¿Es éste el modelo?
Asustan las semejanzas que hay entre Santa Cruz y el gobierno nacional en el desprecio por las instituciones.
La agonía que sufre la provincia de Santa Cruz, pese a ser uno de los distritos más ricos de la Argentina en proporción con su bajo número de habitantes, muestra a las claras el fracaso de un modelo que, en gran medida, el kirchnerismo pretendió importar para la Nación.
La existencia actual de un gobierno debilitado, como el de Daniel Peralta, al que sectores del kirchnerismo encabezados por la agrupación La Cámpora le vaciaron el gabinete, y al que algunos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional buscan condicionar porque se consideran con derecho a intervenir en los negocios y en la adjudicación de obras públicas de la provincia, es la consecuencia de un ancestral desprecio por las instituciones.
El recordado caso de Eduardo Sosa, el procurador apartado de su cargo y jamás repuesto pese a las órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia, es un emblema del sepulcro de los mínimos resabios de independencia del Poder Judicial santacruceño. Salvo muy contadas excepciones, ningún fiscal o juez se atreve a contradecir al Poder Ejecutivo provincial.
En 1998, valiéndose de la herramienta de la consulta popular vinculante, el entonces gobernador provincial, Néstor Kirchner, hizo reformar la Constitución santacruceña con el fin de crear la figura del diputado por municipio, que terminó tergiversando la composición parlamentaria, en tanto no contempla la representación de las minorías. En esa reforma también se estableció la posibilidad de la reelección indefinida del gobernador y del vicegobernador, que le permitió a Néstor Kirchner gobernar la provincia desde 1991 hasta su llegada a la Casa Rosada, en 2003.
A la luz de los últimos resultados electorales, la Legislatura santacruceña está conformada por 22 diputados del Frente para la Victoria y sólo dos de la Unión Cívica Radical. Los efectos de la dispar representación legislativa desde que tuvo lugar la reforma constitucional le ha permitido al oficialismo ignorar el control y el seguimiento de los más de 1100 millones de dólares de la provincia depositados en el exterior durante la gobernación de Kirchner, de los que quedarían menos de 100 millones según el último informe oficial. La mayoría absoluta también le permitió prorrogar los contratos petroleros hasta 2047 y el otorgamiento al gobernador de facultades extraordinarias para la reasignación de partidas.
El carácter clientelista y prebendario del Ejecutivo provincial se advierte en la alarmante cantidad de empleados públicos. Hoy la administración provincial cuenta con 43 mil empleados y 11 mil jubilados, del total de 270 mil habitantes que tiene el distrito.
Pese a los impresionantes recursos naturales que posee, la provincia depende hoy inevitablemente de la ayuda del gobierno nacional, en tanto recibe proporcionalmente más fondos y obras que cualquier otra. Según un ranking elaborado por la Fundación Mediterránea, con cifras de 2010, lo asignado en ocho años a la provincia de los Kirchner multiplica por 23 lo otorgado a Córdoba o a Santa Fe.
Los medios de comunicación públicos de Santa Cruz sólo reflejan las informaciones oficiales del gobierno, en tanto que las voces críticas no tienen lugar y los conflictos laborales casi no son reflejados. Entretanto, los medios privados son condicionados por las autoridades provinciales, a partir de un manejo totalmente discrecional de la pauta publicitaria, con la que se busca disciplinar a los críticos y premiar a los complacientes.
Pero Santa Cruz, además de sus dificultades fiscales del presente, tiene otros problemas graves. En el terreno de la educación, cuenta hoy con un elevado índice de repitencia, que se encuentra en la media más alta del país. Según estadísticas de la Sedronar, la provincia ocupa el primer lugar en materia de consumo de drogas en el orden nacional. Y hay incluso otra estadística más: que allí se registra el más alto índice de suicidios juveniles del país..
Frente a la complicada situación política, económica y social que afronta Santa Cruz, cabe preguntarse si es éste el modelo que le espera a la Argentina en los próximos años, a la luz de las semejanzas que, en el terreno institucional, pueden observarse en un estilo de gestión que desprecia la división de poderes y procura silenciar a las voces disidentes. Santa Cruz es el espejo en el cual parecería que los argentinos nos negamos a vernos.
La existencia actual de un gobierno debilitado, como el de Daniel Peralta, al que sectores del kirchnerismo encabezados por la agrupación La Cámpora le vaciaron el gabinete, y al que algunos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional buscan condicionar porque se consideran con derecho a intervenir en los negocios y en la adjudicación de obras públicas de la provincia, es la consecuencia de un ancestral desprecio por las instituciones.
El recordado caso de Eduardo Sosa, el procurador apartado de su cargo y jamás repuesto pese a las órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia, es un emblema del sepulcro de los mínimos resabios de independencia del Poder Judicial santacruceño. Salvo muy contadas excepciones, ningún fiscal o juez se atreve a contradecir al Poder Ejecutivo provincial.
En 1998, valiéndose de la herramienta de la consulta popular vinculante, el entonces gobernador provincial, Néstor Kirchner, hizo reformar la Constitución santacruceña con el fin de crear la figura del diputado por municipio, que terminó tergiversando la composición parlamentaria, en tanto no contempla la representación de las minorías. En esa reforma también se estableció la posibilidad de la reelección indefinida del gobernador y del vicegobernador, que le permitió a Néstor Kirchner gobernar la provincia desde 1991 hasta su llegada a la Casa Rosada, en 2003.
A la luz de los últimos resultados electorales, la Legislatura santacruceña está conformada por 22 diputados del Frente para la Victoria y sólo dos de la Unión Cívica Radical. Los efectos de la dispar representación legislativa desde que tuvo lugar la reforma constitucional le ha permitido al oficialismo ignorar el control y el seguimiento de los más de 1100 millones de dólares de la provincia depositados en el exterior durante la gobernación de Kirchner, de los que quedarían menos de 100 millones según el último informe oficial. La mayoría absoluta también le permitió prorrogar los contratos petroleros hasta 2047 y el otorgamiento al gobernador de facultades extraordinarias para la reasignación de partidas.
El carácter clientelista y prebendario del Ejecutivo provincial se advierte en la alarmante cantidad de empleados públicos. Hoy la administración provincial cuenta con 43 mil empleados y 11 mil jubilados, del total de 270 mil habitantes que tiene el distrito.
Pese a los impresionantes recursos naturales que posee, la provincia depende hoy inevitablemente de la ayuda del gobierno nacional, en tanto recibe proporcionalmente más fondos y obras que cualquier otra. Según un ranking elaborado por la Fundación Mediterránea, con cifras de 2010, lo asignado en ocho años a la provincia de los Kirchner multiplica por 23 lo otorgado a Córdoba o a Santa Fe.
Los medios de comunicación públicos de Santa Cruz sólo reflejan las informaciones oficiales del gobierno, en tanto que las voces críticas no tienen lugar y los conflictos laborales casi no son reflejados. Entretanto, los medios privados son condicionados por las autoridades provinciales, a partir de un manejo totalmente discrecional de la pauta publicitaria, con la que se busca disciplinar a los críticos y premiar a los complacientes.
Pero Santa Cruz, además de sus dificultades fiscales del presente, tiene otros problemas graves. En el terreno de la educación, cuenta hoy con un elevado índice de repitencia, que se encuentra en la media más alta del país. Según estadísticas de la Sedronar, la provincia ocupa el primer lugar en materia de consumo de drogas en el orden nacional. Y hay incluso otra estadística más: que allí se registra el más alto índice de suicidios juveniles del país..
Frente a la complicada situación política, económica y social que afronta Santa Cruz, cabe preguntarse si es éste el modelo que le espera a la Argentina en los próximos años, a la luz de las semejanzas que, en el terreno institucional, pueden observarse en un estilo de gestión que desprecia la división de poderes y procura silenciar a las voces disidentes. Santa Cruz es el espejo en el cual parecería que los argentinos nos negamos a vernos.