Entre rejas

El viernes pasado a las seis de la mañana dos autos particulares se cruzaron en el camino de un tercer coche, en el que iban el delegado ferroviario Rubén Sobrero y su hija de 15 años. De esos autos bajaron personas de civil haciendo ostentación de armas de fuego. Empujaron violentamente a la nena y se llevaron a Sobrero. El sindicalista no tenía idea, pero los hombres eran policías. Lo llevaron a una comisaría y lo encerraron en un pequeño cuartito durante tres días, sin tomarle declaración ni informarle absolutamente nada sobre las razones del atropello ni sobre la situación de la menor de edad que está a su cargo, es decir, su hija.

En el mismo momento, otras cinco personas eran detenidas de la misma manera por la Policía Federal e incomunicadas del mismo modo. Horas después, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, número dos del gobierno nacional, explicó a la población que lo hecho por el juez era "justo" y concedió un largo reportaje en el cual vinculó a los detenidos –y no sólo a ellos, también a Fernando "Pino" Solanas– con la quema de vagones.

El mecanismo habitual se había puesto en marcha. En pocas horas, el sector más estridente y alineado del periodismo oficial comenzó a difundir supuestas pruebas que vinculaban a los detenidos con la quema de vagones, en un informe televisivo que debería guardarse junto a otros, como el que acusaba a Eduardo Duhalde del asesinato de Mariano Ferreyra. ¿Se darán cuenta estas personas del mar de confusión en el que nadan? Afortunadamente, otros periodistas que simpatizan con el kirchnerismo empezaron a contrarrestar esa campaña infame. Varios días después, Sobrero fue liberado.

Hay sectores del Gobierno para los cuales todo el episodio fue, cómo decirlo, un detalle menor. Esto es: que un juez ascendido a camarista por el Gobierno y el jefe de Gabinete avancen sobre la libertad de seis personas debería ser pasado por alto con liviandad. Opiniones son opiniones y cada cual en democracia, por supuesto, puede decir cualquier cosa. A mí me parece, en cambio, que si las personas que tomaron estas decisiones –las detenciones irregulares, el respaldo a ellas, la propaganda para darles cobertura ante la militancia– no son sancionadas socialmente, se corre el grave riesgo de sentar un precedente. La Argentina es un país sustancialmente mejor que hace diez años, pero eso no cambia que en el último año y medio distintas fuerzas policiales conducidas políticamente por sectores del oficialismo hayan asesinado a quince argentinos que protestaban por diversas cuestiones.

Unos días después de la detención, Sobrero fue liberado porque, según los balbuceos del juez, las pruebas contra él se habían diluido. O sea: a Sobrero y a los otros cinco los encarcelaron un viernes para tomarles declaración un lunes, pero el martes las pruebas ya eran débiles. Un breve racconto de lo que se puede entender que pasó alcanza para entrar en el mundo del disparate.

A Sobrero lo detienen porque, varios meses después de la quema de vagones, se suman casualmente varios testimonios. Tres policías se acordaron, de repente, que Sobrero había financiado la quema de vagones. Y, casi en el mismo momento, uno de los detenidos pidió ampliar su declaración indagatoria y contó que un tal Leo le había pagado y que se comunicó por handy con Sobrero para decirle que todo marchaba sobre ruedas. Un informe de "inteligencia" de la Federal concluyó que el tal Leo era Leonardo Portorreal, otro militante de izquierda que había dejado de ser empleado del ferrocarril hacía cinco años.

Mientras Fernández, en el tono habitual que es toda una definición de sí mismo, justificaba el atropello, un montón de dirigentes de diversas líneas políticas, que conocían al detenido, se sumaban para expresar su perplejidad. Margarita Stolbizer, Pino Solanas, Vilma Ripoll, Victoria Donda, Jorge Altamira, Eduardo Macaluse, apelaban todos al mismo argumento: lo conocemos hace muchos años, es imposible que haya hecho alguna cosa así. Durante el fin de semana, se empezaron a sumar dirigentes y agrupaciones del kirchnerismo o con dirigentes cercanos a él, como el Movimiento Evita, la Confederación General del Trabajo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la CTA de Hugo Yasky.

El juez se vio obligado a revisar las pruebas. Y ahora resulta que el tal Leo no era Portorreal: era otro Leo. Y si Leo no era Portorreal, ¿quién era? ¿Existía? Y resulta que no puede probar que Sobrero alguna vez haya usado handy. Y que las descripciones físicas de Sobrero y Portorreal no se condicen con lo que son en realidad. Y que, más allá de que los sospechosos no eran sospechosos salvo para los que armaron la causa, en un caso había detenido a un hermano de uno de ellos. Dicho de otra manera: creyeron que había pruebas sobre una persona y, aunque las pruebas eran falsas, detuvieron a su hermano. Y, en el medio, cayeron en la volteada otras dos personas sobre las cuales el juzgado difundió que eran "barras bravas" de All Boys. Esas personas quedaron detenidas, según las propias palabras del juez, porque no tienen domicilio.

Curiosa razón para dejar a alguien entre rejas: que no tiene donde vivir. No suena demasiado bien, ¿no? Uno podría preguntarse, con algo de angustia, qué será ahora de esos muchachos. No hay razón alguna para pensar que, sobre ellos, haya más pruebas de las que había contra Sobrero. ¿Quién las va a presentar? ¿El magnífico juez ascendido a camarista? ¿El jefe de Gabinete? Pobres pibes. Ellos quizá no lo sepan, pero son apenas dos más de tantas personas humildes que terminan en la cárcel todos los días porque una parte de la Justicia funciona así: si sos pobre, sos sospechoso.

Hay un mecanismo muy extraño que se le gatilla al Gobierno cada vez que hay revueltas disparadas por demoras en el servicio ferroviario. Inmediatamente, aparece Aníbal Fernández y dice siempre lo mismo: que se está haciendo un gran esfuerzo para que la gente viaje mejor, que por eso esto da tanta bronca, que nadie en su sano juicio puede pensar que los disturbios son espontáneos, y que tiene pruebas de que, detrás de ellos, hay personas de izquierda, a algunas de las cuales identifica. Con el correr de los meses, se descorre el velo de lo evidente: la teoría del complot es simplemente un atajo para correr el eje de la cuestión. Si se discute la existencia de una conspiración de izquierda contra el Gobierno, se deja de debatir sobre el estado de los trenes. Una y otra vez es la misma reacción, una y otra vez se demuestra que lo hace sin pruebas. Es una operación de propaganda berreta y con tintes macartistas: a un hombre como él, pegarle a la izquierda le viene como anillo al dedo.

En este caso, ese mecanismo traspuso un límite. Por alguna razón difícil de entender, la quema de vagones en Haedo produjo más excitación en el Gobierno que otras. A tal punto, que no sólo Fernández fue vocero de la teoría conspirativa. A principios de mayo, el mismo juez –ascendido a camarista– escribió que tenía probado que la quema de vagones fue parte de un complot. Entonces, fueron la ministra de Seguridad Nilda Garré y el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi los que salieron a sacar pecho y la emprendieron contra periodistas y políticos que manifestaron sus dudas y pidieron prudencia al Gobierno. Hasta la propia Presidenta de la Nación se sumó a la denuncia de la existencia de una asociación ilícita, cuando aún no había un solo nombre importante para justificar el móvil de la supuesta conspiración: sólo perejiles, personas en situación de calle. ¿Qué hizo que, con tan poco, hicieran tanto barullo? Al cierre de esta edición, además, el juez separaba a la Policía Federal de la investigación, algo que la ministra de Seguridad debería explicar.

La comedia de enredos terminó como tenía que terminar. Personas inocentes detenidas e incomunicadas, y un gobierno enredado en un papelón. En medio de esto, hay un elemento alentador. Un sector del kirchnerismo reaccionó con mucha dignidad frente al disparate. No es sencillo cuestionar al sector político al que uno pertenece: es más fácil hacerlo de afuera. Por eso, es más valorable lo que hicieron, cuando era evidente que la Casa Rosada jugaba al lado del jefe de Gabinete. (Es muy curioso, dicho sea de paso, ver cómo personajes menores se pelean ahora por pegarle a Hugo Moyano, con la evidente intención de congraciarse con la Presidenta, cuando hace sólo unos meses, cuando Moyano estaba en la buena, se deshacían en obsecuencia hacia el líder camionero.)

Pero este es el país que es: Fernández seguirá con su brillante carrera política. No importa que haya respaldado a la Federal cuando armó la zona liberada que permitió la persecución y el asesinato de Mariano Ferreyra. No importan las acusaciones sin pruebas contra inocentes. O sus rabietas contra actores y vedettes. El futuro le pertenece. Al fin y al cabo, ha superado escollos mucho más complicados. El juez será –porque así lo dispuso el Poder Ejecutivo pese a que había salido quinto en el concurso del Consejo de la Magistratura– un honorable camarista. Los detenidos liberados, si quieren llorar, deberán ir a la iglesia catedral, y los que siguen presos, dependen de Su Señoría.

Este es el país que es.

Repleto de detalles menores.