Gobierno intima a Macri para que se haga cargo del subte
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, envió una carta al jefe de Gobierno porteño en la cual lo intima a hacerse cargo del servicio de subterráneos en la Ciudad de Buenos Aires.
"Intimamos formalmente, y con la inmediatez que la presentación del servicio público requiere, a cumplimentar todas las obligaciones a cargo del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", indica el texto de la misiva enviada por De Vido.
Asimismo, advierte sobre "las responsabilidades civiles, administrativas y penales que su obrar intempestivo y antijurídico ameritan".
El texto tiene por objetivo rechazar la misiva del 1 de marzo, en la que el gobierno porteño expresó: "...damos por suspendidas las tareas de la Comisión creada por el Acta Acuerdo, continuando en manos del Poder Ejecutivo Nacional la administración del Contrato de Concesión de Subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires".
El gobierno nacional consideró que aquella misiva resulta "jurídicamente improcedente" y consideró que "además de ilegítima, irrazonable y arbitraria, deviene nconstitucional".
En tanto, se remarcó que "el Gobierno nacional ha honrado sus pactos y depositado el subsidio correspondiente conforme lo comprometido por el Acta Acuerdo, y así seguirá cumpliendo con dicho compromiso".
Por ello, la nota aclara que "se ha dado cumplimiento en forma total, cabal y estricta" a las obligaciones a cargo del Ejecutivo nacional y "en consecuencia se rechazan todas y cada una de las pretendidas imputaciones, cuyo alcance, por su vaguedad no surgen claros del contexto de su nota".
En el Acta Acuerdo, la Ciudad ratificó "la decisión de aceptar la transferencia" del servicio de subterráneos y asumió "el control y fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, como así también el íntegro ejercicio de la potestad de fijar las tarifas del servicio".
En ese sentido, se indicó que el aumento tarifaria aplicado por la Ciudad mediante el Decreto CABA 27/12 "comporta un reconocimiento indubitable de la voluntad de la Ciudad de realizar un acto de ejercicio de las potestades que se transfirieron".
En la nota se indicó que la decisión de "suspender" las tareas de la Comisión "en forma unilateral por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su no agotamiento o levantamiento, en ningún caso conmueve la vigencia efectiva de la decisión administrativa adoptada por ese gobierno local".
Asimismo, por ser un contrato inter-administrativo "la ruptura intempestiva de los mismos, en forma unilateral, resulta improcedente", se indicó.
"La torpeza en el ejercicio de la función administrativa -que puede advertirse en un discurso o declaración mediática- no es oponible cuando se trata del Estado o de los hombres que son investidos como funcionarios o servidores públicos, por el voto popular; la actitud debida es aquella que honre no sólo los pactos y la ley aplicable, sino el compromiso de garantizar un servicio público propio de esa jurisdicción y que ya ha sido aceptado", remarcó De Vido en la misiva.
"Le corresponde a ese Gobierno (el porteño) cumplir con la manda constitucional que lo obliga a tutelar el servicio de transporte objeto de la presente, de cara a legitimar su rol como Jefe de Gobierno, respetando y manteniendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires", concluyó el texto.
"Y si no fuera así -afirma De Vido en su carta- existen en el Estado de Derecho, como el nuestro, vías parlamentarias o judiciales, para acudir frente a la incertidumbre que le aqueja al jefe de Gobierno sobre el alcance de sus actos propios".
Asimismo, advierte sobre "las responsabilidades civiles, administrativas y penales que su obrar intempestivo y antijurídico ameritan".
El texto tiene por objetivo rechazar la misiva del 1 de marzo, en la que el gobierno porteño expresó: "...damos por suspendidas las tareas de la Comisión creada por el Acta Acuerdo, continuando en manos del Poder Ejecutivo Nacional la administración del Contrato de Concesión de Subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires".
El gobierno nacional consideró que aquella misiva resulta "jurídicamente improcedente" y consideró que "además de ilegítima, irrazonable y arbitraria, deviene nconstitucional".
En tanto, se remarcó que "el Gobierno nacional ha honrado sus pactos y depositado el subsidio correspondiente conforme lo comprometido por el Acta Acuerdo, y así seguirá cumpliendo con dicho compromiso".
Por ello, la nota aclara que "se ha dado cumplimiento en forma total, cabal y estricta" a las obligaciones a cargo del Ejecutivo nacional y "en consecuencia se rechazan todas y cada una de las pretendidas imputaciones, cuyo alcance, por su vaguedad no surgen claros del contexto de su nota".
En el Acta Acuerdo, la Ciudad ratificó "la decisión de aceptar la transferencia" del servicio de subterráneos y asumió "el control y fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, como así también el íntegro ejercicio de la potestad de fijar las tarifas del servicio".
En ese sentido, se indicó que el aumento tarifaria aplicado por la Ciudad mediante el Decreto CABA 27/12 "comporta un reconocimiento indubitable de la voluntad de la Ciudad de realizar un acto de ejercicio de las potestades que se transfirieron".
En la nota se indicó que la decisión de "suspender" las tareas de la Comisión "en forma unilateral por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su no agotamiento o levantamiento, en ningún caso conmueve la vigencia efectiva de la decisión administrativa adoptada por ese gobierno local".
Asimismo, por ser un contrato inter-administrativo "la ruptura intempestiva de los mismos, en forma unilateral, resulta improcedente", se indicó.
"La torpeza en el ejercicio de la función administrativa -que puede advertirse en un discurso o declaración mediática- no es oponible cuando se trata del Estado o de los hombres que son investidos como funcionarios o servidores públicos, por el voto popular; la actitud debida es aquella que honre no sólo los pactos y la ley aplicable, sino el compromiso de garantizar un servicio público propio de esa jurisdicción y que ya ha sido aceptado", remarcó De Vido en la misiva.
"Le corresponde a ese Gobierno (el porteño) cumplir con la manda constitucional que lo obliga a tutelar el servicio de transporte objeto de la presente, de cara a legitimar su rol como Jefe de Gobierno, respetando y manteniendo la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires", concluyó el texto.
"Y si no fuera así -afirma De Vido en su carta- existen en el Estado de Derecho, como el nuestro, vías parlamentarias o judiciales, para acudir frente a la incertidumbre que le aqueja al jefe de Gobierno sobre el alcance de sus actos propios".