Irresponsables
*Por Luis Majul. Más allá de las serias responsabilidades políticas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del jefe de la Ciudad Mauricio Macri por los episodios de Villa Soldati y Lugano, hay varias preguntas que merecen respuestas urgentes, antes de que aparezcan tapadas con la confusión reinante.
¿Quienes mataron a Rosemarie Chura Puña, Bernando Salgueiro y Juan Casteñada Quispe? El fiscal Sandro Abraldes está casi seguro de que las balas partieron de las escopetas que portaban miembros de la Policía Federal. Abraldes tuvo el buen tino de pedirle la pericia a la Gendarmería, porque las primeras fuentes de la Federal ‘vendieron información’ exculpatoria. Aseguraron que los proyectiles eran de armas tumberas, explicaron que Salgueiro, de nacionalidad paraguaya, fue alcanzado por la herida mortal cuando estaba jugando al fútbol y que Chura Puña, de nacionalidad boliviana, había muerto mucho antes del inicio de los incidentes de violencia. Si al final se confirma que los asesinos fueron agentes de la Policía Federal, la responsabilidad de los ministros que manejaban la fuerza y del gobierno nacional será indiscutible e indisimulable.
¿Son verdaderas las versiones que hacen aparecer a la flamante ministra de Seguridad, Nilda Garré, advirtiendo a la Presidenta que solo asumirá si le otorgan el absoluto control de las fuerzas de seguridad y su apoyo para destruir ‘las cajas’ recaudatorias de la Policía Federal, en base a los negocios de la prostitución, la droga y el juego clandestino?
Si Garré confirma que sus condiciones para asumir fueron esas, habría que preguntarle a la Presidenta por qué convalidó la corrupción policial durante tantos años. Y también habría que preguntarle a Garré por qué no denunció los negociados como funcionaria pública de un gobierno que se presenta como transparente.
¿Quién está detrás de Julio Carlos Capella, el barrabrava de Huracán que disparó con un arma de fuego al bulto de quienes ocupaban el parque Indoamericano? ¿Es un ‘amigo’ de los vecinos? ¿Es un hombre de la Obra Social del gobierno de la Ciudad y responde a funcionarios de Macri? ¿Es protegido por Mallo, el kirchnerista presidente de Hinchadas Unidas Argentinas, la organización que viajó al último mundial de Sudáfrica con financiamiento incierto?
¿A quién responde el vocero más mediático de los ocupantes del predio? Alejandro Pitu Salvatierra jamás se presentó como un dirigente K, pero enseguida se supo que pertenece a la Tendencia Nacional y Popular y que su principal referente es Francisco Tito Nenna, el sindicalista docente que a la vez apoya la candidatura de Daniel Filmus como próximo jefe de gobierno de la Ciudad. Con un discurso muy atractivo bien articulado, criticó con dureza a Macri y se cuidó muy bien de no responsabilizar al gobierno nacional por no hacerse cargo de la seguridad en el parque, lo que produjo como saldo, y hasta ahora, tres muertos. Ser kirchnerista no es pecado. Ocultarlo en el medio de le discusión hace ruido.
Hay muchas cosas que no cierran.
Macri no puede eludir su responsabilidad diciendo que la culpa del crecimiento de la pobreza en la Argentina es del gobierno nacional. O preguntando por qué la Nación no financia planes de vivienda en la Ciudad como lo hace en San Juan, Córdoba y otros distritos ‘amigos’ del oficialismo. Aún cuando esas explicaciones resultan lógicas, es evidente que subejecutó el presupuesto para vivienda y que el sur de la ciudad está más sucio, más inseguro, menos iluminado y más desprotegido que cualquier otra zona del distrito. También debería aclarar por qué los primeros policías de la metropolitana no se instalaron allí mismo, donde más se los necesita.
Además, debería cuidar más su lenguaje en el medio de esta delicada crisis social. Es muy probable que la mayoría de sus votantes se sientan identificados con la idea de ‘inmigración descontrolada’ que lanzó en medio del conflicto, pero no debería olvidar que esas generalizaciones sirven para dividir, y no para dar respuestas a quienes las necesitan.
Por su parte, el gobierno nacional no debería endilgar a Macri lo que es, sin duda, parte de su responsabilidad, como la seguridad pública y los planes habitacionales para quienes desean vivir en la ciudad.
La represión salvaje del martes a la noche fue un disparate. Y la ausencia de fuerzas de seguridad, desobedeciendo la orden de fiscales y jueces que le ordenaron al gobierno nacional que se hiciera cargo para evitar muertos y heridos, fue otro disparate de marca mayor.
No se defiende ni se protege a los que menos tienen solo evitando el envío de las fuerzas de seguridad a las zonas de conflicto. Con la decisión de lavarse las manos, solo se defiende y se protege el gobierno nacional de pagar costos políticos no deseados. Y el argumento de que mandaron a la Gendarmería a rodear el parque Indoamericano porque se lo estaban pidiendo los propios ocupantes, es, por lo menos, infantil. Si pudieron hacerlo el sábado, es evidente que nada les impedía hacerlo antes.
La muerte de Mariano Ferreyra, pero también las de Chura Puña, Salgueiro y Casteñada Quispe llevan la marca indeleble de las zonas liberadas y el no hacerse cargo, que es casi lo mismo que apretar el gatillo por la vía de la irresponsabilidad.