Gato y ratón
La guerra que están librando desde hace más de un siglo las autoridades económicas de nuestro país...
... contra los deseosos de mantener sus ahorros fuera de su alcance se ha intensificado mucho, últimamente, debido a la necesidad apremiante del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de mantener funcionando un "modelo" que ha resultado ser insólitamente voraz, razón por la que ya se ha apropiado del dinero de los fondos jubilatorios privados, ha "reformado" los estatutos del Banco Central para poder disponer de las reservas y acaba de quitarle a Repsol buena parte de sus acciones en YPF.
Como es natural, el hambre por dinero que se ha hecho tan característico del gobierno kirchnerista y la diferencia creciente entre el país del Indec y el de los demás se han combinado para difundir un clima de desconfianza, de ahí la reaparición del dólar paralelo luego de una ausencia prolongada y su alejamiento rápido del oficial. Además de aumentar la presión impositiva, duplicándola en un lapso muy breve, con el resultado de que en este ámbito por lo menos la Argentina se asemeja a un país escandinavo, sin que por eso se hayan notado cambios en el Estado –que sigue siendo lamentable– de los servicios públicos, el gobierno ha endurecido los controles cambiarios, llegando al extremo de emplear perros capaces de detectar cualquier cantidad de dólares en las valijas de quienes quisieran llevarlos a un lugar a su entender más seguro. También ha erigido una multitud de barreras proteccionistas a fin de obstaculizar la fuga de divisas.
Así las cosas, no ha motivado demasiada sorpresa que el gobierno haya comenzado a cerrar otra vía de escape al llegar a un acuerdo con Uruguay según el cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podrá acceder a información sobre los contribuyentes que éstos preferirían mantener bien oculta. En principio, se trata de un arreglo muy positivo que perjudicaría sólo a los evasores, pero en vista de la politización exagerada de todas las reparticiones públicas, incluyendo, desde luego, a la AFIP, cuyo titular es el neoliberal reciclado en kirchnerista Ricardo Echegaray, es legítimo temer que el gobierno de la presidenta Cristina procure aprovechar una oportunidad para incomodar a quienes considera sus adversarios. Conscientes del peligro así supuesto, las autoridades uruguayas se han comprometido a impedir que los inversores argentinos caigan víctimas de las maniobras de los decididos a perseguirlos por motivos políticos, pero no les será tan fácil cumplir con tales promesas, aunque sí podrían asegurar que los trámites necesarios sean lo bastante engorrosos como para obligar a los interesados en conseguir datos a obrar con seriedad. Sea como fuere, el acuerdo ya ha motivado mucha inquietud entre los acostumbrados a ver en Uruguay un refugio relativamente confiable, a diferencia de nuestro país en el que gobiernos de todos los pelajes suelen tratar a empresarios o individuos privados amigos con mayor benevolencia que a quienes no lo son. Si existieran dudas en tal sentido, sería más que suficiente como para eliminarlas una mirada a la forma escandalosa en la que los kirchneristas manejan el presupuesto publicitario del Estado, colmando de muchos millones de dólares a los medios que los apoyan y boicoteando a los más críticos.
De haberse tratado sólo de las presiones de nuestro gobierno, los uruguayos hubieran encontrado motivos para continuar negándose a complacerlo pero, desgraciadamente para los habituados a confiar más en ellos que en sus propios compatriotas, todos los países desarrollados, con la excepción lógica de Suiza, están resueltos a borrar los "paraísos fiscales" de la faz de la Tierra, porque suelen usarlos narcotraficantes, terroristas, lavadores de dinero y otros delincuentes, además de aquellos dictadores y sus amigos que, por si tienen que exiliarse, depositan cantidades inmensas de dinero en cuentas bancarias en los lugares que lo permiten. Aunque Uruguay, a diferencia de Suiza, nunca ha brindado tales servicios a tiranos o criminales comunes, la tradicional resistencia a intercambiar información sensible con gobiernos argentinos y por lo tanto con los otros países lo ha puesto en conflicto con los organismos internacionales en los que Estados Unidos lleva la voz cantante.
Como es natural, el hambre por dinero que se ha hecho tan característico del gobierno kirchnerista y la diferencia creciente entre el país del Indec y el de los demás se han combinado para difundir un clima de desconfianza, de ahí la reaparición del dólar paralelo luego de una ausencia prolongada y su alejamiento rápido del oficial. Además de aumentar la presión impositiva, duplicándola en un lapso muy breve, con el resultado de que en este ámbito por lo menos la Argentina se asemeja a un país escandinavo, sin que por eso se hayan notado cambios en el Estado –que sigue siendo lamentable– de los servicios públicos, el gobierno ha endurecido los controles cambiarios, llegando al extremo de emplear perros capaces de detectar cualquier cantidad de dólares en las valijas de quienes quisieran llevarlos a un lugar a su entender más seguro. También ha erigido una multitud de barreras proteccionistas a fin de obstaculizar la fuga de divisas.
Así las cosas, no ha motivado demasiada sorpresa que el gobierno haya comenzado a cerrar otra vía de escape al llegar a un acuerdo con Uruguay según el cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podrá acceder a información sobre los contribuyentes que éstos preferirían mantener bien oculta. En principio, se trata de un arreglo muy positivo que perjudicaría sólo a los evasores, pero en vista de la politización exagerada de todas las reparticiones públicas, incluyendo, desde luego, a la AFIP, cuyo titular es el neoliberal reciclado en kirchnerista Ricardo Echegaray, es legítimo temer que el gobierno de la presidenta Cristina procure aprovechar una oportunidad para incomodar a quienes considera sus adversarios. Conscientes del peligro así supuesto, las autoridades uruguayas se han comprometido a impedir que los inversores argentinos caigan víctimas de las maniobras de los decididos a perseguirlos por motivos políticos, pero no les será tan fácil cumplir con tales promesas, aunque sí podrían asegurar que los trámites necesarios sean lo bastante engorrosos como para obligar a los interesados en conseguir datos a obrar con seriedad. Sea como fuere, el acuerdo ya ha motivado mucha inquietud entre los acostumbrados a ver en Uruguay un refugio relativamente confiable, a diferencia de nuestro país en el que gobiernos de todos los pelajes suelen tratar a empresarios o individuos privados amigos con mayor benevolencia que a quienes no lo son. Si existieran dudas en tal sentido, sería más que suficiente como para eliminarlas una mirada a la forma escandalosa en la que los kirchneristas manejan el presupuesto publicitario del Estado, colmando de muchos millones de dólares a los medios que los apoyan y boicoteando a los más críticos.
De haberse tratado sólo de las presiones de nuestro gobierno, los uruguayos hubieran encontrado motivos para continuar negándose a complacerlo pero, desgraciadamente para los habituados a confiar más en ellos que en sus propios compatriotas, todos los países desarrollados, con la excepción lógica de Suiza, están resueltos a borrar los "paraísos fiscales" de la faz de la Tierra, porque suelen usarlos narcotraficantes, terroristas, lavadores de dinero y otros delincuentes, además de aquellos dictadores y sus amigos que, por si tienen que exiliarse, depositan cantidades inmensas de dinero en cuentas bancarias en los lugares que lo permiten. Aunque Uruguay, a diferencia de Suiza, nunca ha brindado tales servicios a tiranos o criminales comunes, la tradicional resistencia a intercambiar información sensible con gobiernos argentinos y por lo tanto con los otros países lo ha puesto en conflicto con los organismos internacionales en los que Estados Unidos lleva la voz cantante.