Es necesario redoblar la vigilancia policial en defensa de las escuelas
Lo ocurrido hace pocos días trajo a la memoria lo que sucedió en la Escuela Media 22 de La Granja, atacada doce veces en poco más de un año en la sede de 519 y 138. La mayoría de las agresiones sufridas en 2010 se produjo en un inmueble ahora protegido hasta por cámaras de seguridad.
Una vez más una escuela de nuestra Región se ha visto sometida al accionar de delincuentes, que se dedicaron a causar destrozos con un ensañamiento tal que el establecimiento debió suspender las clases y el servicio del comedor, con los imaginables perjuicios educativos y sociales para los 600 alumnos que acuden a ella.
En esta oportunidad, la víctima de semejante irracionalidad fue la Escuela Primaria 116 de Los Hornos que, además, en lo que va del año ha sufrido ya cinco ataques similares.
Lo ocurrido hace pocos días trajo a la memoria lo que sucedió en la Escuela Media 22 de La Granja, atacada doce veces en poco más de un año en la sede de 519 y 138. La mayoría de las agresiones sufridas en 2010 se produjo en un inmueble ahora protegido hasta por cámaras de seguridad.
Se ha dicho siempre y cabe repetirlo ahora que, además de las pérdidas materiales que se registran, estos episodios vandálicos causan perjuicios más trascendentes que los de naturaleza estrictamente económica. Desde luego que, el primero de ellos es la pérdida de días de clases para los estudiantes.
En esta oportunidad, tal como ya se adelantó, los atacantes rompieron más de 30 vidrios y causaron daños en todas las dependencias de la Escuela, sin que robaran ningún efecto. Pero también el servicio de comedor escolar debió ser suspendido ya que los alimentos fueron desparramados por distintos lugares del establecimiento.
La situación es bien conocida por las distintas comunidades educativas, muchas de ellas compelidas a enfrentarse en reiteradas ocasiones contra este verdadero flagelo. Es obvio que tal situación inquieta también a las autoridades educativas provinciales, que son las que funcionalmente deben actuar para garantizar la existencia en los colegios de mobiliarios y equipos, además de dotar a los edificios de todos los elementos de seguridad necesarios.
Está claro que lo primordial reside en el accionar policial que debería desplegarse en torno a cada una de las escuelas. La vigilancia sobre los edificios educativos debiera ser continua y eficaz, contándose para facilitar ello, además, con la segura colaboración de los vecindarios que valoran y defienden a las escuelas instaladas en ellos.
Tal como se ha señalado ya en esta columna, más allá de las alarmas que puedan colocarse y de otras medidas preventivas que las escuelas puedan adoptar -así como de reiterar que existe otro tipo de accionar, vinculado más a un difuso y muy cuestionable estado de inconducta juvenil que al dolo propio de los actos delictivos- es verdad que la comunidad educativa toda debe también tomar conciencia de la trascendencia de los bienes espirituales y materiales que caracterizan a las escuelas.
Pero ello no exime de reclamar a la Policía que se redoble la vigilancia en torno a las escuelas. La reiteración de estos robos y actos vandálicos perjudica a la educación misma, causa perjuicios importantes y constituye, además, un agravio hacia el conjunto de la sociedad.
En esta oportunidad, la víctima de semejante irracionalidad fue la Escuela Primaria 116 de Los Hornos que, además, en lo que va del año ha sufrido ya cinco ataques similares.
Lo ocurrido hace pocos días trajo a la memoria lo que sucedió en la Escuela Media 22 de La Granja, atacada doce veces en poco más de un año en la sede de 519 y 138. La mayoría de las agresiones sufridas en 2010 se produjo en un inmueble ahora protegido hasta por cámaras de seguridad.
Se ha dicho siempre y cabe repetirlo ahora que, además de las pérdidas materiales que se registran, estos episodios vandálicos causan perjuicios más trascendentes que los de naturaleza estrictamente económica. Desde luego que, el primero de ellos es la pérdida de días de clases para los estudiantes.
En esta oportunidad, tal como ya se adelantó, los atacantes rompieron más de 30 vidrios y causaron daños en todas las dependencias de la Escuela, sin que robaran ningún efecto. Pero también el servicio de comedor escolar debió ser suspendido ya que los alimentos fueron desparramados por distintos lugares del establecimiento.
La situación es bien conocida por las distintas comunidades educativas, muchas de ellas compelidas a enfrentarse en reiteradas ocasiones contra este verdadero flagelo. Es obvio que tal situación inquieta también a las autoridades educativas provinciales, que son las que funcionalmente deben actuar para garantizar la existencia en los colegios de mobiliarios y equipos, además de dotar a los edificios de todos los elementos de seguridad necesarios.
Está claro que lo primordial reside en el accionar policial que debería desplegarse en torno a cada una de las escuelas. La vigilancia sobre los edificios educativos debiera ser continua y eficaz, contándose para facilitar ello, además, con la segura colaboración de los vecindarios que valoran y defienden a las escuelas instaladas en ellos.
Tal como se ha señalado ya en esta columna, más allá de las alarmas que puedan colocarse y de otras medidas preventivas que las escuelas puedan adoptar -así como de reiterar que existe otro tipo de accionar, vinculado más a un difuso y muy cuestionable estado de inconducta juvenil que al dolo propio de los actos delictivos- es verdad que la comunidad educativa toda debe también tomar conciencia de la trascendencia de los bienes espirituales y materiales que caracterizan a las escuelas.
Pero ello no exime de reclamar a la Policía que se redoble la vigilancia en torno a las escuelas. La reiteración de estos robos y actos vandálicos perjudica a la educación misma, causa perjuicios importantes y constituye, además, un agravio hacia el conjunto de la sociedad.