Factores políticos y sociales facilitan las usurpaciones

En lo inmediato, estos temas sólo se pueden resolver con políticas de orden nacional y con acuerdos entre jurisdicciones. Pero en lo mediato, requieren reemplazar la actual política social basada en el clientelismo y la inmediatez política, por una política social y de construcción vivienda responsables y de largo plazo. La ocupación ilegal del Parque Avellaneda es un eslabón más de una cadena de ocupaciones de lugares públicos, que en este caso incluye viviendas sociales. Un aspecto del conflicto enfrenta, por lo tanto –como en otras ocasiones– pobres contra pobres.

Otro aspectos que las usurpaciones se suceden en el contexto del permisivismo que tuvo la política del Gobierno Nacional ante las protestas sociales, que debilitó el concepto de legalidad y desvirtuó la práctica de los reclamos, dando lugar a frecuentes abusos que afectan a sectores de la sociedad.

La ocupación del Parque Indoamericano y de otros espacios demostraron, en esta línea, que han aparecido organizadores de tomas que manipulan a sectores necesitados en busca de subsidios de los cuales reciben una parte. Se ha montado, entonces, una actividad que lucra con la necesidad social y que sucede ante la vista y la inacción de las autoridades.

Tanto en el caso del Indoamericano como en el del Avellaneda se planteó la tensión existente entre la capacidad operativa de la Policía Metropolitana y las tareas que debe enfrentar. En ambas tomas la Justicia ordenó desalojos que la Metropolitana no puede realizar por sí misma debido a las limitaciones de su capacidad operativa, por lo que requiere la coordinación con la Policía Federal o la Gendarmería.

Sin embargo, el Gobierno Nacional, desoyó las órdenes impartidas por la Justicia y no aportó las fuerzas nacionales de seguridad, aprovechando una falencia institucional para poner en aprietos a un Gobierno encabezado por la oposición, a pesar del daño que esto ocasiona al patrimonio público y a los ciudadanos directamente afectados. En el caso del Indoamericano, reclamaban los vecinos de las zonas aledañas y en el del Avellaneda, los adjudicatarios de las casas tomadas.

Cabe señalar, además, que gran parte de los problemas de vivienda y otras manifestaciones de la pobreza que aparecen en la Ciudad de Buenos Aires son producto de las condiciones de vida imperantes en otros distritos del país, que empujan a muchos ciudadanos a la Capital en busca de mejores oportunidades. Por ese motivo, la pobreza de la Ciudad debe ser tratada como un fenómeno a nivel nacional y, por lo tanto, con recursos y en forma coordinada entre autoridades de los diferentes niveles.

La falta de esa coordinación no sólo posterga el problema vigente, sino que constituye un estímulo para una práctica cada vez más difundida que afecta los patrimonios público y privado y que puede, como ya sucedió, crear escenarios propicios para la violencia.

El telón de fondo de los conflictos es, finalmente, el déficit de vivienda de orden nacional, que en estos años se ha mantenido por el reducido número de viviendas sociales construidas y por la inexistencia de financiamiento para la vivienda en condiciones accesibles para los sectores de bajos ingresos, carencias que son cuentas pendientes del Estado con la sociedad.

En las ocupaciones de tierras y viviendas se manifiestas problemas políticos, sociales e institucionales. Se producen en el contexto del permisivismo oficial ante las protestas y revelan la falta de coordinación entre autoridades de diferentes jurisdicciones. El Gobierno nacional volvió, además, a desobedecer órdenes judiciales. El telón de fondo es el déficit de vivienda y la escasa construcción de viviendas sociales.