Hecha la ley, hecha la trampa: los requisitos más insólitos a la hora de alquiler

Lucía M. busca departamento para alquilar hace más de dos meses. En su peregrinaje se encontró de todo. A veces, mientras espera en fila para conocer una unidad que le pareció decente, salen a avisarle que ya fue reservada. En otras, le hacen pedidos insólitos para ingresar, como arreglar un contrato comercial para una vivienda que no respete los aumentos anuales.

El caso de Lucía M. no es único. Cada vez es más difícil encontrar departamentos para alquilar y los pedidos se vuelven exigentes e incumplibles. Primero empezaron a proliferar las unidades en dólares, especialmente en los barrios “de moda”. Luego, las indexaciones cada vez más cortas (trimestrales, por ejemplo) y por fuera de la ley.

Hace al menos cinco meses que el Gobierno comenzó a prometer cambios, suspensiones o derogaciones de la Ley de Alquileres. El debate comenzó en el Congreso, pero todavía no avanzó en nada concreto. Mientras tanto, el camino para los inquilinos sigue cada vez más caótico y caro.

La situación en algunos barrios porteños más demandados es tan complicada que hay algunas unidades que solicitan seña incluso antes de ir a ver el departamento, tal como recuerda Tomás Z., inquilino del interior que quiso mudarse a Capital Federal en los últimos meses.

La “nueva” tendencia es pedir cerrar contratos comerciales para evitar la suba anual -y poder hacerla semestral- y para que las inmobiliarias puedan cobrar comisión de las dos partes, confirma Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados.

Por la ley 5.859, en la Ciudad de Buenos Aires los inquilinos no deben pagar comisiones inmobiliarias ni gastos de gestoría de informes. Asimismo, el monto máximo de comisión que se le puede cobrar a los propietarios es del 4,15% del valor total del respectivo contrato.

Si la unidad de vivienda se alquila bajo un contrato comercial, explica Muñoz, se puede evitar esta norma. En el caso de Lucía M., la explicación que le dieron -y que la indignó- para este pedido fue que “algunos departamentos se usan como home office”, en referencia a la modalidad de teletrabajo que se popularizó durante la cuarentena.

“En los casos en los que el inmueble es apto profesional, los propietarios dicen que no se aplica el sistema de aumento anual y que pueden haber subas cada seis meses”, señalaron a este medio desde la Unión de Inquilinos.

Por otro lado, y menos novedoso, muchas unidades tienen sistemas de actualización por fuera de la ley, apuntaron en la Unión de Inquilinos, “con propietarios que hacen cualquier cuenta que da más que el índice que publica el Banco Central”. Ese índice -el ICL- combina el devenir de la inflación y el de los salarios.

El universo de los alquileres es cada vez más heterogéneo. La oferta se redujo hasta un 32% en dos años desde que se aprobó la Ley de Alquileres, según Maure Inmobiliaria. La norma desalentó a los propietarios a rentar sus unidades por el alargamiento de los contratos y el ICL, que no garantiza que tengan rentabilidades reales positivas (por arriba de la inflación), además de ser anual y no semestral.

Las pocas unidades que quedan son caras, piden garantías irrealizables o pago en dólar “billete” del alquiler o del depósito. Los requisitos también son insólitos: desde garantes de ciertos barrios de Capital Federal hasta firmar pagarés por los aumentos proyectados a tres años.

“Un propietario quería aumentar en dólares según la inflación interanual de Estados Unidos. le contesté que estábamos en Saavedra, no en Ft. Lauderdale”, recuerda otro inquilino que prefirió preservar el anonimato.

Según Muñoz, los proyectos en danza en el Congreso que van por la derogación o la modificación de la Ley de Alquileres quieren permitir libertad en la indexación de los contratos, e incluso contratos más cortos, de hasta seis meses. “Quieren que todo lo decida el mercado inmobiliario”, denuncia ante TN.

Hecha la ley, hecha la trampa, y hay miles de inquilinos que todavía no pudieron firmar contratos bajo la Ley de Alquileres tal como está hecha y que prefieren aceptar condiciones -aunque hoy sean ilegales- para poder tener un techo.