Hechos incómodos

Nota extraída de Página 12

Por Mario Wainfeld

El conflicto docente en varias provincias (con epicentro en la de Buenos Aires) daña al sistema educativo público, afectando derechos de alumnos y familias. En eso, al menos, el consenso es amplio.

Este cronista agrega una hipótesis propia, por ende discutible aunque fundada tras años de cubrir la Paritaria Nacional Docente (PND) y las provinciales y de dialogar con sus protagonistas. Ahí va: ni el gobierno nacional ni el provincial ni los gremios del sector anhelan ese resultado, todos lo deploran. Pero es lo que se viene produciendo.

Repasemos algunos hechos centrales, incómodos para esa perspectiva que reconoce intereses comunes... pero que deben ser inventariados en pos de una lectura franca.

La PND sigue abierta, con magras perspectivas de llegar a un acuerdo. Se reproduce la paradoja mencionada en el primer párrafo. Es conspicua y encomiable la voluntad de las partes de sostener "la mesa..." y las coincidencias no llegan más allá.

En Buenos Aires se cumplen trece días sin clases, o sea, más de medio mes. Ese lapso es irrecuperable aun si se reanudaran muy pronto y se intentara reparar la pérdida.

La medida de fuerza elegida por los sindicatos, de movida, fue el paro por tiempo indeterminado. Legalmente están en su derecho, pero la metodología es muy discutible dado su impacto en la vida y los derechos de alumnos y familias. Es muy drástica, comparada con medidas de fuerza de docentes en otras latitudes o de trabajadores del sector privado en la Argentina.

Los sueldos de los maestros y profesores bonaerenses son bajos, comparados con los de otras provincias. Son remarcables las diferencias con la Ciudad Autónoma, Córdoba y Santa Fe, que no son tan pobladas como Buenos Aires, pero sí las que más se le acercan. El gap era menor hace algunos años: en los más recientes hubo un retroceso relativo sensible.

El gobernador Daniel Scioli, como la mayoría de sus colegas (que no todos), hizo durante demasiados años una traducción confortable del centralismo nacional y del manejo de la Coparticipación. Por un lado, se despotrica y se clama por más federalismo. Por el otro, se renuncia en alta medida a gravar con impuestos provinciales a los sectores más poderosos.

Los docentes del sector privado cobran el mismo salario que los del público y no paran. Los frena el temor a las sanciones, que van desde los descuentos inmediatos de salarios hasta los despidos. Es un disuasivo perverso basado en el temor y el castigo. Sus derivaciones, empero, van más allá porque...

...se acentúa un desplazamiento de las preferencias desde el sector público hacia el privado. En el Palacio Sarmiento niegan que tenga la magnitud que le asignan desde los medios dominantes. Pero reconocen la tendencia y que su mayor exponente es la provincia de Buenos Aires. En este año hay listas de espera, reseñan funcionarios de primer nivel, "no solo en el colegio privado de elite en el que estudió Máxima Zorreguieta, también en escuelas parroquiales que cobran una cuota relativamente baja, alrededor de 600 pesos". O sea, familias de sectores populares los eligen, no tanto por la "calidad educativa" cuanto por la existencia de clases. Y los pagan, con enorme esfuerzo.

La PND empezó casi encima del inicio del ciclo lectivo, por decisión del gobierno nacional.

Las clases "comenzaron" recién en marzo porque la provincia prefirió esa fecha para dinamizar el turismo. Una decisión que tiene sus lógicas tanto como sus contraindicaciones.

El punto anterior, seguramente el menos grave, es ilustrativo para señalar qué tratamos de hacer: hablar sin recargar tintas ni hacer una rústica repartija de "culpas". De la responsabilidad por las consecuencias de los actos propios, aunque no sean las deseadas, que en política es muy severa.

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La lección del maestro: Volvamos a Max Weber, maestro emérito entre los sociólogos. En otro de sus textos magnos puntualizó una paradoja habitual de la acción política. A menudo produce efectos distintos (contrarios) de los deseados. Añadía que la ética política determina que los autores son responsables de las consecuencias de sus acciones, así contradigan su afán inicial.

La responsabilidad por lo que está pasando recae, pues, sobre todos los protagonistas que participan, lo que no quiere significar que sea en idéntica proporción. Cada cual hará su cuenta al respecto, esta nota no pretende laudar en ese complejo debate. Pero sí señalar que el daño causado es severo y que todos deben valorarlo cuando mueven sus fichas. Hay terceros implicados, tan luego la comunidad educativa.

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Contrapuntos sin armonías: Los gremialistas aducen que el paro es su única herramienta. Si lo discontinuaran, predicen, los gobiernos nacional y provincial dejarían hibernar las tratativas, aliviados de la presión inmediata.

Su punto flojo, opina este escriba, es la magnitud de la protesta expresada desde el vamos. Una secuencia de paros escalonados hubiera permitido arrancar, dictar clases especiales convocando a padres y alumnos. Usar el freno y el embrague y no solo el acelerador.

Desde Suteba, el más importante sindicato provincial, se explica que se sigue el mandato de las bases. Funcionarios bonaerenses y nacionales les critican que se están dejando "conducir" por las minorías de su gremio. En la última renovación de autoridades, la tradicional conducción de Suteba se impuso con amplitud en el total general, pero perdió seccionales poderosas (incluyendo La Matanza) a manos de una oposición de izquierda que, efectivamente, le reclama más radicalidad y más autonomía respecto del gobierno nacional.

Los representantes de los trabajadores recriminan la tardía convocatoria, las ofertas bajas y el tono de regateo que tienen las tratativas. Los funcionarios responden que las ofertas son razonables, tomando en cuenta el cuadro de situación general. Que no se arrancó con cifras irrisorias y que se fue mejorando conforme las posibilidades de caja.

La sombra del acuerdo expeditivo con la Policía es una ineludible referencia que se valora de forma diferente. Los gremialistas cuestionan una discriminación negativa, expresada en la celeridad y en las cifras.

Según funcionarios nacionales, el contexto político a fines de 2013 impedía avanzar con la PND. La contingencia fue brutal, en efecto, pero también única: no explica por qué la PND se demoró en los años previos.

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Lo que va de ayer a hoy: La PND fue reclamada por el sindicalismo docente contra los gobiernos de los presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa. La lucha fue inclaudicable, pero no consiguieron arrancarles la conquista. El presidente Néstor Kirchner la transformó en ley, no en plan de cinchada sino de ampliación de derechos. Tanto el oficialismo actual como los trabajadores son padres de la criatura, hija de sus respectivas y en un momento confluyentes voluntades políticas. Los dos tienen interés y deber de preservarla.

El mecanismo funcionó durante cuatro años seguidos, éste es el tercero en que parece ir a un desenlace insatisfactorio.

El jueves habrá una nueva reunión plenaria, con pompa y circunstancia. Los diálogos informales de los líderes sindicales con funcionarios nacionales (en particular los ministros de Educación, Alberto Sileoni, y de Trabajo, Carlos Tomada) son cotidianos. Y desde los dos costados de la mesa se reconoce que hay prudencia y ánimo de no patearla. "No es como el año pasado", comentan informalmente desde la Ctera. Pero prima el conflicto tangible de intereses: nadie debería asombrarse ni indignarse por eso.

Los negociadores del oficialismo dicen estar limitados para conceder aumentos, que pagarán las provincias y no la Nación. Catamarca, Corrientes, Jujuy y Buenos Aires no soportarían acceder a las demandas-piso de los maestros. Aunque lo verbalicen menos, también recelan de que los guarismos de cierre sean acicate para reclamos en el sector privado (ver asimismo nota aparte).

Hay cinco representaciones sindicales de los docentes a nivel nacional, Ctera es la más distante del Gobierno en esta situación. Nada está sellado, pero es posible que se llegue a un acuerdo parcial con las otras cuatro, afines a la CGT oficialista que comanda Antonio Caló, como informó ayer Página/12. Sería un cierre clueco, sin la central que aglutina más trabajadores.

El Gobierno cuida la PND, con laburo y muñeca, pero incurrió en una contradicción que la trabó. Fue desmerecer el ofrecimiento de un pago adicional de dos mil pesos por docente, imputándola a presentismo. La cifra quizá no baste aunque es una relevante inversión social del orden de los dos mil millones de pesos. Y su impacto en el bolsillo de los trabajadores no sería menor. Pero condicionarla al presentismo, de cajón, no sólo detonaría el rechazo sino también el enojo de la contraparte.

La PND es endiablada, sólo se dirime un sueldo como referencia-piso. La dinámica se las trae... por eso mismo es inviable complejizarla a través de un rubro que luego quedaría sujeto al control de cada provincia. El ausentismo docente es un problema y debe abordarse en serio y con responsabilidad: ése no era el método ni el ámbito.

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Puentes y rupturas: Ctera y Suteba no acataron las conciliaciones obligatorias dispuestas por el gobierno nacional y el bonaerense. La decisión no es jurídica sino política y, al parecer de este cronista, desaprovechó una oportunidad. Se podía, por un lapso acotado, descomprimir un poco, empezar el ciclo lectivo, interpelar a la comunidad educativa. Argumentos no les faltan, empezando por mostrar los recibos de sueldo. No era una rendición sino una tregua enmarcada legalmente. Si no se llegaba a una solución, quedaba abierta la vía para reanudar la acción directa.

Si esa vía se frustró, menos podía concretarse la mediación del defensor del Pueblo de la provincia, Carlos Bonicatto. Ahora el funcionario acudió a los Tribunales por vía de un amparo en defensa del derecho de los alumnos (ver novedades en la página 17). Pese a todo, los funcionarios provinciales confían en que se abra una hendija de oportunidad.

La agresión a la ministra de Economía provincial, Silvina Batakis, fue un hecho repudiable, alejado de lo que es la media y el modo de las tratativas. La violencia es inaceptable, máxime si se ejercita contra códigos barriales o de vida, atacando a una mujer.

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Cambios de etapa: El sistema de negociación colectiva docente no es la única realización del kirchnerismo que atraviesa una etapa de crisis. Muchos de los pilares del "modelo" exigen cambios, porque otra es la coyuntura.

En materia económica, el Gobierno tomó el riesgo de hacer una devaluación, cuyos efectos iniciales van contra la actividad interna y los salarios. Su opción es matizarla con medidas heterodoxas y fuerte intervención estatal. Con cambios significativos de políticas públicas y de herramientas.

Tal vez una institución nueva y auspiciosa requiera un abordaje similar, para salir del laberinto de la crisis por arriba. Los mecanismos convencionales no fueron funcionales en 2012 y 2013: ahora se atisba un desenlace similar.

Las miradas más optimistas del oficialismo apuntan al segundo semestre del año. El primer trimestre se va con alta inflación que, todo lo sugiere, se "comerá" por ejemplo todo o casi todo el aumento semestral a los jubilados. La reacción de los trabajadores en defensa de sus ingresos es, entonces, sensata y sobrecargada por la ansiedad que genera la incertidumbre.

Si el autor de estas líneas no quiere ser juez inapelable, tampoco se propondrá como autor de soluciones fáciles y perfectas. No es el caso, además. Pero, tal vez y como nunca, vaya llegando el momento de generar escenarios tripartitos para discurrir sobre la etapa, sus dificultades, sus modos potenciales de salida y los esfuerzos que se requieren. El kirchnerismo exploró las hipótesis de reunir un Consejo Económico Social o alguna variante. Los sucesivos cuadros de situación lo impidieron, al comienzo de los dos mandatos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los ejemplos aleccionan. Pero tal vez no deberían hacer bajar los brazos: es bien peliagudo intentarlo, es más necesario que sencillo.