Fabiola Yañez denunció que Alberto Fernández continuó enviándole mensajes a pesar de que el juez le prohibió todo contacto

En el marco del expediente Alberto Fernández es referenciado como “el presunto agresor”. Imputado por hechos de violencia de género tras la determinación de Fabiola Yañez de impulsar la acción penal, el juez Julián Ercolini le ordenó que “cese el hostigamiento”, y le prohibió cualquier tipo de comunicación directa o indirectamente. Sin embargo, pese a la restricción judicial, la ex primera dama denunció los días 6 y 7 de agosto -con la causa en curso- continuó recibiendo mensajes desde el teléfono del ex presidente y de terceras personas. De corroborarse, podría sumar una nueva causa penal por el delito de desobediencia.

El 6 de agosto a las 19:47 horas Alberto Fernández en su domicilio de Puerto Madero, fue notificado de las medidas cautelares que le impuso el juez federal después de escuchar a Fabiola Yañez decir, en tres ocasiones, que por propia voluntad quería denunciar al ex presidente por violencia de género. La figura penal es lesiones leves reiteradas y con el devenir de la investigación se determinará si las mismas podrán calificarse de graves.

Entre las medidas que le fueron notificadas, junto a la acusación que pesa sobre él, se le leyó lo siguiente: “Se ordenará a Alberto Ángel Fernández que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Andrea Yañez, tanto en el espacio analógico como en el digital”.

En ese acto formal de notificación, se le dijo que debía cesar “los actos perturbatorios” y se le pidió “la promesa de someter al procedimiento y de no obstaculizar la investigación”.

Las medidas precautorias adoptadas por el juzgado responden a “los graves hechos denunciados” por Fabiola Yañez, “sumado al contacto amenazante que ha expresado que ocurrió actualmente”.

Pese a los dispuesto por la justicia federal, Alberto Fernández habría continuado con el hostigamiento hacia la ex primera dama.

Fabiola Yañez manifestó ante la fiscalía que los días 6 y 7 de agosto, con la causa penal en curso y las medidas restrictivas dictadas por el juez Ercolini, el ex Presidente de la Nación continuó escribiéndole en tono amenazante e intimidatorio.

Según informó ante la fiscalía, la ex primera dama “recibió mensajes directos de su supuesto agresor Alberto Fernández y comunicaciones de terceros a requerimientos de él”. En el dictamen fiscal se especificó que fueron mensajes “intimidatorios que estaría recibiendo en su celular desde el abonado perteneciente al denunciado”.

Ante la información proporcionada por Yañez es que el fiscal Rívolo pidió que se secuestre el celular del ex presidente. “Esto demuestra que a pesar de las medidas que impuso el juez y notificó personalmente al denunciado para que cesara las perturbaciones e intimidaciones tanto directa como indirectamente por cualquier medio hacia la víctima, habría persistido en su actitud incumpliendo la manda judicial, toda vez que habría continuado hostigando a la víctima a través de mensajes enviados desde su teléfono y/o mensajes”.

La Justicia federal sospecha que dentro de los dispositivos electrónicos que posee Alberto Fernández, “podrían existir tanto elementos de prueba fundamentales para corroborar los hechos denunciados como así también los elementos para determinar si el agresor incumplió con las medidas cautelares impuestas”.

El celular, la tablet y un pendrive que tenía Alberto Fernández en el departamento de Puerto Madero, ya se encuentran bajo custodia judicial. Cuando sean peritados, y de corroborarse lo que Yañez dijo respecto a que el hostigamiento continuó incluso cuando había medidas restrictivas dictadas, le representaría al ex Jefe de Estado otra causa penal.

Se trata del delito de violación de una orden judicial. No se investigaría en el marco del expediente que se encuentra en el fuero federal por violencia de género, sino que tramitará en la justicia ordinaria. La pena de no obedecer las medidas precautorias ordenadas por el juez Ercolini en este caso, va desde 15 días a un año de cárcel.

Las medidas impuestas por el juzgado fueron la prohibición de acercamiento a una distancia inferior a los quinientos (500) metros de Fabiola Yañez, “de su domicilio sito en la ciudad de Madrid, del Reino de España, o en cualquier otro lugar en el que se encuentre la nombrada, desempeñe actividades laborales, educativas, recreativas o de asidua concurrencia, y de contacto absoluto con aquélla a través de cualquier vía; medida que rige desde la fecha y hasta tanto dure la tramitación de la presente causa y/o se disponga lo contrario”.

La prohibición de acercamiento incluyó no sólo suspender todo tipo de contacto físico, sino también telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación la ex primera dama.

Los dispositivos secuestrados

El viernes la causa fue enviada a la oficina de sorteos de la Cámara Federal de Apelaciones. Corresponde que cuando de una investigación en curso -en este caso los presuntos hechos de corrupción en la causa Seguros- se desprende la posible comisión de otro delito -como lo es acá el de violencia de género-, esa causa debe sortearse. Eso significa, que se le asigna formalmente un juez y un fiscal para que intervengan.

Cuando el expediente cumplió con dicho trámite, se informó que recayó en el juzgado de Julián Ercolini y la fiscalía que tendrá ahora la investigación delegada es la que corresponde a Ramiro González.

Los dispositivos electrónicos que le secuestraron el viernes por la noche a Alberto Fernández están bajo custodia judicial. Los mismos no serán abiertos ni peritados hasta tanto se escuche el testimonio de Fabiola Yañez en sede judicial.

La ex primera dama rompió el silencio en una entrevista periodística con el portal Infobae, pero había manifestado el pasado jueves, ante la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), que no se encontraba en condiciones de declarar por el “estado de fragilidad emocional” en el que se encontraba.

Las conclusiones de esa primera entrevista se volcaron en un informe de una carilla que dio a conocer Clarín. Cuando el equipo técnico avanzó con la entrevista que fue virtual, y quiso profundizar sobre los hechos que tomaron estado público, pero que fueron denunciados por Yañez, ella manifestó inmediatamente un nivel de angustia que le impidió seguir hablando.

Sólo se remitió a reiterar algo que dijo también ante el juez Ercolini: “siento agobio” y minutos después, no negó la “incomodidad” que la situación le representaba a la hora de profundizar en los detalles de las situaciones de violencia que padeció.

“No se encuentra en condiciones de declarar en lo inmediato”, fue una de las conclusiones tras escucharla durante ese primer encuentro con el cuerpo especializado que integra la DOVIC. Fue la primera de otras entrevistas que se desarrollarán con la finalidad de brindarle contención a la ex primera dama.

Esta semana el fiscal Ramiro González le fijará fecha de audiencia para que declare ante la justicia federal donde tramita la causa que se inició a raíz de su denuncia. Esa primera exposición de Yañez, brindado información, detalles, datos sobre las acusaciones vertidas contra el ex Jefe de Estado, posibilitará el inicio de la investigación.

Fuentes judiciales enfatizaron a Clarín que “no hay medidas de pruebas que se puedan ordenar sin escuchar lo que la señora Yañez tenga para decir en el marco del expediente. Las precisiones que brinde, servirán para ordenar medidas y comenzar a corroborar los hechos bajo investigación”.

La causa penal inició el martes después de que la ex primera dama dijo estar padeciendo lo que definió como “terrorismo psicológico” por parte de Alberto Fernández, así como acoso telefónico, de manera diaria. “Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente”. En ese marco, Yañez manifestó expresamente que a raíz de lo ocurrido, deseaba impulsar la acción penal.

Resta ahora escuchar todo lo que tiene para aportar a la causa para que inicie formalmente la investigación que se encuentra delegada en la fiscalía a cargo de Ramiro González.