno imponía un tope o promedio general. Hasta hace poco se habló de que ese tope sería del 18 por ciento anual, mientras que los sindicatos pedían un promedio de entre el 25 y el 30 por ciento. Habrá que esperar, pues, a que el nuevo sistema de control por productividad o rentabilidad se ponga en funcionamiento para ver sus resultados.
Pero, pese a haber dado marcha atrás en la idea del "techo" o tope, la Presidenta remarcó la necesidad de evitar desbordes en las paritarias. Esto hizo renacer versiones de que habrá límites, aunque no expresos ni generales, porque todos –ahora incluido el Gobierno– temen una aceleración de la carrera inflacionaria, lo que tiraría por la borda todas las previsiones.
En efecto, ya no se puede disimular la inflación, que para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) está por debajo del 10 por ciento de promedio anual y para la mayoría de las consultoras privadas, entre el 20 y el 25 por ciento, lo que marca una diferencia abismal entre ambas estimaciones.
Pero lo grave es que los sindicatos han dicho de manera reiterada que para ellos el índice inflacionario real es el que indican las góndolas de los supermercados, es decir los precios de los alimentos, bebidas y demás productos que componen la canasta familiar básica.
Con las jubilaciones ocurre algo similar, ya que todo aumento para los pasivos debe ser equiparable al de los precios de la canasta familiar y costos como el de los alquileres, expensas, impuestos y servicios. Con un agravante: que el monto jubilatorio no se fija por paritarias, sino que lo establece directamente el Gobierno. Y si ese monto está por debajo de la inflación real, significa una pérdida del poder adquisitivo de los haberes.
Estos son los temas que han quedado abiertos después de los anuncios de la Presidenta, que, con seguridad, darán lugar a grandes debates.