Inadmisible sucesión de episodios violentos en escuelas de la Región
Jóvenes estudiantes heridos por arma blanca; grescas generalizadas dentro de un colegio con decenas de lesionados; verdaderas batallas campales protagonizadas por grupos de escolares apoyados por chicos de barrios linderos; ataques entre alumnas con vidrios de botella causándose profundos cortes en el cuello y en la cara.
Estudiantes que ingresaron a la escuela con un arma de fuego con la que jugaron a la ruleta rusa, hasta que se escapó un disparo que hirió a un joven en la mandíbula: lamentablemente, estos episodios, y otros de similar gravedad, ocurrieron en los últimos dos meses en escuelas de la Región, convertidas así en insólitos escenarios para la violencia.
Se ha llegado a extremos que resultan intolerables. No hay dudas de que algunos estudiantes pueden llegar a suponer que concurren a los colegios no para estudiar y formarse como ciudadanos, sino para dirimir rivalidades a golpes de puño o utilizando armas.
De allí que pueda mencionarse como nota positiva el hecho de que, en la mayoría de estos casos, se han verificado reacciones positivas por parte de los padres, de los docentes y de la mayoría de los estudiantes, encaminadas a manifestar el más enérgico rechazo a semejantes muestras de irracionalidad en las escuelas, a defender la calidad de las instituciones educativas afectadas por los episodios y a buscar fórmulas para evitar la reiteración de los hechos violentos.
En este sentido, se justifican absolutamente las denuncias formuladas por los padres y docentes no sólo en el ámbito educativo provincial, sino ante las autoridades policiales y judiciales, así como las gestiones realizadas en la Municipalidad de La Plata, para que intervenga preventivamente a través de la dirección de la Niñez y Adolescencia, entre otras instancias que se han venido activando.
Tal como se ha señalado aquí hace poco tiempo, no importa tanto, ponderar los alcances particulares de estos episodios como advertir que transcurre en estos últimos años una muy preocupante sucesión de hechos de violencia en escuelas de la zona.
Pareciera oportuno, entonces, reflexionar acerca de lo conveniente que resultaría, frente a tantas muestras indudables de inconducta, restablecer frente a los jóvenes el sano principio de autoridad que todo padre y educador debe reflejar. Ello no implica descalificar ninguna política pedagógica que apunte a la prevención como mejor manera de evitar nuevos conflictos, tendiéndose a llamar a los chicos a la reflexión, trabajándose fundamentalmente en las mismas instituciones educativas, aún sin descartarse las decisiones de tipo sancionatorio.
Está claro que el problema reviste una extraordinaria complejidad y exige, además de los diagnósticos que puedan servir como puntos de partida, la adopción de una verdadera política de Estado que se ocupe de enfrentar los desafíos de la infancia y la juventud, ofreciéndose desde allí la apoyatura y el respaldo imprescindibles para que el sistema educativo vuelva ser lo que fue durante tantas décadas en nuestro país: un ámbito excelente de formación y no un escenario más para la violencia.
Se ha llegado a extremos que resultan intolerables. No hay dudas de que algunos estudiantes pueden llegar a suponer que concurren a los colegios no para estudiar y formarse como ciudadanos, sino para dirimir rivalidades a golpes de puño o utilizando armas.
De allí que pueda mencionarse como nota positiva el hecho de que, en la mayoría de estos casos, se han verificado reacciones positivas por parte de los padres, de los docentes y de la mayoría de los estudiantes, encaminadas a manifestar el más enérgico rechazo a semejantes muestras de irracionalidad en las escuelas, a defender la calidad de las instituciones educativas afectadas por los episodios y a buscar fórmulas para evitar la reiteración de los hechos violentos.
En este sentido, se justifican absolutamente las denuncias formuladas por los padres y docentes no sólo en el ámbito educativo provincial, sino ante las autoridades policiales y judiciales, así como las gestiones realizadas en la Municipalidad de La Plata, para que intervenga preventivamente a través de la dirección de la Niñez y Adolescencia, entre otras instancias que se han venido activando.
Tal como se ha señalado aquí hace poco tiempo, no importa tanto, ponderar los alcances particulares de estos episodios como advertir que transcurre en estos últimos años una muy preocupante sucesión de hechos de violencia en escuelas de la zona.
Pareciera oportuno, entonces, reflexionar acerca de lo conveniente que resultaría, frente a tantas muestras indudables de inconducta, restablecer frente a los jóvenes el sano principio de autoridad que todo padre y educador debe reflejar. Ello no implica descalificar ninguna política pedagógica que apunte a la prevención como mejor manera de evitar nuevos conflictos, tendiéndose a llamar a los chicos a la reflexión, trabajándose fundamentalmente en las mismas instituciones educativas, aún sin descartarse las decisiones de tipo sancionatorio.
Está claro que el problema reviste una extraordinaria complejidad y exige, además de los diagnósticos que puedan servir como puntos de partida, la adopción de una verdadera política de Estado que se ocupe de enfrentar los desafíos de la infancia y la juventud, ofreciéndose desde allí la apoyatura y el respaldo imprescindibles para que el sistema educativo vuelva ser lo que fue durante tantas décadas en nuestro país: un ámbito excelente de formación y no un escenario más para la violencia.