Gastar a cuenta

Bastante antes de asumir, Cristina Fernández comenzó a gastar a cuenta del enorme capital político que significa el 54 por ciento de los votos que cosechó el 23 de octubre. El propósito es marcar la cancha para su segundo gobierno, tercero del proyecto kirchnerista.

Ese amplísimo margen de acción se lo permite el escenario político que definieron las elecciones. Tiene enfrente una oposición que aún no acierta en cómo reconstituirse. Hasta las próximas elecciones parlamentarias faltan dos años.
 
El cálculo en la Rosada es elemental: aun cuando hasta 2013 consuma parte de su capital político en los ajustes que demandará la "etapa de la sintonía fina", con un 35 por ciento de los votos le alcanzará para conservar la mayoría en ambas Cámaras hasta el final de su mandato ("no soy eterna", volvió a desalentar, el jueves, en su duro discurso por Aerolíneas) porque lo que se renovará entonces será la magra representación legislativa que alcanzó en 2009.

Esa lógica explica también el por qué de postergar "la sintonía fina" hasta tener los números de la elección en mano. No habría sido lo mismo encarar el ajuste con la mitad más uno que con la mitad menos uno de los votos.

Cálculo elemental de cualquiera que está en el poder y lo ejerce. Sin ser el mismo caso, avanzada su primera presidencia, Carlos Menem confesó que, de haber dicho lo que iba a hacer, no lo habrían votado. "Cirugía mayor sin anestesia", fue lo de él. Lo de Cristina, en cambio, sería "cirugía (sintonía) fina, con anestesia". A favor del tipo de cirugía por venir, pesa que la realidad de hoy dista mucho de la de hace 20 años.

Hugo Moyano ha sido el blanco principal elegido esta semana por la Presidenta. La selección responde a que el jefe de la CGT se ha convertido, por obra del propio kirchnerismo, en el mayor factor de poder, capaz de desafiar la autoridad presidencial. "No es el dirigente con el perfil para la etapa que viene, que no será de gran redistribución como la anterior", se escucha en la Rosada.

De ahí que la Presidenta haya decidido acotarlo políticamente. Por primera vez en público y ante un auditorio con intereses naturalmente contrapuestos al sector laboral (la UIA), desacordó con que el reparto de parte de las ganancias de las empresas entre los trabajadores sea por ley.

Se trata de un proyecto que Moyano utiliza como punta de lanza para buscar posicionarse; del mismo modo que también agita que las paritarias serán por la inflación de los supermercados. Como parte de la escalada verbal a la que por ahora se reduce el enfrentamiento, el jefe cegetista puso el dedo en la herida cuando dijo, contrariamente al recurrente discurso oficial, que en el país "todavía no hay justicia social".

Moyano ha ido más allá de la declaración pública. Sospechan en la Rosada que su aval estuvo detrás de la protesta de semanas atrás de los técnicos aeronáuticos de Ricardo Cirielli. El Sindicato de Camioneros, además, bloqueó la empresa extranjera encargada del catering de los vuelos internacionales.

A estas acciones de hecho, Moyano sumó reuniones con los sindicatos ferroviarios, que pretende replicar con los aeronáuticos, para constituir una fortísima confederación del transporte en la que recalaría finalizado su mandato en la CGT, a mediados de 2012.

Por ahora, la Presidenta busca arrinconarlo desde el discurso, después del ninguneo cuando armó las listas de candidatos. Pero en gateras está la causa judicial por la "mafia de los medicamentos" y dos proyectos con los que pasar a la acción si Moyano no sintoniza "la sintonía fina": la eliminación de las obras sociales sindicales para constituir, junto a otras, una gran obra social estatal, y una democratización a fondo de los sindicatos para dar participación a las minorías, al estilo de la frustrada "Ley Mucci" de Raúl Alfonsín.

Pero esta semana tuvo también definiciones de autoridad hacia otros sectores. Su discurso ante la UIA apeló al comportamiento de algunos empresarios, con denuncias de compras de dólares con créditos subsidiados por el Estado y con datos sobre reinversión que no se condecirían con las ganancias.

La fortaleza política le ha permitido gestos de reafirmación de la autoridad presidencial, como al defender la gestión de Mariano Recalde en Aerolíneas (y, de paso, confirmar que los jóvenes de La Cámpora tendrán posiciones de poder en su próximo gobierno).

Pero también le ha servido para intentar maquillar decisiones de "cirugía menor" como la que se propone. ¿Puede alguien creer que el fin de los subsidios no será una suba de las tarifas, aunque se anuncie progresiva y selectiva? ¿Acaso el "boicot encubierto" de algunos gremios aeronáuticos contra Aerolíneas alcanza para ocultar déficits de gerenciamiento que le causaron tanto o igual daño a la compañía estatal?