Fondos dañinos para la democracia

El financiamiento de la política, sobre todo los gastos electorales de los partidos, es un tema recurrente, sobre el que se informa y opina con amplitud en nuestro país. Sin embargo, esta cuestión –clave en una democracia moderna– retorna periódicamente, máxime cuando se avecinan elecciones generales –de presidente, gobernadores, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y concejales–, lo que hace que la relación entre la política y el dinero vuelva a ser a ser una problemática que suscita interés y deba ser abordada y resuelta con seriedad.

¿Quiénes pagan las campañas electorales? ¿Cuáles son los compromisos entre los que invierten en la política y los partidos y los candidatos? Son preguntas difíciles de responder, porque son temas que se manejan en secreto, aún más cuando conciernen a grandes inversiones privadas en la política, al lavado de dinero en las campañas electorales y también –no hay que negarlo– a las relaciones entre las mafias que conforman ciertos sectores de la política vinculados al narcotráfico y al comercio de medicamentos.

La Cámara Nacional Electoral sentó un precedente importante cuando meses atrás consideró que el Partido Nuevo, liderado por Luis Juez, había incurrido en violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos por haber organizado una cena en la que una empresa concesionaria de servicios públicos invirtió cinco mil pesos. La cifra es por cierto menor, pero lo que importa es la decisión de no admitir confusiones en las relaciones entre contratistas y potenciales administradores del Estado.

Claro que mayor valor tendrá ese fallo si el mismo criterio se aplica a otras maniobras de financiamiento que son hasta escandalosas por su desenfado y su envergadura.

Habría que preguntarse, por caso, cuánto está gastando el Estado nacional para la ya lanzada campaña electoral del kirchnerismo en el país, y más precisamente en Catamarca, donde mañana se elegirá gobernador.

El financiamiento de la política no puede ser analizado, entonces, sólo desde la perspectiva de los aportes que los sectores privados hacen a los partidos, sino también de la cuantiosa inversión que el Estado –en sus diferentes niveles– realiza con dinero que paga toda la población, a favor del partido o los candidatos oficialistas.

No sólo el Gobierno nacional es un gran sostén de los postulantes oficialistas; también lo son los grandes sindicatos, que tienen un poder económico, de presión y negociación que los hace árbitros de varios escenarios electorales.

El tema del financiamiento de la política es complejo y, si bien existen leyes y normas que establecen regulaciones, el inicio del año electoral debería exigir un celo mayor por parte de los organismos de contralor y de la Justicia para evitar que el tráfico de aportes e influencias resulte dañino de la democracia representativa.