España reabrió su espacio aéreo luego del "alerta"
Lo informó el ministerio del Interior. La alerta la había declarado el Gobierno español tras el paro de los controladores.
Los controladores aéreos españoles empezaban a regresar a sus puestos de trabajo este sábado desde el mediodía después que el gobierno declaró el "estado de alarma" por una huelga salvaje del sector iniciada el viernes que tiene paralizado el tráfico aéreo en todo el país.
"Se trata de la primera vez que se aplica una norma de esta naturaleza" en España desde la vuelta a la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975, señaló el vicepresidente primero del ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Este sábado por la mañana los aeropuertos seguían "prácticamente todos paralizados", indicó, por lo que "el consejo de ministros ha aprobado un decreto por el cual se decreta el estado de alarma, de acuerdo con nuestra Constitución", que durará en principio "15 días", anunció.
Esto significa que los controladores, "en caso de no asistir al trabajo, estarían incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el código penal militar", explicó.
Poco después de este anuncio, los controladores, que abandonaron su trabajo el viernes por la tarde, empezaron a regresar a sus puestos poco después del mediodía y hacia las 15H00 locales (14:00 GMT), dos tercios de ellos se habían incorporado (109 de un total de 159) y más de la mitad del espacio aéreo español se había reabierto, indicó el gestor aeroportuario AENA.
Pero "no se ha retomado el tráfico aéreo", ya que para ello deben reprogramarse los vuelos cancelados, avisar a Eurocontrol, a los pilotos y a los pasajeros, entre otras cosas, explicó.
El ejército pasó el viernes por la noche a tomar el control del tráfico aéreo, aunque no se reanudaron los vuelos.
El aeropuerto de Madrid, donde esperaban bloqueadas miles de personas desde el viernes por la tarde, estaba listo para la salida de vuelos a las 16H00 locales (15H00 GMT), dijo AENA.
El estado de alarma está recogido en la Constitución y en una ley de 1981 para eventualidades como "terremotos, inundaciones, incendios" o "accidentes de gran magnitud", "crisis sanitarias", "paralización de servicios públicos esenciales" o "situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad".
La fiscalía de Madrid abrió una investigación por un delito de sedición, punible con penas de hasta ocho años de prisión.