Expediente electrónico, un avance

Una broma generalizada entre abogados consiste en decir que los juzgados de hoy se parecen bastante a esa escenografía, a la que sólo hay que agregarle la computadora, que reemplazó a la máquina de escribir. Se trata de una exageración que, como todas, esconde algo de verdad.

En forma paralela a su fortalecimiento institucional, el Poder Judicial requiere una transformación en sus modos de gestión para buscar la eficiencia. El Indice de Confianza en la Justicia, elaborado por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), la Universidad Di Tella y la Fundación Libertad, revela que en marzo último sólo el 26 por ciento de los encuestados percibía el servicio de justicia como eficiente.

Existen experiencias modestas pero muy valiosas en cuanto al uso de la tecnología. Por ejemplo, las innovaciones tecnológicas que algunos fueros nacionales, como el civil y el comercial, ya han puesto a disposición de los litigantes. Se trata de herramientas que permiten hacer varios trámites de manera remota, algo que ahorra visitas a los tribunales y acorta los tiempos. Aunque no toca lo estructural, su impacto vale como señal de lo que se puede hacer para beneficio de los ciudadanos que deben acudir a los tribunales.

Muchas demoras y obstrucciones en los procesos tienen que ver con que el expediente, que sólo contiene información, es un objeto físico que debe estar disponible para que pueda ejecutarse cualquier acto que impulse el proceso. A manera de ejemplo, un juez no puede siquiera estudiar un caso si el expediente se ha ido a una oficina pública para saber si hay que pagar el impuesto de justicia. Es curioso, porque en plena era digital los escritos y las resoluciones que forman un expediente nacen en formato digital en una computadora, pero luego se convierten en algo analógico cuando deben imprimirse en papel.

Esto puede cambiar. Acaba de sancionarse la ley que equipara el expediente electrónico con el físico en el ámbito del Poder Judicial de la Nación. El Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema tienen a su cargo su implementación conjunta. Es un enorme paso adelante. Si lo hacemos bien, el expediente electrónico acelerará los procesos, pero también aumentará la transparencia de la gestión judicial.

Varios estudios demuestran que más de la mitad de la duración de un pleito comercial corresponde a la tarea de notificar. No hay ninguna razón para mantener un sistema que exige usar y mover papeles sólo para dar noticias.

Es de esperar también que el cambio permita contar con una información estadística más confiable y sistematizada, algo imprescindible para tomar decisiones cuando es necesario asignar racionalmente recursos finitos.

El expediente electrónico significará menos personas viajando por la ciudad a los edificios de tribunales para mirar o dejar papeles. Su contribución a la ecología y al urbanismo no será menor. No solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el interior, donde los interesados a veces deben viajar muchos kilómetros hasta los juzgados federales.

Las organizaciones de la sociedad civil deben apoyar en todo cuanto esté a su alcance esta iniciativa para que se aplique con éxito. Los colegios profesionales deben cooperar para avanzar en su implementación con éxito. Ellos, como auxiliares de la Justicia, también deberán adecuarse a una gestión más ágil y transparente al servicio de los derechos de los ciudadanos. La sociedad los valorará más si son agentes del cambio y no de la resistencia.

La tecnología no solucionará los problemas institucionales del Poder Judicial. No hará funcionar razonablemente al Consejo de la Magistratura, no logrará que el Senado analice con responsabilidad los pliegos que le envía el Poder Ejecutivo para la designación de jueces, no hará más independientes a ciertos jueces ni más racionales las leyes de procedimiento. Pero en términos de gestión puede ayudar, y mucho, a solucionar los problemas de la gente de una mejor manera.