Entre la realidad y la ilusión

El discurso que cada 1° de marzo deben pronunciar los presidentes ante el Congreso de la República es definido tradicionalmente como un examen del estado de la Nación.

Ayer, Cristina Fernández de Kirchner se dedicó en gran medida a describir el estado del kirchnerismo, focalización inevitable, habida cuenta de que el país ya se encuentra inmerso en el clima electoral, aunque con una anticipación que viola los preceptos de la ley vigente.

Fue previsible la evocación de su difunto esposo, erigido por el oficialismo en una especie de pater patriae (padre de la patria). Y en ese proceso se inscribe su refutación de una eventual reforma constitucional que le permitiría un continuismo hasta la eternidad. Propuesta "ultra" que sólo fue un mero exceso de obsecuencia, un globo de ensayo para evaluar la reacción ciudadana, naturalmente reacia a esa movida en un contexto mundial de oposición a la eternización.

Con una tardanza de varios años, su movimiento político terminó por aceptar la verdad evidente por sí misma que reflejaban los sondeos de opinión: la Argentina padece un grave nivel de inseguridad, por cuya razón no deberá postergarse el anunciado mayor despliegue de las fuerzas policiales, para combatir lo que hasta ahora era despreciado como simple "sensación".

El Gobierno se muestra dispuesto ahora a eliminar las trabas burocráticas que infieren un martirio a matrimonios y parejas que anhelan adoptar un hijo, y es elogiable extender a las embarazadas la asignación universal por hijo.

Otro cambio fundamental lo representa la voluntad de promover una legislación sobre la tierra, "lo suficientemente inteligente como para que no tenga ni un sesgo antiinversor y que asegure que los recursos sigan en competencia nacional; no debe ser ni xenofóbica ni chauvinista". Pero omitió decir que deberá ser jurídicamente segura, porque la inseguridad jurídica sigue siendo barrera infranqueable para las inversiones extranjeras directas.

Inoportuno y tan gratuito como su irónica mención de Atahualpa Yupanqui fue su sesgado ataque al campo, al reivindicar como efecto directo de la inexistente política agropecuaria la mayor exportación de carnes, olvidando que Uruguay, con menor superficie apta para la explotación rural y con planteles comparativamente más reducidos, exporta más que nosotros.

El desendeudamiento externo fue una afirmación opinable y el silencio respecto del endeudamiento interno fue inaceptable, si se considera la cotidiana sangría que se aplica a los distintos organismos oficiales y el impago a los juicios previsionales que se amontonan.

Sobre las relaciones Gobierno-sindicatos, tuvo una tenue alusión, al pedir a los gremios que no tomen como "rehenes a los usuarios", algo que recién parece advertir, aunque ese recurso extorsivo es cotidiano en la práctica sindical.