Golpes demoledores
Poner a disposición de jóvenes militantes información de máxima confidencialidad es un acto de irresponsabilidad que tarde o temprano se vuelve en contra de quienes lo propician.
En momentos en que la Argentina está a punto de perder su inclusión en el G-20 por su ausencia (o reticencia) para estructurar un sistema serio y efectivo de lucha contra el uso de dinero del narcotráfico y/o del terrorismo internacional, los "jóvenes K" pertenecientes a la agrupación La Cámpora parecen decididos a cooperar con el organismo multilateral en la toma de esa severa decisión. Producen hechos que revelan una escasa o nula preparación e intención para abordar con seriedad uno de los problemas más delicados no sólo de la economía globalizada, y demuestran incapacidad para crear condiciones de confiabilidad que estimulen flujos de inversiones extranjeras directas libres de sospechas.
Por acción u omisión, nuestro país se ha transformado en plaza de libre circulación de activos externos. Ese descontrol sirve tanto para la fuga de "capitales negros" como para el ingreso de "moneda sucia", que se lava en transacciones legales, como la construcción de edificios o la adquisición de tierras cultivables. Esa negativa imagen se potenció desde que la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo que debería actuar con decisiones estrictamente técnicas, cayó en poder de La Cámpora, en su ofensiva para ganar espacios y actuar como fuerza de choque del oficialismo. Los "jóvenes K" utilizan para sus fines información confidencial para lanzar investigaciones intimidatorias o para obstruir el conocimiento de manejos eventualmente dolosos de compañeros de ruta.
Un caso paradigmático lo produjeron con el resonante episodio del exhorto de la Justicia de Suiza que requería información sobre supuestos lavados de dinero realizados por Hugo Moyano, secretario general de la CGT nacional aún oficialista, y su entorno. La UIF respondió que "habiéndose realizado las consultas en las bases de datos obrantes en esta Unidad, no se han encontrado registros de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)". Curiosamente, un año antes, la propia UIF había informado a la Justicia Federal que la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca) y la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros revistaban entre los organismos investigados por los aportes a las campañas de 2007.
Por contrapartida, en 2009, filtró datos de inteligencia financiera secreta en perjuicio del candidato opositor Francisco de Narváez, lo que provocó que la unidad antilavado estadounidense cortara el intercambio de información. Ahora, irían contra las empresas editoras de los diarios Clarín y La Nación , y sus directivos.
Quizá puedan provocar daños adicionales a adversarios políticos y al periodismo independiente. Pero lo indudable es que las resquebrajadas imágenes interna y externa de seriedad y responsabilidad de la Argentina siguen sufriendo golpes demoledores, más allá de la intención de sancionar una ley más estricta en cuanto a las operaciones sospechosas.