Inaceptable apriete a la justicia
En tiempos electorales es normal que haya una fuerte tensión en la sociedad, pero el Estado tiene la obligación de no amenazar ni presionar a quienes no comparten la línea gubernamental.
Una campaña electoral no es incompatible con el diálogo, con la convivencia civilizada, con el respeto a los principios republicanos. Sin embargo, hay que reconocerlo, cuando hay elecciones siempre se crispan los ánimos y se llega al insulto, las descalificaciones e incluso a la violencia.
Quien revise un poco la historia política, se encontrará con esa constante verdad: en los tiempos en que hay que elegir Presidente, gobernadores e intendentes, la sociedad comienza a vivir un clima de tensión, temores y de exasperación. Por ello, hay que tomar como normal que –en un año plenamente electoral como éste– se vivan situaciones que alteren el espíritu público. Siempre sucedieron estos acontecimientos, que son preferibles al silencio autoritario, impuesto desde el poder del Estado, que trata a los ciudadanos como súbditos y les impide expresarse libremente.
Pero una cosa es la lógica y natural crispación que reina en los períodos preelectorales, y otra cosa muy distinta que el Gobierno abuse de sus poderes, presione a los distintos sectores de la sociedad que están disconformes con su gestión y hasta violente normas constitucionales. Por caso, se reglamentan leyes fundamentales, como la de la reforma política, con decretos de necesidad y urgencia, que fueron establecidos para situaciones de excepción, pero que se han convertido en una forma de gobernar. Además, hay una campaña estatal desaforada contra los medios de comunicación independientes, opositores o no, que incluyen hechos tan graves como las amenazas a periodistas o que los diarios no puedan venderse porque una patota de no más de medio centenar de personas, actuando como grupo de choque, impida su salida, frente a la pasividad –¿o complicidad?– de patrulleros policiales estacionados a poca distancia.
A este derrotero se agrega últimamente un inaceptable apriete a la Justicia. Hay ministros y funcionarios del Gobierno nacional que han cuestionado, en términos indecorosos a veces, determinadas actuaciones o decisiones judiciales que no son de su agrado, sobre todo las que están relacionadas con temas muy controversiales, como el desalojo de edificios o espacios públicos ocupados por grupos afines al kirchnerismo o el manejo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), cuya actuación es motivo de preocupación por parte de jubilados y ciudadanos.
Hay que ser muy claros: la Constitución Nacional establece normas y procedimientos específicos para dirimir esas cuestiones. Existe un Consejo de la Magistratura, y tanto en la Nación como en las provincias los jueces pueden ser sometidos a juicio político e incluso destituidos. Por ésta y muchas razones más, resulta inadmisible la presión sobre los jueces, que tiene el inocultable fin de ponerle límite a un poder independiente del Estado, restringiendo así las garantías y derechos que consagra la Carta Magna.