Impericia e irresponsabilidad

No hay que equivocarse: acá no le caben reproches al abogado Guzmán por el perjuicio al erario de la comuna. Se podrá disentir en términos generales acerca del volumen que tienen los honorarios de los abogados, pero los del camarista Guzmán han sido establecidos por sentencia judicial y, en consecuencia, le asiste el derecho de cobrarlos. Otra cosa es la impericia, torpeza e irresponsabilidad de quienes representan al Estado e inician procesos judiciales inviables o, perdidos ya los juicios -siempre piede pasar-, dejan que los compromisos económicos evolucionen hasta llegar a cifras siderales que deben abonarse en detrimento, vale recordarlo, de inversiones y erogaciones más urgentes y estratégicamente relevantes. Baste consignar en tal sentido que Guzmán reclama una deuda de 1,8 millones de pesos y la obra de la Vieja Estación de trenes le demandó al municipio capitalino 2 millones. Es en la gestión ineficiente de las causas judiciales que involucran al Estado donde hay que poner la mira, tanto en lo que se refiere al origen concreto de las deudas como a las posteriores ejecuciones de honorarios -que los apoderados del Estado también cobran-, los acuerdos de pago y los costos judiciales en exponencial crecimiento.

Lo que ocurre con Guzmán es una clara muestra. La polémica por estos honorarios se arrastra desde hace más de diez años y El Ancasti informó en detalle sobre ella. Un solo dato alcanza para exponer la estupidez estatal: en 2000, Guzmán reclamaba 1,5 millones de pesos entre capital e intereses; se le empezaron a pagar en 2003 cuotas de 13 mil pesos mensuales y, a la vuelta de once años, reclama 1,8 millones. Esto es: 300 mil pesos más, a pesar de que estaba cobrando las cuotas. Habría que ver quién fue la lumbrera que pactó un sistema de cuotas que en vez de reducir el monto de la deuda lo aumenta. Los honorarios se originaron en una causa que el municipio inició en 1990 contra la ex Entel por tasas de ocupación del espacio aéreo impagas. Adicionalmente, los abogados decidieron accionar tambien contra el Estado nacional. La Municipalidad ganó la pulseada con la empresa telefónica, pero perdió con la Nación. De esto hace más de veinte años. Los costos del juicio vienen incrementándose desde entonces.

Siguiendo la secuencia, hubo quienes decidieron en 1990 demandar al Estado nacional, hubo después otros que dejaron acumular los costos del proceso, honorarios de Guzmán incluídos, y hubo quienes suscribieron un convenio de pago que tiene como paradójico resultado el incremento de la deuda en lugar de su reducción. Esta fresca, y todavía abierta, la causa por un accidente automovilístico fatal contra la municipalidad de El Rodeo, iniciada en 1998 por 140 mil pesos, por cuyos costos pende el remate de la Hostería por entre 6 y 7 millones de pesos. Al juez Porfirio Acuña lo echaron por caprichos políticos, pero finalmente ganó una demanda millonaria y tuvieron que restituírlo en el puesto. Y así: se despide gente por antojos y mandatos del hígado, se encaran causas judiciales aventuradas, se dejan dormir los expedientes por años, se omiten acuerdos extrajudiciales. Total, es plata del Estado y alguien se hará cargo en algún momento. Y si son millones, mejor. Que los honorarios nunca dejan de cobrarse, cualquiera sea el resultado del litigio ¿Los abogados y funcionarios estatales actuarían con la misma liviandad y audacia si en lugar de los recursos públicos estuvieran comprometidos los suyos propios? Seguramente no; seguramente en tal caso pondrían toda su sapiencia y astucia al servicio de defenderse el cuero. Esto lleva a pensar si tanta torpeza no será, en realidad, una estrategia de enriquecimiento. A costa del erario y, obvio, de todos los catamarqueños.