Es lo que hay
No sorprenden los numerosos nombramientos de Juan Schiaretti y su defensa por parte de José Manuel de la Sota.
Desde los albores de nuestro azaroso sistema democrático, el puesto público fue para nuestra clase política botín de guerra electoral. Las alternancias en el gobierno de conservadores y radicales suponían la alternancia en el despido y admisión de legiones enteras de empleados provinciales y municipales. La literatura nacional de la primera mitad del siglo 20 refleja ese peculiar estilo político. Las brillantes narraciones de Roberto Payró y Arturo Cancela son irrefutables testimonios.
El fortalecimiento del poder gremial, a partir de la segunda mitad de esa centuria, transformó esos nombramientos en irrevocables, fuese cual fuese el llamado veredicto de las urnas. La primera consecuencia de este cambio fue positiva, la estabilidad; la segunda fue inevitablemente negativa, la transformación de la burocracia en una metástasis incontenible que ya consume más del 50 y hasta supera el 60 y 65 por ciento de la recaudación fiscal, condenando a la paralización virtual de la obra pública.
¿A quién puede sorprender que el ex gobernador de la Provincia de Córdoba Juan Schiaretti haya nombrado durante su gestión a 17.636 personas? Lo sorprendente habría sido que hubiese nombrado menos. ¿Y a quién puede sorprender que el actual gobernador, José Manuel de la Sota, haya "avalado plenamente" los nombramientos de su predecesor? Lo que sorprende serían sus argumentos. Porque vino a decir que "brindarles más servicios a los ciudadanos es un deber indelegable del Estado provincial". Es una intolerable exhibición de desprecio por la inteligencia y la memoria de la ciudadanía, que difícilmente pueda recordar un solo gobierno que haya sido más eficiente por extender su metástasis.
Los nombramientos aluvionales no son un deber indelegable de ningún Estado, sea nacional, provincial o municipal. Alguna vez deberían respetarse la inteligencia y la memoria de la civilidad, que desde hace más de un siglo sabe que los nombramientos son premios a la militancia partidaria, al favoritismo familiar y al amiguismo.
"Enhorabuena –afirma– que podamos ampliar la cantidad de empleados hospitalarios, policías y maestros para poder así curar a nuestros enfermos, cuidar a nuestros ciudadanos y educar a nuestros hijos". Sí, enhorabuena si los polos sanitarios de la Provincia funcionaran correctamente, si la seguridad ciudadana y rural hubiera sido recuperada, si el sistema educacional fuese eficiente y funcionase en edificios que no son ni un agravio ni un riesgo para los educandos y el mal pagado personal docente.
Lo que hay es la transformación del empleo público en un sucedáneo del seguro de desempleo, nombramientos a mansalva, sistema de salud colapsado, incapacidad manifiesta en las fuerzas de prevención y represión del delito e indisimulable descalabro del sistema educacional. Eso es lo que hay.
El fortalecimiento del poder gremial, a partir de la segunda mitad de esa centuria, transformó esos nombramientos en irrevocables, fuese cual fuese el llamado veredicto de las urnas. La primera consecuencia de este cambio fue positiva, la estabilidad; la segunda fue inevitablemente negativa, la transformación de la burocracia en una metástasis incontenible que ya consume más del 50 y hasta supera el 60 y 65 por ciento de la recaudación fiscal, condenando a la paralización virtual de la obra pública.
¿A quién puede sorprender que el ex gobernador de la Provincia de Córdoba Juan Schiaretti haya nombrado durante su gestión a 17.636 personas? Lo sorprendente habría sido que hubiese nombrado menos. ¿Y a quién puede sorprender que el actual gobernador, José Manuel de la Sota, haya "avalado plenamente" los nombramientos de su predecesor? Lo que sorprende serían sus argumentos. Porque vino a decir que "brindarles más servicios a los ciudadanos es un deber indelegable del Estado provincial". Es una intolerable exhibición de desprecio por la inteligencia y la memoria de la ciudadanía, que difícilmente pueda recordar un solo gobierno que haya sido más eficiente por extender su metástasis.
Los nombramientos aluvionales no son un deber indelegable de ningún Estado, sea nacional, provincial o municipal. Alguna vez deberían respetarse la inteligencia y la memoria de la civilidad, que desde hace más de un siglo sabe que los nombramientos son premios a la militancia partidaria, al favoritismo familiar y al amiguismo.
"Enhorabuena –afirma– que podamos ampliar la cantidad de empleados hospitalarios, policías y maestros para poder así curar a nuestros enfermos, cuidar a nuestros ciudadanos y educar a nuestros hijos". Sí, enhorabuena si los polos sanitarios de la Provincia funcionaran correctamente, si la seguridad ciudadana y rural hubiera sido recuperada, si el sistema educacional fuese eficiente y funcionase en edificios que no son ni un agravio ni un riesgo para los educandos y el mal pagado personal docente.
Lo que hay es la transformación del empleo público en un sucedáneo del seguro de desempleo, nombramientos a mansalva, sistema de salud colapsado, incapacidad manifiesta en las fuerzas de prevención y represión del delito e indisimulable descalabro del sistema educacional. Eso es lo que hay.