Ideas para un desarrollo sustentable de la Argentina

Esto se refleja en su economía, fuertemente dependiente de estos recursos: según el Indec, en el 2009 las actividades primarias generaron $ 330.000 millones, un 30% del Producto Bruto Interno (PBI). Por ello, es fundamental empezar a debatir acerca de su uso responsable, si pretendemos aprovechar la oportunidad que tenemos de lograr un verdadero desarrollo sustentable de nuestro país.

El debate se hace cada vez más inminente dada la degradación en la que se encuentran los recursos naturales argentinos: la desertificación afecta el 75% de las tierras productivas, con 60 millones de hectáreas con procesos erosivos de moderados a graves; cinco de las diez principales pesquerías del mar Argentino están sobreexplotadas y en riesgo de colapsar. El stock reproductivo de la merluza común, por ejemplo, se redujo un 80% en los últimos 20 años, lo que pone en riesgo 20.000 puestos de trabajo; el 89% de la matriz energética depende del petróleo y del gas, cuyas reservas se están agotando; y sólo el 7,7% del territorio terrestre y el 1,18% del marino están protegidos con parques nacionales, reservas provinciales y reservas privadas, muy lejos del 17% que se acordó proteger en II Convenio sobre Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que la Argentina suscribió.

En este contexto, y en vísperas de la próxima elección presidencial, Vida Silvestre se sumó al proyecto Agenda presidencial de Cippec y elaboró ocho propuestas de políticas públicas que, en caso de ser implementadas, permitirán iniciar el camino hacia un desarrollo basado en el uso responsable de nuestros recursos naturales.

Ocho propuestas para el desarrollo sustentable:

1) Jerarquizar la temática ambiental en la agenda de gobierno: dotar a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Sayds) de peso político y presupuesto y concentrar en ella las facultades de contralor de las actividades productivas con incidencia directa sobre recursos naturales renovables.

• Incrementar la partida para la Sayds del 1 al 1,5% del presupuesto nacional entre el 2012 y el 2015 y dotarla del peso político suficiente para definir los lineamientos ambientales con otras áreas de gobierno.

• Fortalecer el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) y el Sistema Federal de Áreas Protegidas (Sifap).

2) Incluir los costos ambientales en las cuentas nacionales: una estrategia concreta para integrar el capital natural como variable macroeconómica en la Argentina, y el paso previo a la internalización de los costos ambientales en las actividades productivas del sector privado.

• Encargar al Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva un análisis de los bienes y servicios que los sistemas naturales aportan a la economía e incorporar el valor de los servicios ambientales en las cuentas nacionales.

• Extender la metodología de medición al sector privado para iniciar una política que apunte a la internalización de los costos ambientales en las actividades productivas.

3) Diversificar la matriz energética, a través de la inversión en energías limpias, para alcanzar un 15% de participación en el 2020, y la aplicación de políticas de eficiencia que apunten a reducir el consumo innecesario de energía en, al menos, un 20% para el 2020.

• Diseñar un plan de inversión en energía con un incremento sustancial en las renovables (eólica, solar, micro-hidro y biomasa).

• Implementar activamente políticas de eficiencia energética en los sectores residencial, industrial y de transporte.

4) Promover una política de Estado que planifique estratégicamente el uso del territorio: consolidar la implementación de la Ley de Bosques (26.331) e impulsar el desarrollo de procesos similares en otras regiones, dos pasos previos para alinear la legislación vigente en un plan de desarrollo territorial integral.

• Garantizar la implementación efectiva de la Ley de Bosques y constituir el fondo previsto en la norma para el pago de servicios ambientales con una partida no menor al 0,3 del presupuesto nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas, ganaderos y forestales.

• Promover la sanción de una ley de presupuestos mínimos para proteger los bienes y servicios ambientales, que garantice el desarrollo de un ordenamiento ambiental del mar Argentino, humedales, pastizales y áreas cordilleranas, integrando la variable ambiental en la planificación estratégica del territorio.

5) Proteger el 17% de la superficie terrestre y el 10% de la marina con el fortalecimiento del Sifap y de la promoción de una ley que fije estándares mínimos y políticas comunes entre diferentes jurisdicciones.

• Promover la sanción de una ley de presupuestos mínimos para áreas protegidas que brinde los instrumentos que permitan impulsar la protección de un 17% de la superficie terrestre y un 10% del mar Argentino, en coordinación con el Cofema y Sifap.

• Constituir un fondo de apoyo a la creación de áreas protegidas, con dineros de compensación de grandes obras de infraestructura, un porcentaje de las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y productos de la minería y de recursos derivados del turismo en áreas protegidas.

6) Promover el desarrollo de buenas prácticas ambientales: adoptar los criterios del Pacto Global del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e incentivar la adopción de mecanismos de certificación específicos en los sectores de agricultura, ganadería, actividad forestal e industrial a lo largo de todas las cadenas claves de producción de bienes y servicios, distribución y consumo.

• Adoptar un marco de referencia de buenas prácticas para actividades productivas relevantes: FSC para el manejo forestal, el MSC para la pesca y la Roundtable of Responsable Soy.

• Impulsar su adopción por parte de la administración pública nacional e incorporar criterios de compra responsable.

• Desarrollar normativa e incentivos fiscales para impulsar buenas prácticas en el sector privado.

7) Impulsar un manejo pesquero sustentable a través de la planificación del uso de los recursos marinos, la reconversión y modernización del sector y la inversión en investigación y monitoreo de las pesquerías del mar Argentino.

• Diseñar un plan para recuperar la merluza común. Contemplar la reducción temporal de un 30% del esfuerzo pesquero con subsidios y créditos a las empresas para reducir la flota e invertir en tecnologías que agreguen valor a la producción.

• Reubicar al Instituto de Investigación Pesquera de la Subsecretaría de Pesca bajo la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva e incrementar su presupuesto en 10 millones de pesos anuales.

8) Implementar el Programa de Políticas Públicas para la gestión de la cuenca Matanza-Riachuelo, establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e impulsar acciones de gestión integrada en otras cuencas hídricas relevantes.

• Asegurar la implementación eficiente del programa administrado por la Autoridad de Cuenca de Matanza-Riachuelo. Impulsar la planificación integrada de otras cuencas hídricas relevantes.

El caso de Río Negro

La provincia de Río Negro inició dos iniciativas ambientales que están en línea con las propuestas para el nivel nacional y merecen ser destacadas. Por un lado, está concentrando sus esfuerzos en lograr un manejo sustentable y la certificación de las pesquerías del golfo

San Matías. De concretarse, la merluza de esta zona sería la primera certificada bajo los estándares del Consejo para la Administración Marina en la Argentina.

Por otro lado, en el campo de las energías renovables, esta provincia cuenta con un potencial notable. Dentro del programa Generación Renovable (Genren) –que administran Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), Investigación Aplicada Sociedad del Estado (Invap) y otras empresas–, que busca desarrollar generación eléctrica a partir de fuentes renovables, Río Negro presentó los proyectos Cerro Policía Norte y Cerro Policía Sur, que le permitirán tener su primer parque eólico. La iniciativa aportará una potencia de 100 MW al sistema interconectado nacional.

Estos avances muestran un camino que debe ser profundizado por todos los actores, públicos y privados, si queremos lograr un desarrollo sustentable de nuestro país.

(*) Director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina
DIEGO MORENO (*)