Grave denuncia contra funcionarios
Una acusación del fiscal Stornelli contra el titular de la UIF refleja la desnaturalización de la función de este órgano.
La reciente decisión del fiscal federal Carlos Stornelli de denunciar a José Sbattella, jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), y a otras autoridades del cuestionado organismo constituye un importante paso adelante para demostrar que la verdadera función de esa unidad no es la de luchar contra el lavado de dinero.
La actuación de Sbattella ha sido, y es, francamente escandalosa, como lo ha revelado una serie de notas publicadas por LA NACION que dieron origen, precisamente, a la investigación preliminar en la que Stornelli encontró elementos que confirmarían lo publicado por este diario y, por lo tanto, la incapacidad de la UIF para combatir el lavado y su empleo como instrumento para perseguir a quienes no se alinean con el Gobierno.
Luego de cuatro meses de investigación preliminar, Stornelli acusó a las autoridades de la UIF por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento agravado por omisión de denuncia y violación de secretos, con penas de prisión efectiva, multas e inhabilitación. Tras enviar su denuncia a sorteo, la causa recayó en el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Eduardo Taiano.
Stornelli determinó, por ejemplo, que sobre 130 pedidos de levantamiento de secreto fiscal requeridos por la unidad, sólo dos casos habrían tenido trámite posterior en la UIF. Se trata, precisamente, de los casos abiertos contra dos altos ejecutivos del Grupo Clarín, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro.
Después de examinar los antecedentes laborales y académicos de Sbattella y otros altos funcionarios de la UIF, el fiscal llegó a la conclusión de que carecen de la mínima idoneidad en materia de combate contra el lavado de dinero.
Se trata de una de las conclusiones que posiblemente revistan mayor gravedad, pues confirmaría que bajo el kirchnerismo ese combate se reduce a un discurso farsante desmentido por los hechos.
En efecto, pese a las observaciones realizadas por el organismo internacional en la materia, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la UIF no lucha contra el lavado. En cambio, además de ser un organismo al que el Gobierno recurre para perseguir a quienes no comulgan con el oficialismo, podría convertirse en un encubridor de posibles acciones de lavado de dinero cuando los autores pertenecen al oficialismo o son sus allegados.
Por ejemplo, al estallar el escándalo Schoklender-fundación Madres de Plaza de Mayo, se denunció que la UIF había cajoneado el año pasado una denuncia de la Coalición Cívica.
También se habrían verificado otros ocultamientos de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de aliados del Gobierno y la filtración de información sensible perjudicial para empresas e individuos enfrentados con el kirchnerismo, lo que llevó al corte de colaboración con su par estadounidense, el FinCen. Información que la UIF había solicitado a ese organismo norteamericano se quiso emplear por razones políticas en contra del dirigente opositor Francisco de Narváez.
Una vez más, el Gobierno ha invertido la función que debe cumplir un organismo de control, pervirtiéndolo. Quienes deben combatir el lavado lo prohíjan si le conviene al oficialismo.
Se trata de un tema muy sensible, pues permitir el lavado de dinero significa no sólo alentar la corrupción cada vez más escandalosa, sino también el narcotráfico, que extiende peligrosamente sus tentáculos en nuestro país. Estas dos actividades ilícitas requieren el imprescindible blanqueo de los fondos mal habidos. La actual UIF parece reunir muchas condiciones como para estar a su servicio.