Importaciones y salarios, dos problemas a la vista

Al promediar el primer trimestre de 2011, dos temas se han instalado con fuerza en la agenda empresarial de Córdoba. Por un lado, los aprestos sindicales para dar la discusión salarial emergente de la necesidad de acompañar la inflación y, en otro sentido, las últimas decisiones vinculadas con el cierre virtual a la importación de insumos y productos a través de licencias no automáticas.

Ambas cuestiones, ya de por sí complejas, están atravesadas por los condimentos que le pone el escenario político en un ciclo electoral.

El viernes, el titular de la Copal y uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, advirtió sobre la existencia de una escalada de pedidos salariales que tienen que ver muy poco con la realidad, lo que implica, según dijo, generar inflación pura.

Si bien entre economistas de distinta escuela existe cierto consenso acerca de que éste también será un año de inflación real alta –alrededor de 25 por ciento–, también coinciden en que la situación está lejos de espiralizarse. En febrero se frenó la aceleración inflacionaria y eso, en cierto modo, es un consuelo.

Cuando habla, Funes de Rioja no lo hace sólo a título personal. La Copal está mayoritariamente integrada por medianas y pequeñas empresas alimentarias, uno de los sectores con menor tasa de crecimiento en 2010 y más apretado por el ajuste en el precio de las materias primas (commodities).

La elección de José Ignacio de Mendiguren como nuevo titular de la UIA consolida el criterio de que la entidad avalará la idea (aceptada por la CGT) de que las negociaciones salariales deberán darse por sectores, con una clara diferenciación entre las posibilidades de las empresas vinculadas al mercado interno y aquellas exportadoras, por sí mismas o integrando cadenas, como el caso de las autopartistas.

Esta decisión descomprimiría la escena sindical-empresaria, aunque inevitablemente ahondará la brecha que ya existe entre los salarios de los operarios que producen bienes para el mercado interno y aquellos que lo hacen para el mundo. Esa brecha también aparece, por otras razones y posibilidades, entre los ingresos de los empleados públicos de organismos nacionales y los del propio Estado provincial.

Las restricciones a las importaciones con las licencias no automáticas es otro asunto que desvela a cada vez más cantidad de rubros del comercio y de la industria. El listado de posiciones que deben contar con autorización previa se elevó de 400 a 600. "En Brasil hay cinco mil en esa situación", se defienden en la cartera de la ministra de Industria, Débora Giorgi.

Ella misma adelantó a los ejecutivos de las terminales automotrices que no tendrán inconvenientes para importar partes y piezas destinados al ensamblaje de los vehículos, el principal sector que empujó las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial. Durante la semana, había llevado la misma tranquilidad a los miembros de Adimra, la asociación que nuclea a los metalúrgicos autopartistas.

Pero hasta ahora nada se conoce sobre qué va a ocurrir con otra amplia cantidad de rubros afectados por las LNA. Una importante fábrica cordobesa de envases plásticos se habría quedado ya sin un insumo básico para continuar con su producción. También faltan elementos para otras actividades, tanto para la producción como para la reposición.

Giorgi defiende a rajatabla el intercambio administrado como una forma de proteger el trabajo argentino. Pero aquí no se trata de frenar la importación de muñecas o suntuarios tecnológicos, sino de bienes que forman parte de cadenas de producción y que no resultan sencillos de sustituir.

El problema es que la medida afecta a sectores tan disímiles (aun dentro de una misma actividad) que es complejo juntar las cabezas para plantear la situación, como en cambio sí pudieron hacer los popes de la industria automotriz.

En las reuniones, la ministra propone prácticamente despiezar a la industria para que los empresarios digan qué necesitan importar y qué otras cosas quieren que se les frene. Se da el caso, por ejemplo, de industriales que piden que no se importe más una pieza, pero que sí se les permita introducir las matrices –más baratas afuera que aquí adentro del país– para poder sustituirla.

El sistema, controversial y engorroso, lo único que desnuda es la abrupta pérdida de competitividad argentina.