Ingreso al Estado, ¿será verdad?

En su último mensaje ante las cámaras legislativas, el gobernador de la provincia anunció el dictado del decreto que establece la implementación de concursos para el ingreso a la administración pública. Se tratará, según se indicó oficialmente, de concursos abiertos de ingreso y cerrados, de ascensos, con la finalidad de terminar de organizar la carrera administrativa.

De acuerdo con lo manifestado por funcionarios allegados al mandatario provincial, la norma legal contempla la conformación de juntas calificadoras, cuyos integrantes serán representantes del Estado, de los sindicatos que agrupan a los trabajadores estatales y del personal no sindicalizado y su misión será tomar y evaluar los exámenes que permitirán la incorporación de nuevos empleados públicos y la jerarquización de los 8 mil ya existentes.

Es de esperar que esta vez el anuncio se concrete en los hechos. No debe olvidarse que años atrás se alcanzó un consenso entre el Estado y los gremios -también en el ámbito paritario- que determinó que "a partir de 2008" todos quienes quieran ingresar a trabajar en la administración pública "deberán rendir un examen escrito, mientras para los ascensos se contemplará también la evaluación de los antecedentes".

El ingreso por concurso es un viejo anhelo reclamado por los gremios de estatales y a lo largo de las distintas gestiones se han multiplicado los anuncios de su implementación. Pero la realidad marca que el último llamado a concurso para el ingreso se produjo durante la gestión de José Octavio Bordón, pero fue suspendido ante una acción judicial que cuestionó su reglamentación. Anteriormente se había concretado en 1969, durante la intervención federal de José Eugenio Blanco, cuando se concretó con un llamado abierto a través de los medios de difusión y fueron miles los jóvenes que se presentaron a rendir.
 
En ese momento, el Ejecutivo decidió que los 20 aspirantes que obtuvieron las mejores notas tuvieran la posibilidad de elegir el lugar de trabajo, de acuerdo con las vacantes existentes. El resto fue ubicado según las necesidades de las diferentes áreas.

A partir de esas dos iniciativas, nunca más hubo concursos en el ámbito de la administración central, con lo que el Estado se ha convertido en una bolsa de trabajo sólo para allegados o parientes de los funcionarios. El problema se presenta no sólo con el ingreso sino que se multiplica en el caso de los ascensos. También vale aclarar que ya existen exámenes para el ingreso al Poder Judicial; para la policía deben hacer un curso en una escuela especial mientras, en el caso de los docentes, los ascensos son por antecedentes.

Es el momento de modificar la situación y establecer, de una vez y para siempre, un sistema de ingresos y ascensos que permita premiar y valorar a quienes tengan capacidad para hacerlo, aunque no cuenten con un padrino político que los impulse. Desde las distintas casas de estudios surgen anualmente centenares de chicos con título, con capacidad y con deseos de lograr un trabajo estable pero sus posibilidades suelen verse cercenadas y la decepción se potencia cuando descubre que todo el esfuerzo realizado se ve superado por quienes tienen como única virtud el acercamiento a un hombre de la política.

Si bien es cierto que el actual gobernador hace al anuncio a pocos meses de dejar su gestión, debería existir un compromiso de toda la dirigencia política para que ese decreto de llamado a concurso se respete, sea quien fuere el que resulte electo en las próximas elecciones.