Hombre que violó a su ex pareja podría recibir 20 años de prisión

Así lo dispuso el Juzgado de Garantías número ocho de Lomas de Zamora, a cargo del juez Gabriel Vitale, quien consideró que "es cuanto menos incorrecto limitar el presente hecho al delito contra la Integridad Sexual, ya que no es el Código Penal el único actor en esta escena" y que "las características especiales del hecho se construyen a partir de la relación entre imputado y su víctima".

El episodio ocurrió el 27 de enero de 2010, al mediodía, cuando la víctima caminaba por la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

Según explica el fallo, la mujer estaba "caminando con su amigo" y fue interceptada por su ex pareja, del cual se había separado la semana anterior "dado que era una persona violenta".

Mientras dos acompañantes del agresor golpearon al amigo de la víctima, "su ex pareja la toma del cuello" y "exhibiendo un cuchillo" la lleva "al domicilio que habitaban".

El hombre comenzó a violar a la ex mujer, pero ingresó la hija y el atacante escapó. Para el juez, no sólo se trató del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el empleo de arma" sino que añadió la calificación de "violencia familiar".

En ese sentido, invocó legislación provincial y nacional que subraya que "se entenderá por violencia familiar, toda acción que afecte la integridad física, sexual y/o libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar".

Argumentó que esto "se aplicará cuando se ejerza violencia familiar sobre la persona con quien tenga o haya tenido relación de noviazgo o pareja".

El fallo define a la violencia familiar "como el conflicto social y familiar en el que algunas personas ejercen poder y dominación sobre otras... ya que implica necesariamente el uso de fuerza como herramienta de dominación, para demostrar la desigualdad".

"Negar este contexto, es desconocer la lucha por los derechos humanos, no sólo de las mujeres sino, de todas la personas que acompañan y reflejan en los sustentos normativos nacionales e internacionales, las bases para la construcción de una reforma social, cultural y política", resumió el juez.

Con esos argumentos, transformó la detención del imputado en prisión preventiva y puso a la causa muy cerca del juicio oral y público, por un delito que contempla penas de entre ocho y 20 años de prisión.