Interna familiar en la empresa de Jugos Baggio por la desaparición de 7 millones de dólares

El directorio de la empresa RPB S.A. (más conocida como Baggio) emitió hoy un comunicado para dar a conocer una supuesta estafa de la que habría sido víctima la compañía en diciembre pasado, pero, más allá del hecho, señalaron "la utilización del suceso por parte de personas en conflicto de intereses con RPB S.A. y con socios de la misma".

Si bien una lectura inicial apuntaba a algún hipotético competidor, luego agregaron que "el eventual aprovechamiento premeditado e irresponsable del delito cometido contra la firma, para la consecución de intereses particulares, perjudicaría a RPB S.A. en beneficio de cierto accionista competidor", lo que develó una pelea interna entre socios que, a su vez, son familiares entre sí.



 
RPB S.A. nació hace 60 años en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, fundada por Rufino Pablo Baggio y María Cecilia Munilla, un matrimonio que luego tuvieron cuatro hijos: Rufino Pablo hijo (conocido como "Pino"), Alejandro, Aníbal y Celia María. Hoy es una de las principales procesadoras de jugos de fruta envasados, entre otros productos.

De acuerdo con el diario local El Día, al morir el fundador, en 2005, la titularidad de las acciones se repartió entre los hijos y Celia María le vendió su parte a Pino, lo que lo hizo titular del 50% del paquete. Pero a pesar de ser el socio mayoritario no dirige la compañía, ya que su madre conservó el usufructo de la titularidad y eligió a Alejandro para esa tarea.

Esto dividió a los hermanos Baggio, quienes se enfrascaron en una pelea que ya lleva años. "Al accionista mayoritario hace años que no le permiten entrar a la empresa y el único acceso a la información que tiene es desde los balances", confesó a El Día un miembro de la compañía.

De esta forma, frente al hecho de la desaparición del dinero hay dos versiones contrapuestas: El directorio dice que la empresa fue víctima de un ataque tipo phishing y la suma del robo habría ascendido a aproximadamente unos seis días de facturación, mientras que los accionistas que no tienen control hablan de un vaciamiento que equivale a US$7 millones o $441 millones, según el tipo de cambio oficial.

Además, estos últimos hablan de que, por el tamaño del supuesto desfalco, hay 2000 fuentes de trabajo en riesgo, 500 de ellas en la ciudad de Gualeguaychú.

Lo cierto es que por el hecho se radicó una denuncia en la Comisaría Séptima de Gualeguaychú que es investigada por el fiscal Guillermo Biré.