Gran debate pendiente

por lo que resulta imperioso detenerse en las particularidades de este tema urticante y polémico en toda agenda política y cuya relevancia para toda la ciudadanía obliga a que no quede solapado ni confundido con el resto de la información de mera coyuntura (donde abundan contiendas politiqueras, vicisitudes deportivas y nimiedades farandulescas).

Nuestro país lidera estadísticas regionales en materia de abortos clandestinos, pero casi no hay detenidos en las estadísticas oficiales por este delito masivo y recurrente
Primeramente, a nivel metodológico, resultará conveniente graficar las posiciones extremas que se oponen en el debate, pues éste encierra -como pocos- un profundo conflicto de derechos: 1) quienes amparados en la intangibilidad de la vida humana, condenan cualquier tipo de aborto pues lo consideran un homicidio respecto del ser por nacer, indefenso, pero ya dotado de independencia y de plena humanidad (posición tradicionalmente esgrimida por la Iglesia Católica, y que gráficamente defienden impactantes videos que hoy propugnan conciencia en las redes sociales); 2) en las antípodas, quienes se posicionan en la defensa del derecho de libertad de la embarazada involuntaria, usualmente graficada como joven, de escasos recursos y sin capacitación sexual previa, que recurre al aborto casero por necesidad social con riesgo directo para su propia vida (esta otra postura es sostenida históricamente desde las ideología de izquierda).

Cabe adelantar que quienes quieran encontrar una encendida defensa de alguna de estas posturas en estas líneas, tropezarán con el sinsabor de la indefinición, pues no es el objeto de esta columna blandir una bandera para alentar una posición (por legítimo que resulte ese ejercicio), sino alertar sobre la hipocresía jurídica del presente y sobre la necesidad de una salida normativa integral que sea definitivamente respetada por autoridades y ciudadanos. Es que estas palabras convocan al análisis racional y profundo en una cuestión que suele ser terreno de defensas apasionadas y virulentas, pero que suele desatender los resultados de la vigencia normativa lograda o a lograrse.

En este punto es claro que a ningún ciudadano le puede resultar indiferente la problemática del aborto, aunque también lo es que entre ambas posturas extremas abundan los grises, buscando denodadamente una postura que compatibilice ideológica y axiológicamente todas las situaciones individuales y sociales, tarea virtualmente imposible, pues cualquier decisión normativa inexorablemente deberá jugarse sin medias tintas por la prevalencia del derecho de alguna de las dos partes (el de la vida del nasciturus o el de libertad de su potencial madre).

LA LEY VIGENTE

Así ocurre hasta hoy con la ley vigente, pues nuestro Código Penal dispone que el aborto está genérica pero no totalmente prohibido, en tanto sanciona su práctica (tanto a la frustrada madre como a todos quienes la asistan a tal fin), pero a la vez despenaliza excepciones: el aborto terapéutico (cuando por el embarazo corre riesgo de vida la propia madre), el derivado de la violación a mujer incapaz (ambos requisitos presentes) y, más recientemente y por reconocimiento jurisprudencial, el practicado ante la ausencia de vida neurológica intrauterina en el feto (anancefalia). La Constitución Nacional (ese gran código de la vida social argentina), en su última modificación de hace 16 años, ha incorporado pactos internacionales y hasta una cláusula expresa (art. 75.23 in fine) que refiere la relevancia de contemplar la protección tanto de la madre como del ser por nacer, disposición que es dialécticamente invocada por ambas posturas extremas.

Pero la fotografía de la actualidad argentina en la materia nos enseña una realidad insosteniblemente paradójica. Así, nuestro país lidera estadísticas regionales en materia de abortos clandestinos, con rasgos aún más alarmantes: su incidencia se presenta en todos los estratos sociales, pero casi no hay detenidos en las estadísticas oficiales por este delito masivo y recurrente (ergo, es un delito "no perseguido" institucionalmente); es alto el índice de mortalidad femenina ocasionada por prácticas caseras nulas de antisepsia o complicaciones no monitoreadas por la clandestinidad (aquí acentuado en las clases menos pudientes, como lo reflejan estudios en hospitales públicos de todo el país); y, por último, se presenta la insostenible paradoja de que buena parte de su población juvenil carece de una capacitación mínima para exigirle una vida sexual responsable.

Por todo lo expuesto cabe celebrar el inicio del postergado debate público sobre una problemática de máxima relevancia y donde reina la hipocresía normativa (donde se dice defender la vida del por nacer, pero no se persigue la diaria violación de dicha ley, ni a cómplices ni se previenen fuertemente las causas de su ocurrencia sistemática y creciente). Pero, y hete aquí el gran desafío, ese debate debiera ser abierto, profundo, informado, sin apuros por los tiempos parlamentarios, sin caer en maniobras periodísticas que rotulen con prejuicios a quienes piensen diferente (como ocurrió respecto del matrimonio igualitario, donde se cayó en estereotipos comunicacionales respecto de quienes se oponían al mismo), ni al atropello parlamentario de circunstanciales mayorías.

Este es un tema de interés general y quizás sea tiempo de probar con una consulta popular (art. 40 de la Carta Magna): la relevancia social de la problemática lo amerita, y así también puede comprometerse a las instituciones y a la ciudadanía en un respeto mayor al cumplimiento posterior de lo decidido como regla de convivencia futura. Solo así podrá darse una respuesta clara a una problemática tan urgente.