Incertidumbre por política de precios
La política oficial en materia de precios no sólo genera incertidumbre y contribuye a promover la inflación sino que está derivando en medidas autoritarias.
Según el discurso oficial la economía no sufre inflación, el INDEC informa aumentos de precios en porcentajes por debajo de la mitad que los que arrojan estimaciones privadas o provinciales y el Banco Central emite a un ritmo que triplica los aumentos de precios admitidos por el organismo estadística.
Pero, por otra parte, el Gobierno presiona a empresas para que no aumenten sus precios y está sancionando a consultoras privadas que desde hace años evalúan la evolución de los precios, apelando a una legislación de la época de la dictadura militar.
En este cuadro acaba de sumarse la propuesta del diputado kirchnerista Héctor Recalde, de rehabilitar los poderes de la Ley de Abastecimiento, cuya aplicación fue suspendida por decreto en 1991 y que permitiría establecer precios máximos, determinar márgenes de utilidad e intervenir en diversos aspectos del funcionamiento de empresas y explotaciones agropecuarias. La reactivación de semejante legislación provocaría una inmediata reducción de inversiones y una huida de capitales con consecuencias imprevisibles para el desenvolvimiento de la economía.
La sola enunciación de este proyecto implica admitir la existencia de una inflación peligrosa y refleja la tendencia autoritaria del oficialismo así como la apelación a fórmulas que han demostrado reiteradamente su fracaso.
El Gobierno no reconoce la existencia de inflación pero toma medidas autoritarias para contenerla. La propuesta aplicación de la Ley de Abastecimiento afectaría severamente la economía.