Intervencionismo y corrupción
Son los consumidores y la sociedad en su conjunto quienes pagan el costo de este modelo cada vez más autoritario.
La discrecionalidad, las arbitrariedades y la falta de transparencia han sido y son las características salientes de un modelo intervencionista que se ha venido profundizando y que ha tenido su correlato en el crecimiento de la inseguridad jurídica y de la caída de las inversiones.
La forma de asignar los recursos para satisfacer la mayor cantidad posible de necesidades ha insumido amplios debates en el ámbito académico. Las respuestas han estado siempre condicionadas ideológicamente entre los que prefieren preservar las libertades individuales y aquellos que anteponen el uso del poder del Estado sobre los individuos. En la realidad del mundo no hay sistemas químicamente puros, aunque la supremacía de la economía de mercado ha quedado fuera de toda duda desde la caída del Muro de Berlín y ante la evidencia de la destrucción moral y social ocasionada por el colectivismo.
La economía se enfrenta con un complejo proceso de asignación de recursos porque millones de personas demandan bienes y, al mismo tiempo, cambian las valoraciones que otorgan a esos bienes. Justamente los precios que rigen en el mercado son una expresión de ese difícil pero justo equilibrio entre todas las personas que demandan un bien y la respuesta de las empresas para asignar los recursos de capital y trabajo para producirlo. No hay mente humana ni sistema gubernamental centralizado que puedan reemplazar estas manifestaciones de consumidores, productores y comerciantes. Ni hay funcionarios iluminados que puedan disponer de la información suficiente para decidir eficientemente por el resto de la comunidad lo que hay que producir, con qué calidad y a qué precios vender.
En la Argentina de hoy, sin embargo, hay funcionarios que pretenden saber mejor que la población qué es lo que ésta necesita y cómo abastecerla.
El intervencionismo económico toma así la forma de controles de precios, regulaciones, proteccionismo, arbitrariedades impositivas, uso discrecional de los subsidios y una amplia batería de medidas que buscan regular la vida de todos. La consecuencia es siempre la ineficiencia, el desaliento a la inversión y la corrupción.
La economía argentina presenta serias distorsiones de precios por efecto de intervenciones que han pretendido neutralizar la inflación o lograr otros objetivos. Por ejemplo, por querer mantener la carne artificialmente barata se quitaron estímulos a la producción ganadera motivando la liquidación de vientres y reduciendo el stock a tal punto que hoy escasea la carne y su precio se ha elevado considerablemente. El consumo disminuyó sin que esto permita recuperar los saldos exportables y miles de trabajadores han quedado sin empleo. La escasez se pretende disimular hoy con engañosos planes como el llamado Milanesas para Todos.
Otro ejemplo es el de la energía y el transporte público. El Gobierno mantiene compulsivamente tarifas artificialmente bajas y paga subsidios para cubrir la diferencia con los costos de producción. De esta manera no hay estímulos para invertir y se deterioran las prestaciones. Además, los subsidios han crecido al ampliarse la brecha por efecto de la inflación, potenciando el aumento del gasto público y el déficit fiscal. Se ha desalentado de tal manera la inversión privada en el sector energético, que el sistema sólo puede mantenerse en forma precaria importando combustibles y gas a precios internacionales, mientras que a los productores locales se les reconocen precios irrisorios. Corregir estas graves distorsiones implicará en el futuro un costo político importante para el próximo gobierno, ya que se torna infinanciable semejante despilfarro de recursos.
Pero las regulaciones que establece el Estado no afectan únicamente la eficiencia en la asignación de recursos ignorando la voluntad de los consumidores, sino que también son una enorme fuente de corrupción. Cuando un funcionario público puede decidir si una empresa puede exportar, importar o vender a determinado precio, tiene en su poder la supervivencia de la compañía. La solvencia del emprendimiento ya no depende de la capacidad de sus directivos para captar la voluntad del consumidor y satisfacerla eficientemente, sino que depende de los caprichos del funcionario de turno, dando lugar a la corrupción. No sólo emerge el interés de quienes reciben el dinero mal habido, sino también el de aquellos empresarios que perciben un menor riesgo operando bajo regulaciones manipulables, que haciéndolo en mercados puramente competitivos.
Son finalmente los consumidores y la sociedad en su conjunto los que terminan pagando en mayor medida el elevado costo de un intervencionismo que, en el caso del kirchnerismo, es el reflejo de un modelo cada vez más autoritario.
La prepotencia del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; la política de permisos para exportar y las restricciones a las importaciones; la persecución de las consultoras que miden el costo de vida; la invasión de directorios de empresas privadas por la Anses; la eliminación de cualquier vestigio de federalismo a tal punto de imponer desde el poder central a las provincias qué obras públicas hacer y a quiénes contratar para su realización; la asignación arbitraria de subsidios o de publicidad oficial para cooptar voluntades, y la virtual estatización del fútbol son simples evidencias de ese modelo intervencionista y corrupto, al servicio de un proyecto de poder.