Faltan en el país 3 millones de viviendas
Los conflictos por ocupaciones ilegales de tierra, que parecen estar dispuestos a incrementarse en el país, están desnudando una realidad nacional que, si era de conocimiento de los gobiernos y los investigadores, no lo era del común de los argentinos, quienes sólo han tenido la sensación de la situación, aunque sin datos que permitieran una idea de la verdadera magnitud del problema habitacional.
Ahora se sabe que en el país, el 20,5% de las familias no tiene casa y que urge construir 3 millones de viviendas. Así se afirma en un informe de la deuda social elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA), que acaba de difundirse. Indica, también, que "como las tasas de propiedad, de alquiler y de tenencia irregular o informal prácticamente no han variado en las últimas cuatro décadas, en la Argentina el déficit habitacional y urbano tiene un carácter estructural que llevará tiempo para ser superado".
Además, el estudio de la UCA revela que el 12,4% de los hogares aún carece de agua corriente de red; el 26,8, de gas natural domiciliario, el 34,6, de cloacas; el 32,3, de desagües pluviales; y el 19,2, de pavimento. Advierte, asimismo, que estos porcentajes, sumados a los de viviendas inapropiadas, tenencia irregular de la propiedad, servicios sanitarios deficitarios y hacinamiento son notoriamente más altos en el conurbano bonaerense y entre las franjas de menores recursos.
La UCA incluye, asimismo, alarmantes referencias a la contaminación, por cuanto el 11,7% de los hogares está próximo a industrias contaminantes, el 16,7% a basurales y el 24,1% a plagas urbanas.
El informe brinda otro factor agravante de la situación, al comparar la realidad que viven los sectores de más altos ingresos y que residen en las áreas mejor ubicadas, con la de los sectores más vulnerables. Los del primer grupo "reciben mayores niveles de inversión en infraestructura, están menos expuestos a la contaminación ambiental y se encuentran mejor cubiertos por una serie de servicios, como la educación, la salud y la seguridad"; en tanto que los sectores más vulnerables "no cuentan con recursos económicos para suplir lo que no se les brinda desde lo público", según el documento.
El panorama es en verdad desalentador, pues anticipa que "los actuales programas de construcción de viviendas, si bien representan un avance en la materia, no alcanzan para resolver el déficit habitacional".
Frente a la contundencia de unos porcentajes de tal modo dolorosos, no parece admisible la condena de quienes no pueden dejar de ver en la protesta social sólo manipulación politiquera, consecuencia de influencias de operadores innombrables o actitud desmedida de quienes olvidan que estas carencias han sido mayores en el pasado reciente.
Desde luego, y como puntualiza también el informe, el problema es viejo y se ha agravado con el tiempo de manera, que se puede medir con sólo tener en cuenta la multiplicación de la población y, por tanto su solución demanda una acción preocupada de varias décadas.
Pero debe acentuarse que habrá que acelerar el ritmo de la construcción, que los programas deberán ser más ambiciosos y que la ejecución y la distribución tendrán que dejar de vincularse con las necesidades electorales para responder a un clamor de la sociedad que está, sin duda, en la base de sus demandas más legítimas.
Según un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA), más de la cuarta parte de las familias del país carece de vivienda propia.