Javier Milei no podría nombrar como funcionarios a su hermana Karina y a Rodolfo Barra por cuestiones legales

A cinco días de su asunción, el presidente electo Javier Milei se enfrenta a barreras legales que le impedirían designar a dos funcionarios clave de su futura administración: su propia hermana, Karina Milei, quien está nominada para la Secretaría General de la Presidencia, y Rodolfo Barra, el jurista que el libertario quiere poner como procurador del Tesoro de la Nación.

En ambos casos el problema son las legislaciones vigentes. Barra, ex juez de la Corte Suprema de Justicia y ministro de Carlos Menem, tiene 75 años. La ley vigente de la Procuración del Tesoro de la Nación pone un límite de 70 años para asumir en el cargo.

"El Procurador del Tesoro de la Nación deberá ser ciudadano argentino, no menor de treinta ni mayor de setenta años, abogado con el título habilitante expedido o revalidado por Universidad Argentina y contar por lo menos con ocho años de antigüedad en la profesión", dice en su artículo 2 la ley 18.777, según reproduce Clarín.

En el caso de Karina Milei, que fue anunciada como la futura secretaria General de la Presidencia, está inhibida por el decreto 93 que firmó Mauricio Macri en 2018.

Ese decreto, que sigue en vigencia, dice en su artículo 1: "Dispónese que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial".

Cuando llegó al gobierno Alberto Fernández se anunció que esa norma sería modificada, pero eso nunca ocurrió.

Por eso mismo, si quiere designar a su hermana, Milei deberá publicar antes un decreto que anule ese artículo de la norma que promovió su aliado político. Será a todas luces un decreto a medida para saltear esa inhibición que pesa sobre los familiares del Presidente y sus ministros.