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Interpol lanza el alerta roja para detener a Alberto Samid: "Es una persona violenta"

El "Rey de la Carne" está prófugo de la Justicia. Se sospecha que se fue de la Argentina.

Se complican los pasos de Alberto Samid, esté donde esté. Es que Interpol emitió una alerta roja para que todas las policías del mundo lo detengan. El empresario de la carne es buscado por la Justicia argentina desde el miércoles, cuando debía presentarse a una audiencia en un proceso oral y no lo hizo.

El documento que se distribuyó esta mañana identifica al "Rey de la Carne" como una persona "violenta". "Si bien se trata de un individuo de edad avanzada, debe tenerse presente que públicamente ha manifestado y exteriorizado por vías de hecho su oposición para cumplir las órdenes de la autoridad pública", precisó Interpol.


En el escrito se precisa que el dirigente peronista podría estar en Belice. El jueves por la noche, cuando comenzaron a circular imágenes en redes sociales donde se lo veía abordando un avión hacia ese destino, Samid aseguró por televisión que estaba en la Argentina, en "una provincia peronista".

Los investigadores creen que el prófugo se escapó en una primera instancia a Paraguay, luego voló a Panamá y finalmente abordó un avión hacia la paradisíaca Belice, cuyas costas son bendecidas con las aguas del Mar Caribe.

Samid está siendo enjuiciado en Buenos Aires acusado de conformar una asociación ilícita que evadió impuestos. La causa penal comenzó en 1996 por una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) que señalaba que un grupo de frigoríficos evadía el IVA en la venta de comercialización de carne.

La semana pasada, el fiscal del caso, Gabriel Pérez Barberá, había solicitado condenar a Samid a seis años y seis meses de prisión. En sus alegatos, dio por probada la acusación. En las entrevistas que brindó desde el lugar en donde se encuentra escondido, el empresario denunció que el representante del Ministerio Público le había pedido una coima millonaria para exculparlo. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante en el caso, también pidió una condena.