Error en la lucha contra el lavado
El temor a ser sancionado es la única razón por la que el Gobierno procura aprobar una nueva ley contra el blanqueo de dinero
Ante la Comisión de Justicia y Legislación Penal del Senado, el ministro de Justicia, Julio Alak, abogó por la urgente sanción del proyecto de ley para reformar las políticas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Como ya lo había hecho en la Cámara de Diputados, subrayó la urgente necesidad de contar con la nueva norma para sortear con éxito la evaluación que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) realizará en junio, en México. Los senadores de las diferentes bancadas hicieron suyo el compromiso, más allá de expresar serios y fundados reparos al texto sancionado la semana pasada por la Cámara baja.
Se le formularon dos tipos de objeciones. El primero, vinculado a las responsabilidades del Gobierno por las dilaciones en tratar las reformas propuestas que llevaron al país al borde de las sanciones internacionales, y el segundo, a errores inducidos por las modificaciones de último momento introducidas a instancias del diputado kirchnerista Héctor Recalde.
Las gestiones del abogado de Hugo Moyano estuvieron cerca de hacer naufragar el trabajoso acuerdo político alcanzado, cuando por su exigencia se excluyeron los sindicatos y las obras sociales como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado. El bloque oficialista impuso su mayoría, pero en el apuro también eliminó a otros sujetos exigidos por las normas internacionales como las remesadoras de fondos, al tiempo que amplió la responsabilidad de los profesionales de Ciencias Económicas. Ahora se deberá sancionar una ley complementaria que corrija los citados errores.
Este episodio corrobora lo expresado en esta columna en reiteradas oportunidades acerca de la falta de voluntad política del kirchnerismo para avanzar en la materia. Es inaceptable que el temor a recibir sanciones del organismo internacional sea lo que impulsa al Poder Ejecutivo a revisar su política institucional contra el lavado de activos.
Así, del análisis del debate en Diputados surge que, salvo honrosas excepciones, la mayoría sostuvo que la razón que los inducía a aprobar la reforma propuesta era evitar las sanciones en ciernes. La amenaza de recibir sanciones no es una confabulación del eje del mal y de los organismos internacionales, como se sostuvo en una infeliz partipación en el recinto. Es producto de serios y reiterados incumplimientos del gobierno nacional relevados por el GAFI desde 2003.
La Argentina debe lucha contra el lavado para no permitir que siga avanzando el crimen organizado en nuestro territorio. La situación es grave: nuestro país se convirtió en el de mayor índice de consumo de cocaína y marihuana de América del Sur, detectándose en la provincia de Buenos Aires la existencia de laboratorios de cocaína. La falta de radarización -el jefe de Gabinete acaba de comprometerla para 2013- facilita que infinidad de cargamentos con drogas ingresen por vía aérea.
Tampoco existe información fehaciente sobre un delito deleznable como la trata de personas, y es nulo el avance en el combate contra la corrupción.
Por todas estas razones, se requiere una buena ley, no por temor a ser castigados, sino porque más allá de la sanción de un nuevo régimen penal para perseguir el delito, en esta materia la política argentina se debe un debate profundo e informado que convoque a los mejores esfuerzos para desplegar una estrategia eficaz para enfrentar al crimen organizado.