Institucionalidad, materia pendiente

Con logros en materia de obras públicas, pero con cuestionamientos aciertos manejos institucionales, Juan Schiaretti encara el último año de su gestión como gobernador de Córdoba.

Una administración que comenzó bajo el signo de la sospecha por las denuncias de fraude en los comicios de 2007 y termina con buena imagen, pero con interrogantes sobre el próximo proceso electoral, cuyo cronograma aún no se conoce.

Schiaretti heredó una Provincia muy endeudada, sufrió la discrecionalidad en la ayuda de la Nación y recién respiró aliviado este año, con la renegociación definitiva de la deuda.

El gobernador quiere terminar a pura obra, en especial en la capital, y en eso está. Exhibirá el centro cívico, la ampliación de la Terminal de Ómnibus, la prolongación e iluminación de la avenida de Circunvalación, la iluminación de la autopista a Villa Carlos Paz, las mejoras en los accesos a Córdoba y los gasoductos en el interior, largamente prometidos por su antecesor. No es poco para una provincia que viene atrasada en infraestructura.

Pero la administración muestra también varios puntos oscuros, que golpean principalmente en lo institucional. Y con la frustración agregada de que todo indica que no hay voluntad política para actuar diferente.

Un punto es la reforma política, planteada por Schiaretti como una acción reparadora luego delescándalo de las urnas de 2007. Se aprobó la boleta única, pero no se sabe con certeza cuándo ni cómo se la utilizará; incluso, siempre con la boleta única, hay cuestionamientos aposibles mecanismos de selección por parte del votante enel cuarto oscuro, por lo que el sistema podría terminar de-salentando el "corte" de boleta y consolidando el tan criticado "voto sábana". Tampoco se implementarán este año los mecanismos aprobados en la reforma para encuadrar y controlar los gastos de campaña, medida elemental de transparencia (más aún cuando el affaire de los cheques sin fondo del ex funcionario delasotista Marcelo Falo echa más dudas sobre los manejos financieros de los hombres del poder).

Otro eje es el de los ingresos y los ascensos en la administración pública. Los recientes concursos abiertos para cargos en la Provincia fueron hechos a la medida de los militantes oficialistas que casi no dejaron espacios sin ganar, irregularidades puntuales incluidas.

La misma sospecha de favorecer a undeterminado sector surgió en la aprobación legislativa, la semana pasada, del llamado a concurso para cubrir cargos del escalafón superior: se hizo una excepción a la regla para permitir que todos los agentes –cumplieran o no ciertos requisitos– pudieran concursar para 630 cargos de supervisión y jefatura. Se benefició así a empleados nombrados en los últimos años de gestión delasotista, muchos de los cuales, de otro modo, no hubieran podido concursar.

No son hechos menores. Manifiestan el manejo discrecional del aparato estatal en beneficio del oficialismo, lejos de los principios que se proclamaron cuando se planteó la reforma política.

Otra vez, una efectiva acción de gobierno y el respeto a las formas institucionales se manifiestan muy difíciles de combinar, apesar de que la democracia fue recuperada hace ya más de un cuarto de siglo.