Fragilidad y desprestigio
* Fernando Rodríguez. El arribo de la Gendarmería al conurbano para intentar paliar los altos niveles de inseguridad ya revelaba las flaquezas de la policía bonaerense para cumplir por sí sola con la prevención del delito.
El arribo de la Gendarmería al conurbano para intentar paliar los altos niveles de inseguridad ya revelaba las flaquezas de la policía bonaerense para cumplir por sí sola con la prevención del delito. El copamiento de una comisaría para liberar a dos presos es un golpe que desnuda aún más su fragilidad estructural y suma desprestigio y desconfianza en la capacidad operativa de la fuerza.
El asalto comando a la seccional de Glew representa un nuevo problema para el gobernador Daniel Scioli, justo en el día en que, con medias palabras, la ministra de Seguridad nacional, Nilda Garré, confirmó una primicia de La Nacion: que el preciso ataque armado sufrido el martes pasado por cuatro gendarmes que custodiaban un predio de Lanús pudo haber sido una respuesta de sectores descontentos con el despliegue de las fuerzas federales en el Gran Buenos Aires. En esa hipótesis, el Gobierno sospecha de la policía bonaerense.
Esa es una primera lectura, pero la propia característica del hecho habilita otras teorías que tampoco dejan bien parada a la mayor fuerza de seguridad del país.
Si había en la comisaría de Glew uno o más detenidos que llevaron a una decena de hombres a ejecutar un asalto comando y entrar en el fragor de las armas, sorprende que fuera tan exigua la guardia, donde además de las tareas policiales habituales había 29 detenidos que custodiar.
El jefe de la policía ponderó que, aun superados ampliamente en número, los uniformados se enfrentaron con los delincuentes y evitaron que les robaran el arsenal de la seccional. Eso, quizás, exime de sospecha a los oficiales y suboficiales involucrados, pero no alcanza a segar de dudas el hecho.
* * *
La explicación del comisario general Juan Carlos Paggi parece dar por hecho que se trató exclusivamente de un acto de audacia. A juzgar por la respuesta que efectivamente encontraron y porque lograron lo que fueron a buscar, más parece que los delincuentes fueron por una apuesta segura. Más audacia, quizás, haya requerido el asalto comando al blindado del Bapro en la Panamericana.
Además de impulsar la investigación para dar con los asaltantes y los prófugos, la Justicia deberá encontrar explicación a la presencia de dos delincuentes de tal peso que justificaran un ataque como el perpetrado ayer en Glew. El hecho vuelve a poner en foco un problema que, a pesar de la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sigue padeciendo recidivas: el alojamiento de detenidos en comisarías en lugar de en establecimientos específicos de reclusión custodiados por guardias especializados.
En todo caso, son decisiones que involucran a los mandos policiales pero que, además, atañen al poder político y al judicial en la provincia. El Poder Ejecutivo es el que debe realizar ajustes allí donde hay funcionamientos indeseados o ineficacia en la función policial. El Judicial es el que tiene a su disposición a las personas detenidas y debe garantizar tanto la correcta condición de alojamiento como que ese alojamiento se ajuste a la peligrosidad del recluso y sea apto para evitar que se fugue.
Igual, sea que se haya tratado de un golpe audaz como de un plan que contó con otras complicidades, el precio más alto por el copamiento de la comisaría de Glew, hoy, lo paga la policía provincial.