Impuestos a los ricos

Warren Buffet es uno de los tres hombres más ricos del mundo. Tanto que el año pasado pagó de impuesto a las ganancias al fisco estadounidense 6.938.744 dólares. Pero sostiene que eso es muy poco, porque equivale al 17,4 por ciento de su ingreso gravable, que es una tasa muy inferior al promedio de 36 por ciento que pagaron muchos de sus empleados en su oficina del holding Berkshire Hathaway. Buffet ironiza: "Nuestras autoridades han pedido un sacrificio compartido. Pero cuando hicieron el pedido, me saltearon. Hablé con mis amigos multimillonarios para saber cuánto temían tener que desembolsar, pero también ellos quedaron intactos". Dice que hay "un Congreso complaciente con los multimillonarios que ya nos ha mimado suficiente a mis amigos y a mí", y le pide al gobierno que "tome con seriedad lo del sacrificio compartido".

No sólo Buffet reclama que se le cobre más impuestos. Maurice Lévy, presidente de la Asociación Francesa de Empresas Privadas y titular del grupo de comunicación Publicis, escribió la semana pasada una columna en Le Monde solicitando "una contribución excepcional de los más ricos" para combatir el déficit fiscal.

Y Lévy inspiró a otros dieciséis compatriotas multimillonarios, entre los que figuran presidentes o accionistas de la petrolera Total, de Danone, de PSA Peugeot-Citroën, de L’Oréal, de Air France-KLM, del banco Societé Générale y del grupo hotelero Accor. A través de una solicitada publicada en Le Nouvel Observateur manifestaron que "deseamos la instauración de una contribución excepcional que afectaría a los contribuyentes franceses más favorecidos".

Hay más. A lo largo de todo el debate presupuestario en Estados Unidos el Premio Nobel Paul Krugman se pronunció a favor de la eliminación de las ventajas tributarias para los ricos, argumentando sobre la base de la conveniencia económica, la razonabilidad moral, y también de que era una medida apoyada por la inmensa mayoría de la población. Así como insistente fue en la propuesta, demoledor resultó su crítica a Barack Obama por haber claudicado al respecto.

A Krugman se le suman varios otros economistas de prestigio. Jeffrey Sachs, asesor de la ONU, escribió días atrás en el Financial Times que "una mejor política fiscal debería expandir la inversión en capital humano y en infraestructura; recortar el despilfarro de gastos en las desorientadas aventuras militares de Afganistán, Irak y Yemen; y balancear el presupuesto a mediano plazo, en parte con incremento de impuestos a los altos ingresos personales y a las ganancias de las corporaciones multinacionales que se resguardan en los paraísos fiscales".

En la lista no hay sólo multimillonarios sensibles y/o con una mirada lúcida sobre la sustentabilidad del sistema que los erige como privilegiados, y economistas algo o muy heterodoxos. El cada vez más influyente Nouriel Roubini, que de heterodoxo tiene poco y nada, está recomendando "retornar al equilibrio entre los mercados y la provisión de bienes públicos, alejándose del modelo anglosajón de laissez faire y del modelo europeo continental de los Estados de Bienestar". Para el conocido como "mister catástrofe" (él se autodefine realista) por su pesimismo, el equilibrio que recomienda supone disciplina fiscal de mediano y largo plazo pero exige para ahora "la creación de puestos de trabajo a través de estímulos fiscales dirigidos a infraestructura productiva, y también requiere impuestos más progresivos".

¿Y los gobiernos? Obama cedió en la pulseada con los republicanos y sus trogloditas del Tea Party, aunque ahora ha vuelto a insistir con la necesidad de mayor equidad tributaria. En Europa hasta Silvio Berlusconi estableció un impuesto a las altas ganancias, y Nicolas Sarkozy le haría caso y elevaría la carga sobre los ingresos millonarios. O mismo acá enfrente José Mujica presentó al Congreso un proyecto para gravar con tasas progresivas a las propiedades rurales de más de 2.000 hectáreas con el objetivo de financiar obra pública vial. Los sondeos revelan que una amplia mayoría de uruguayos apoyan la iniciativa.

En la Argentina nadie de fortuna se ha manifestado en público en ese sentido. Como mucho, el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, contó que en cierta oportunidad le dijo a Cristina que debería eliminar los subsidios tarifarios a gente de altos ingresos como él. Pero el Gobierno no eliminó lo subsidios (por el contrario la cuenta no cesó de agrandarse), ni ha hecho algo considerable en materia impositiva, con la única excepción del intento de subir retenciones con la Resolución 125 en 2008, que fracasó por la resistencia que provocó y, básicamente, por la torpeza política y las falencias técnicas de la medida.

"La reforma tributaria que el país requiere parece demorarse indefinidamente. Es paradojal que esto ocurra cuando la mayor parte de los especialistas fiscales, las principales fuerzas políticas, los actores sociales que se verían beneficiados e, incluso, los organismos multilaterales de crédito coinciden tanto en su necesidad perentoria como en las orientaciones generales necesarias."

Es una apreciación que tiene plena vigencia, pero no fue escrita ahora sino en julio de 2005 por Jorge Gaggero, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Argentina (Cefidar) y uno de los principales expertos en política tributaria del país.

Gaggero apuntaba entonces que el sistema tributario adolecía de cuatro problemas estructurales: 1) insuficiente capacidad recaudatoria; 2) excesivos impuestos al consumo y débil imposición a las ganancias y a los patrimonios de las personas, que "explica la extrema injusticia del sistema tributario"; 3) las deficiencias del federalismo fiscal, y 4) la debilidad de la administración tributaria.
No hay duda de que el primero y el último de esos problemas se han atenuado notablemente en estos seis años. Pero tan cierto como eso es que el esquema sigue siendo tan inequitativo como antes.

Para modificar esto último, Gaggero recomendaba como grandes lineamientos de una reforma "expandir la recaudación de las cargas que recaen sobre las ganancias de las personas físicas (haciéndolo de manera significativa en las escalas superiores), los bienes personales y patrimoniales"; remover las exenciones tributarias; gravar las ganancias de capital; remover el sesgo anticonsumo, antiproductivo y proespeculativo, y "establecer modos alternativos de tributación sobre la renta de los recursos naturales".

El citado trabajo se tituló "La reforma tributaria ¿llegará otra vez tarde a la Argentina?". Desde entonces transcurrieron seis años, aunque queda claro que aún no es tarde porque, fundamentalmente, una serie de razones (las retenciones, la excepcionalidad del impuesto al cheque, el propio crecimiento económico y la mejor administración tributaria, entre otros motivos) hicieron posible un fuerte aumento en los ingresos. La advertencia temporal de Gaggero resultó equivocada.

No obstante sigue siendo válido esto que sostenía en 2005: "Parece hora, iniciada ya la rectificación del rumbo macroeconómico, de comenzar a impulsar el cambio de una realidad tributaria totalmente incompatible con un proyecto de desarrollo económico con equidad social".
Agregaba que "el desafío parece requerir de un gran poder político y social". La mitad de los votos obtenidos el 14 de agosto es un respaldo más que suficiente si es que de una vez por todas el Gobierno quiere emprender ese cambio.