Innoble persecución

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo –por su trayectoria y trascendencia– han merecido y merecen el reconocimiento de la sociedad argentina y de la opinión pública internacional. Cuando muchos guardaron silencio y otros fueron cómplices de delitos de lesa humanidad, como el asesinato y la desaparición de personas y la habilitación de centros clandestinos de detención, aquellas mujeres que salieron a reclamar por sus hijos desaparecidos y sus nietos nacidos en cautiverio salvaron la dignidad de los argentinos en uno de los tiempos más indignos de la historia nacional.

Ellas simbolizaron con mayor fuerza esa causa, aunque no estuvieron solas en ese empeño: políticos y hombres de la Iglesia Católica las acompañaron en esa gesta, junto a miles de ciudadanos de diferentes partidos y opiniones que abrazaron la causa de la defensa de los derechos humanos.

Ello no quiere decir, no obstante, que haya que silenciar la crítica si algunas de las integrantes de Madres o Abuelas, o las entidades como tales, expresan opiniones o asumen actitudes que muchos ciudadanos consideren impertinentes o improcedentes, que no se ajusten a criterios de justicia o que signifiquen complicidad con un gobierno, como el actual, que quiso y quiere apropiarse de la causa de los derechos humanos.

En ese marco, resulta comprensible que quienes se aferraron a la esperanza de hallar a sus nietos se resistan a aceptar que una búsqueda no dio el resultado esperado. Pero no es coherente que esa desazón personal se traduzca, paradó­jicamente, en conductas que vulneren los derechos humanos de presuntas víctimas a las que esas instituciones dijeron querer proteger.

Ése es el meollo del caso de Marcela y Felipe Noble Herrera. Señalados durante años como supuestos hijos de desaparecidos, "apropiados" por su madre de manera ilegal, ahora se conocieron sendos informes periciales que descartan la vinculación de ambos con las personas registradas en el Banco Nacional de Datos Genéticos. La Justicia debe evaluar sin presiones todo lo actuado. Pero es absurdo el pedido de que la causa continúe abierta "para siempre", por si en algún momento ingresan nuevos perfiles de ADN para comparar.

En nuestro ordenamiento jurídico, es ilegal e inconstitucional mantener un estado de duda permanente sobre la persona a quien se imputa un delito. Cuánto más lo es perseguir por años a presuntas víctimas sobre las que, además, no hay ningún dato cierto que avale tal sospecha.

Y aún más inexcusable, inmoral y absurdo es que la misma actitud sea adoptada por el Gobierno nacional –en especial, por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y por los medios de comunicación oficiales y paraoficiales–, ya que es deber del Estado impedir agravios y persecuciones judiciales abusivas contra cualquier ciudadano.