Informe reveló que el 90% de los castigos a militares en Bolivia son torturas
Un informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia reveló que en muchas ocasiones los daños son irreversibles.
Según las conclusiones preliminares de este estudio, basado en las denuncias de maltratos a soldados entre 2009 y parte de 2010, casi la totalidad de las sanciones están dirigidas a provocar dolores intensos en la columna vertebral.
"En las Fuerzas Armadas se están vulnerando los derechos humanos", apuntó como hipótesis el defensor del pueblo de Bolivia, Rolando Villena. El informe se inició como respuesta a la aparición a la escena pública de dos vídeos de torturas a reclutas y cadetes bolivianos que ha puesto en aprietos a las Fuerzas Armadas de Bolivia.
El primer vídeo, difundido por la red Unitel, muestra a un teniente y varios soldados sumergiendo a un recluta cabeza abajo en un barril de agua, en el cuartel de Challapata, de la zona andina de Oruro.
Se observa que el recluta, identificado por los medios como Guido Álvaro Cortez López, implora piedad, pero sólo recibe golpes e insultos.
Otro vídeo, difundido por la red PAT, muestra cómo en una instalación militar de la región oriental de Santa Cruz varios cadetes, hombres y mujeres, son sometidos a palizas, y uno de ellos también es atado a un tronco en forma de cruz y sumergido en un pozo de agua sucia. Villena anunció que se reunirá en los próximos días con los padres de la víctima en Challapata, y que su institución está revisando expedientes castrenses en todo el país, ya que tiene conocimiento de casos de gravedad en los departamentos de Beni (noreste) y en el oriental de Santa Cruz. Esta semana, Gobierno, parlamentarios y autoridades judiciales condenaron estas actuaciones.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que en su calidad de Capitán General de las Fuerzas Armadas pedirá que los autores sean sometidos a la justicia ordinaria. Por su parte, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, señaló que la "tortura no es enseñanza militar", pero matizó que "los militares son profesionales, no son monjitas ursulinas".
La Asamblea Legislativa anunció la creación de una comisión de investigación para conocer en profundidad unas acciones que "han dejado a todos con la boca abierta sobre las barbaridades".
Asimismo, la fiscal Mirna Arancibia declaró que solicitará que las Fuerzas Armadas levanten el secreto militar, para que no exista obstrucción de la investigación.
"En las Fuerzas Armadas se están vulnerando los derechos humanos", apuntó como hipótesis el defensor del pueblo de Bolivia, Rolando Villena. El informe se inició como respuesta a la aparición a la escena pública de dos vídeos de torturas a reclutas y cadetes bolivianos que ha puesto en aprietos a las Fuerzas Armadas de Bolivia.
El primer vídeo, difundido por la red Unitel, muestra a un teniente y varios soldados sumergiendo a un recluta cabeza abajo en un barril de agua, en el cuartel de Challapata, de la zona andina de Oruro.
Se observa que el recluta, identificado por los medios como Guido Álvaro Cortez López, implora piedad, pero sólo recibe golpes e insultos.
Otro vídeo, difundido por la red PAT, muestra cómo en una instalación militar de la región oriental de Santa Cruz varios cadetes, hombres y mujeres, son sometidos a palizas, y uno de ellos también es atado a un tronco en forma de cruz y sumergido en un pozo de agua sucia. Villena anunció que se reunirá en los próximos días con los padres de la víctima en Challapata, y que su institución está revisando expedientes castrenses en todo el país, ya que tiene conocimiento de casos de gravedad en los departamentos de Beni (noreste) y en el oriental de Santa Cruz. Esta semana, Gobierno, parlamentarios y autoridades judiciales condenaron estas actuaciones.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que en su calidad de Capitán General de las Fuerzas Armadas pedirá que los autores sean sometidos a la justicia ordinaria. Por su parte, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, señaló que la "tortura no es enseñanza militar", pero matizó que "los militares son profesionales, no son monjitas ursulinas".
La Asamblea Legislativa anunció la creación de una comisión de investigación para conocer en profundidad unas acciones que "han dejado a todos con la boca abierta sobre las barbaridades".
Asimismo, la fiscal Mirna Arancibia declaró que solicitará que las Fuerzas Armadas levanten el secreto militar, para que no exista obstrucción de la investigación.