Indagarán a “San Pipi”, el director de la comunidad terapéutica en la que participaba Teto Medina: “Para él, sumisión total”

Luego de los múltiples allanamientos en diferentes provincias, con epicentro en Florencio Varela, de la aparente granja de rehabilitación "La Razón de Vivir", que se presentaba como una comunidad terapéutica para personas adictas, presentada en redes por Marcelo “Teto” Medina, fueron detenidos varios responsables por asociación ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral, tras las graves denuncias de algunos “internos” que pasaron por el lugar que no contaba con la habilitación del Ministerio de Salud bonaerense.

Hoy, el fundador del centro de rehabilitación, Néstor Zelaya, se hacía llamar “San Pipi”, ampliará su declaración, adelantó su abogado Marcelo Biondi, que se quejó de la decisión que tomó el juez de la causa de no acceder a la excarcelación de su cliente, a diferencia de otros detenidos, entre ellos, el exShowMatch.

Además, Biondi presentó 22 testigos que prestarán declaración más adelante. Según detalló el defensor, se trata de personas “recuperadas por el tratamiento”.

Enfrente, tienen la acusación del fiscal Daniel Ichazo, en base a la investigación conjunta de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Dirección de Investigaciones de Delitos de Trata de Personas de la Policía bonaerense e informes victomológicos realizados a los denunciantes.

Según la pericia con la que cuenta el Ministerio Público Fiscal, la organización “propugna un nuevo sistema de vida y obliga a los adeptos a una sumisión total”. Para ello, “utilizan formas de reformas de pensamiento y persuasión coercitiva que propician la destrucción de la personalidad previa del adepto o la dañan severamente”, advierte el documento.

“Las psiques de las víctimas que han sido objeto de dominación y sometimiento presentan una variada sintomatología que se desprende del relato en las declaraciones testimoniales, como consecuencia del movimiento sectario, el cual pretende desmoronar la identidad y la autonomía de las personas”, continúa el informe.

Además, alerta: “Nos encontramos con dependencia excesiva, intentos de suicidio, ideación suicida, culpa, dispersión de identidad e ideas persecutorias a raíz de la disminución de la habilidad intelectual y lenguaje, así como también la capacidad para establecer nuevas relaciones personales como consecuencia del empobrecimiento de la capacidad de discernir”.

Luego profundiza sobre los roles de “los líderes de La Razón de Vivir”: “Formaron una comunidad donde se destaca de este colectivo de personas, comportamientos y actitudes sectarias, tales como la dependencia afectiva al líder, sometimiento a su voluntad, anulación de la conciencia y de la personalidad, mediante violencia psicológica, simbólica, física y farmacológica con la finalidad de obtener réditos económicos, reducción de la libertad ambulatoria y comportamientos forzados, hasta tal punto de que en dicho círculo no se hacía otra cosa que la voluntad de los coordinadores, supervisado por el líder”.

Y continúa: “La razón de vivir, como secta, la cual promete un proyecto visionario que pretende encaminar hacia la rehabilitación y a una vida libre de adicciones, liderado mediante su carisma para dominar a sus internos y abusar de los mismos, en pro de su propio beneficio logrando que las víctimas depositen su confianza y la conducción de sus decisiones de vida”.

Ahondando en esa idea, el informe detalla que, “dicha asociación ilícita se caracteriza por la adscripción de personas totalmente dependientes de las ideas del líder y de las doctrinas de los coordinadores, presentadas bajo la modalidad de grupo terapéutico, que utiliza técnicas de control mental y persuasión coercitiva para que todos los miembros dependan de la dinámica del grupo y pierdan su estructura individual a favor de la idea colectiva y del grupo, creándose muchas veces un fenómeno de pensamiento colectivo”.

Entre las pruebas en contra del grupo que conforma el conductor televisivo, se encuentran las intervenciones telefónicas a Zelaya y a Mariano Torchia, un policía exonerado de la PFA, en la que dialogan sobre “cómo aplicar castigos a las víctimas y cómo controlarlas”.

Según Ichazo, el objetivo era seguir percibiendo la cuota mensual que oscilaba entre los 25 mil y 40 mil pesos, más un abono único de inscripción.

Según pudieron reconstruir, había un sistema de castas interno. Al ingreso, las personas adictas un período de adaptación donde se podían dar “gustos”. A los tres días, entraban en la etapa de “soy calabaza”, una analogía de La Cenicienta usada por la organización para indicar que a partir de ese momento iba a ser reducida a la servidumbre.

Asimismo, contaban con la colaboración de “chicos de tiempo”, en alusión a a las víctimas con mayor antigüedad en el circuito delictivo que cumplían la función de vigilar a sus compañeros para informar a coordinadores comportamientos fuera de lo establecido, a cambio de algunos beneficios.

Por ejemplo, contaban con un esquema de salidas transitorias y la mayoría se hacía con la supervisión de un “chico tiempo”. “Pertenecer a ese grupo era beneficioso de por sí, ya que usaban sus propias salidas y también de los nuevos internados”, detalló el fiscal que atendió las denuncias de las “condiciones deplorables de comida y el hacinamiento de las víctimas en las quintas”.

De acuerdo con la causa, no existía la atención médica. Incluso, uno de los internos sufrió una amputación y denunció que no recibió los cuidados parece diabetes la asociación obligó a otras víctimas a realizar las curaciones. Ya es conocida la experiencia de una persona con HIV a quien le negaron atención. La denuncia también detalla que, de forma “secreta”, colocaban medicamentos en las bebidas, con el fin de mantener el control sobre los internos.

Para el fiscal Daniel Ichazo, las víctimas “creyeron en las promesas falsas de tratamiento que los mismos ofrecían y que ninguna se cumplió. También en que estaban prestando funciones en una cooperativa de trabajo con promesa remuneratoria que nunca sucedía” y ponían la responsabilidad en el adicto: “El tratamiento servía solo si lo hacías servir”, indicaron. “Les decían que no eran personas, sino enfermedades y nada más”, detalla el documento.

Al mismo tiempo, se exaltaba la figura de Zelaya, en un sentido religioso. El líder, que se hacía llamar “San Pipi”, remarcaba que “todo se lo debían a él y que no le deben nada a dios, despreciando toda creencia de la víctima”. Incluso, pronunciaba frases como “Muchos son los elegidos y pocos son los que se salvan”.

Las personas que dejaban en manos de la organización su salida a las adicciones, refieren que “en la quinta no se trataba de ser inteligente, sino obediente”.

Algunos hablaron de trabajos de construcción, largas jornadas laborales y sin un pago a cambio. Todos coincidieron en que “el tratamiento constaba en hacerlos pasar necesidades físicas y psíquicas para valorar más las cosas, sistema de castigos donde los privaban de alimentos, bebidas, descanso y comunicación con la familia.

“El tratamiento consistía en el dolor”, resumió uno de ellos. “Los manipulaban con miedo para que no se vayan, generaban temor para no volver a la adicción”, remarcó el fiscal, mientras sacaban fotos de rostros sonrientes para enviar y mostrarles a las familias que todo iba bien.

Mendigar para conseguir leña y dinero, noches en el suelo, en medio de roedores, violencia psicológica y física, insultos, humillaciones, careos públicos y engaños eran parte de la vida en la comunidad.

Jorge Basílico, que dirigía hasta su detención la “Quinta tres”, describía así a Zelaya y su “razón de vivir”, cuando el líder pensaba abrir un geriátrico: “Otro curro más. Curro amigo, todo un curro. No sale nada bueno de ese muchacho. Yo lo sé porque estuve ahí”.