Hacer de la mentira una razón de Estado

Al escribir mi columna del 8 de enero, titulada "Inexactitudes y desaciertos del Gordo", me permití la siguiente analogía: "En su cuadro La perfidia de las imágenes (1928), René Magritte exhibe una pipa con un epígrafe: ‘Ceci n’est pas une pipe (‘Esto no es una pipa’).’ Fue su modo de cuestionar la relación entre los símbolos y las cosas basada en la semejanza representativa. Unos 83 años más tarde, la sospecha de que la Policía Metropolitana haya sido autora de al menos uno de los crímenes cometidos en el sangriento desalojo del Parque Indoamericano, hizo que el ministro Guillermo Montenegro retomara aquella idea, al decir: ‘En el equipamiento de nuestra fuerza no existe la famosa escopeta Itaka’, cuando una impactante fotografía tomada en esa oportunidad por la agencia Télam muestra a un grupo de efectivos de la Mazorca de Macri disparando justamente con dicho armamento".

Tal párrafo bastó para que ese mismo sábado un estrecho colaborador del ministro enviara a mi correo electrónico una misiva para aclarar que las escopetas de la Metropolitana no eran de la marca Itaka sino Mossberg. Y con respecto a su carga, añadió: "No hace falta decir que la Metropolitana no tiene en stock cartuchos con perdigón de plomo; sólo tiene para su uso los de goma antitumulto de acción lenta (esto quiere decir que a los cinco metros de salir del caño, el perdigón pierde fuerza y cae como un piano) para preservar la integridad de las personas."Incluso, con un rictus rebosante de picardía, solía atajar las consultas periodísticas al respecto con un latiguillo invariable: "El Fino no está en nuestros planes." Eso, desde luego, no era así. En octubre de 2009, al explotar en el rostro del PRO el affaire del espionaje telefónico, recurriría otra vez a su artificiosa palabra de honor para jurar: "En el Ministerio nadie conoce a Ciro James; ni siquiera pasó por la puerta." Eso, desde luego, tampoco era así. También encubrió con dichos mendaces las irregularidades en contrataciones y compras de equipos para la Metropolitana, tapó los antecedentes represivos de sus más altos oficiales y omitió la incorporación de unos 30 agentes de inteligencia que aún cumplen tareas inciertas en el área a su cargo. Claro que no menos penosos fueron sus escasos raptos de sinceridad, como cuando –en una interpelación legislativa– incurrió en un desopilante lapsus: "Yo no tengo sospechas de los crímenes que cometió Palacios."
Idénticas afirmaciones declamaría en aquellos días el propio Montenegro, tanto a los medios como ante la Justicia, a través de un escrito dirigido a la fiscalía que investiga el caso. Incluso, durante un procedimiento realizado en la sede del Ministerio, abordó a un funcionario judicial para señalar: "Es una suerte que hayamos decidido no comprar ni una sola bala de plomo." Dicen que pronunció esas palabras con una expresión imperturbable.

Ya se sabe que el jueves fue allanado por orden del fiscal Sandro Abraldes un predio de la Metropolitana en el barrio de la Chacarita. Y que allí fueron secuestrados 98 cartuchos de plomo. Esas municiones habían sido compradas el 14 de octubre de 2010 –siete semanas antes de la masacre–, junto con otros 202 proyectiles iguales, según documentación encontrada en ese lugar. A la vez, fueron inspeccionadas otras dos sedes de esa fuerza: el Instituto Superior de Seguridad Pública, que ocupa terrenos del Club Español y el denominado Precinto 12, de Saavedra. En ambos sitios fue requisada documentación de interés para la causa.

Montenegro, quien estuvo presente en el operativo de Chacarita, palideció al ser descubierta semejante evidencia balística. En ese momento, a modo de justificación, sólo atinó a farfullar: "Esas balas fueron compradas para ver si las escopetas funcionan correctamente." Nadie le respondió.

Lo cierto es que aquel hombre formado en el Liceo Naval, amante del rugby y profundamente católico ya es célebre por su inclinación compulsiva hacia el embuste. Ello al punto de que –según sus detractores– la gran contribución de Montenegro a la política fue haber hecho de la mentira una razón de Estado. De hecho, durante el primer año y medio de gestión, su trabajo principal fue desmentir con énfasis que el comisario Jorge Palacios integrara la nómina de la cartera a su cargo.

Ante la sospecha sobre la responsabilidad de la Metropolitana –compartida con la Federal– en las tres muertes ocurridas en el Indoamericano entre el 7 y el 10 de diciembre, Montenegro supo transmitir tranquilidad a su jefe político, Mauricio Macri, con el augurio de que la investigación judicial no prosperaría. Y para sostener sus dichos se ufanaba de su excelente relación con el juez de la causa, Eliseo Otero. En ello no mentía. Ingresado en la Justicia a fines de 1966, Otero recién en 1992 accedió a la titularidad del Juzgado de Instrucción Nº 9 por recomendación del entonces jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy. Claro que en su nombramiento hubo una razón de peso: sus características éticas y morales eran las adecuadas como para encomendarle una misión precisa: favorecer la vidriosa situación procesal de los acusados por las irregularidades en la licitación del Complejo Golf-Velódromo; a saber: Carlos Grosso y Alberto Kohan, entre otros.

 Lo cierto es que Otero cumplió con creces, ya que todos ellos fueron sobreseídos. Ahora, todo indica que su intención es repetir su labor exculpatoria en la causa por la masacre del Indoamericano. Sin embargo, tal propósito choca con un escollo: la minuciosa pesquisa llevada a cabo por el fiscal Abraldes.Y de ello, Montenegro no tiene ninguna duda.