Impactos en los cimientos

Los golpes se suceden sobre la viga maestra de los derechos humanos y hacen tambalear la estantería conceptual que el Gobierno montó sobre ella. Es el costo de haberse apropiado de una lucha emblemática para ponerla al servicio de intereses de facción. Entiéndase bien: los reveses que vienen sufriendo en este terreno caracterizadas organizaciones de derechos humanos aliadas al Gobierno, y por consiguiente el propio Gobierno, no mellan el sentido ético de la lucha por los derechos humanos, lucha en la que la Argentina es vanguardia no sólo por lo que pueda haber hecho el Gobierno actual, sino también por ser el único país del mundo que llevó a juicio y condenó a los genocidas. Conforme a lo relatado por José Pablo Feinmann en su libro "El Flaco" y a lo explicado por referentes del periodismo de la talla de Horacio Vertbisky, la reivindicación de la lucha por los derechos humanos y el acercamiento a organizaciones como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo fue una de las iniciativas que Néstor Kirchner asumió con el objetivo de incrementar la legitimidad de su gestión, ya que había sido elegido en 2003 con poco más del 20% de los votos, ubicado detrás de Carlos Menem, quien finalmente desistió del balotaje.  No hay reproche a esto y bien está que crímenes de lesa humanidad hayan sido sancionados como corresponde por ello. Pero el objetivo político inicial se desvirtuó con el tiempo y la bandera de los derechos humanos, reconocida por la gran mayoría de los argentinos como propia, comenzó a instrumentarse con fines de mezquino alcance.

Se asiste a los resultados de tal distorsión y el Gobierno nacional tiene un problema político mayúsculo a meses de poner en juego su reelección. La crisis se disparó con el escándalo de las malversaciones millonarias en la Fundación Madres de Plaza de Mayo que preside Hebe de Bonafini, a la que Sergio Schoklender convirtió en pantalla de una gigantesca estafa con recursos del Estado para la construcción de viviendas. Se reveló luego que muchos empleados y obreros trabajaban allí en negro. El último dato es que la Fundación omitió incluir en sus balances un millonario fideicomiso firmado con el gobernador de Chaco. Nada de esto hubiera sido posible si la Fundación de Bonafini hubiera estado sometida a controles estrictos, pero el Estado miró para otro o algunos de sus administradores fueron cómplices del desfalco. Sostiene el oficialismo -aunque cada vez con menos entusiasmo- la inocencia de Bonafini. Sin embargo, no puede eludir sus propias responsabilidades por, como mínimo, permitir que se encubrieran delitos comunes con la consigna justiciera de los derechos humanos.

Se suma ahora el resultado negativo de las muestras de ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble en la confrontación con el Banco de Datos Genéticos de los desaparecidos en 1975 y 1976. Herrera de Noble, cabeza del grupo Clarín, al que el Gobierno eligió como enemigo, fue acusada durante años de haberse apropiado de hijos de desaparecidos. Sus dos hijos. Marcela y Felipe Noble, fueron hostigados sin contemplaciones y obligados a extraerse muestras en forma compulsiva para los análisis, pese a que ya se los habían hecho, voluntariamente, en 2003. Ahora resulta que lo que se decía de ellos no era cierto. Sin embargo, para la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la historia aún no concluye y hay que "seguir profundizando los estudios". A su criterio, los resultados no son concluyentes. Hay que hacer más. En el Gobierno nacional, no obstante, advierten ya que el barrilete colea y no hay cómo darle más hilo. Se ha impuesto allí un prudente silencio y, al parecer, se dirá en el momento oportuno que era preciso tener certeza total y absoluta sobre los datos genéticos de los vituperados Noble Herrera. Sabrán ellos si estas explicaciones les alcanzan para justificar lo que han padecido. Lo que queda claro es que el mazazo político que recibe el Gobierno es consecuencia de haber utilizado la lucha por los derechos humanos como insumo de su pelea con Clarín y, más allá, con la prensa que no se acomoda a sus concepciones. Y lo lamentable es el perjuicio ocasionado al digno símbolo de los derechos humanos. El Gobierno, astuta y taimadamente, pretende despegarse. Las organizaciones de derechos humanos acaso deberían preguntarse si no les sería conveniente espejar esta conducta. Esto es, también ellas disociar sus estrategias de las del Gobierno, al margen de lo que piensen personalmente Bonafini o Carlotto, dos respetables señoras que, por desgracia, entramparon a las instituciones que conducen en el desfiladero de la política sectorial.

Carlotto: "Hay que seguir profundizando los estudios".