Hilachas

La repudiable agresión a Julio Arriaga –compañero de fórmula de César Barbeito– mostró la debilidad de esa frontera. La dirigencia amagó con desbarrancar pero se impuso el sentido común frente a la evidencia. Se reencauzó en un tema policial y psiquiátrico, ajeno a la campaña. El mayor desatino fue el del ministro Diego Larreguy. Rápidamente, el mandamás de la seguridad provincial declaró que el agresor era puntero que "integra el Frente para la Victoria, como militante de (Alberto) Weretilneck". El hecho exigía –cuanto menos– un funcionario equilibrado, con información precisa. El ministro fue un militante desbocado.

La política está donde nada tiene que hacer. El poder oficial siempre dominó territorios extraños.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal de Cuentas son los órganos de control externo del Estado. El gobierno y la debilidad de los contralores anularon su existencia. Todos sus hilos tenían enlaces exclusivos con el mando radical hasta la conversión de Ana Piccinini. Irrumpió en la Defensoría con una perspectiva crítica, incorporando otra mirada. Sorprendió, pues fue elegida por el oficialismo para garantizar el statu quo.

Piccinini dejó ahora la Defensoría para liderar la sábana del FpV, cuya boleta lidera Carlos Soria. El radicalismo machacó una obviedad: las coincidencias de la ex defensora con la oposición. Podrá debatirse sobre alineaciones o métodos, pero el núcleo del control externo está en un modelo crítico. Otros organismos –Fiscalía de Estado y Contaduría– son los que auxilian al gobierno. Pero, en la tradición de Río Negro, todos sirven para convalidar acciones oficiales.

El defensor adjunto Ignacio Gandolfi asumió y opinó que ese ente no debe ser "un partido opositor". Válido. Pero mucho menos debe conformarse en apéndice del gobierno. El gobernador fue vocero de la denuncia de Gandolfi por una supuesta presión de Piccinini. Saiz fue el primer anoticiado y el defensor habló recién cuando aquél lo hizo público. ¿Cómo creer así en su autonomía?

El mandatario cayó en su emboscada. Gandolfi deberá irse en dos semanas de la Defensoría porque Saiz formalizó el decreto/ley ideado para acelerar la salida de Piccinini. Eliminó toda prórroga de los mandatos cuando volvió de China y la defensora ya se había ido. Ya no estaba el motivo, pero Saiz arengó frente al periodismo que todo seguía igual y formalizó la norma. Gandolfi quedó estupefacto. Hoy le buscan opciones cuando se abre el proceso de renovación con 20 aspirantes. El vicegobernador Bautista Mendioroz designará, para la transición, a un funcionario suyo –¿Ricardo Del Barrio?–. La selección del nuevo no será sencilla y difícilmente se logre antes de los comicios provinciales del 25 de septiembre.

Una rara pirueta de Saiz podría extender cuatro meses el poder de Gandolfi. Diseña otro decreto para reponer la prórroga que suprimió hace tres semanas. Hay convencidos, pero el gobernador vacila frente a esa bochornosa artimaña. ¿Cómo justificar tanta contradicción?

Piccinini renunció y su tramitación le originó más problemas al oficialismo que costos a la ex defensora. Mendioroz aceptó su dimisión y le dio tiempo para inscribir su candidatura, mientras en el bloque de la UCR se lamentaron porque debía hacerlo el pleno del cuerpo. Argumentaban un pedido de juicio político pendiente a Piccinini. Tenían razón. Pero ni aquí pudieron con su mescolanza de intereses. ¿A quién culpar? Los tiempos fueron impuestos por Mendioroz y la Sala Acusadora es un feudo radical que preside Adrián Casadei.

El gobierno clamó por la ultrajada soberanía de la Defensoría cuando Piccinini anunció su postulación por el FpV. Tarde. Habló por conveniencia. Nada que ver con la defensa de las instituciones.

No hay que buscar ejemplos lejanos. En el 2006, Saiz –con el aval de su bloque– impuso a Daniel Bossero en el Tribunal de Cuentas, promoviéndolo de la Contaduría General de su gestión al órgano de vigilancia presuntamente independiente. Se mudó a un despacho para fiscalizar expedientes que él había avalado. Plena funcionalidad.

Ese Tribunal nunca está lejos del poder. Entregó últimamente al justicialismo anómalos expedientes gubernamentales para su utilización. Su nexo es el legislador Pedro Pesatti, quien preside la comisión que supervisa al organismo. Ese trato se dio cuando Barbeito cargó contra el Tribunal por la firma de una inusual y crítica resolución. Este cuerpo incursionaba, otra vez, en la política, salvo que se introducía en la interna entre el ex ministro y Mendioroz. Por aquel dichoso "desliz" del Tribunal, la Justicia investiga hoy la ejecución de obras educativas.

La gestión de Casariego y Carlos Malaspina valió porque la comisión actuó con prudencia, a pesar de la sostenida acusación de Patricia Ranea, integrante y esposa de Barbeito. El año próximo vencerá el mandato de Bossero y Casariego. Éste cumplirá 18 años en el cargo, que le permitió evitar comparecer aún en la Justicia Federal por la incautación al Tesoro regional, del cual pasaron dos décadas. Aquella bóveda del ex BPRN está transformada hoy en depósito de huesos prehistóricos y réplicas de dinosaurios del Museo de Ciencias Naturales. Allá llegó la historia.

El tercer órgano externo es la Fiscalía de Investigaciones, que lidera Pablo Berraz, otro dirigente de innegable origen en la estructura oficial. Esta pertenencia alimenta la virtualidad del control. Hay investigaciones que afortunadamente rebasan esa condición y mutan en casos penales.

Otra parsimonia convive en la Justicia. Desde hace más de un año, el juez Carlos Reussi conserva casi inalterable una denuncia exhaustiva de Berraz por innumerables pagos irregulares de Turismo, con millonarios desvíos en decenas de expedientes, como el de Rally Dakar (900.000 pesos). Saiz –como acostumbra– no alteró nada, incluso repuso al subsecretario Nelson Daniel cuando el ministro Omar Contreras intentó reemplazarlo para desligarse. Ambos están imputados.

Lo más sorprendente es que Contreras –procesado por el otorgamiento de publicidad a una funcionaria– acrecienta su manejo de fondos. Recayó en Turismo la contratación directa del transporte terrestre de pasajeros aéreos entre Esquel y Bariloche. Los fondos asignados superan los tres millones de pesos. El gobierno, displicente y la Justicia aporta a esa extravagancia.

Las fiscalías y los juzgados penales de Viedma están abarrotados de complejas causas por delitos contra la administración pública. El STJ ayudó a tal acumulación cuando resolvió que todas esas acusaciones se instruyeran en la capital. Esto se combina con la invisible e interesada mano del poder. ¿Alcanzará para parar todo avance hasta la elección provincial? Reussi reúne gran parte de los casos que involucran a funcionarios, especialmente aquellos en los que están imputados los ministros, como las causas por sobresueldos y por los alimentos de Flavors (en septiembre vencerán los cuatro meses para resolver que dio la Cámara cuando revocó la falta de méritos).

A dos años de la renuncia de Pedro Funes, el otro juzgado de Viedma finalmente tiene titular, cargo que recayó en Guillermo Bustamante. El Consejo de la Magistratura concluyó, otra vez, con una designación que cobija la confianza de radicales, apoyados por el Colegio de Abogados. Bustamante se nutrió del trato con ese poder. Asumirá esta semana, pero ya se reunió con su equipo para asegurarle plena autonomía. ¿Piensa liberarse de sus lealtades poderosas o aparentó compromiso con la Justicia? Pronto se sabrá.

Hay territorios que la política y el poder nunca abandonan. Pero es imposible organizar otro Estado sin alterar estos tradicionales comportamientos humanos.