Enemigos por demás
*Por Sebastián Lacunza. En diferentes momentos de su carrera judicial, Baltasar Garzón fue llenando casi todos los casilleros posibles de los enemigos políticos.
Empezando por las fuerzas mayoritarias, los partidos Popular y Socialista Obrero Español, y siguiendo por alguna regional, como los nacionalistas vascos.
Los conservadores tienen para cobrarle a Garzón una orientación en general progresista en su tránsito judicial, amén de varios temas puntuales. El último de ellos, su incursión en la trama «Gürtel», que ayer derivó en la primera de las sentencias adversas al magistrado nacido en Jaén.
A su vez, Garzón se transformó en blanco de todas las críticas de Felipe González y su entorno cuando en 1993 reabrió un procesó que involucró a la cúpula del Ministerio del Interior socialista de los ochenta en la guerra sucia contra la organización vasca ETA. El escándalo de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL, parapoliciales), junto con los casos de corrupción y un nivel de desocupación similar al actual, terminaron por conformar un frente tormentoso para el PSOE, que concluyó en la derrota de González frente a José María Aznar, en 1996.
Así como acorraló a los socialistas por la guerra sucia contra ETA, Garzón también avanzó sobre el independentismo radical vasco como nadie lo había hecho. En ese camino, cerró un diario e instituciones que, al menos oficialmente, se dedicaban a propagar el idioma vasco, desarticuló hasta una red de bares (tabernas vascas) y puso en prisión a políticos de partidos independentistas. También fue Garzón quien comenzó en 2002 la ilegalización de las fuerzas «abertzales» que diezmaron por una década la representación radical vasca en los parlamentos.
Sin embargo, los odios políticos disparados no lo explican todo. El juez que logró la detención de Augusto Pinochet en 1998 y que dictó órdenes de captura contra represores argentinos y hasta Osama bin Laden -cuando el Pentágono todavía buscaba a tientas al fundador de Al Qaeda- se fue ganando la rivalidad de muchos de sus pares.
El encono, que queda expresado sin disimulo en las arbitrariedades exhibidas en los procesos que en estas semanas se llevan en su contra en el Tribunal Supremo, puede explicarse, por un lado, por el carácter evidentemente mediático de este magistrado y su capacidad ilimitada de absorber causas de alto rating.
Pero otra razón teórica asoma en la unanimidad del fallo supremo emitido ayer. Los atajos procesales y la utilización versátil del derecho penal le valieron al ahora exjuez la animadversión de referentes progresistas del derecho. Algunos de sus juzgadores de hoy son reconocidos militantes de la biblioteca garantista.
Sin embargo, ni los enojos políticos, ni las disidencias teóricas teóricos, ni los celos de colegas explican por qué Garzón ya no es más juez. Cuesta dejar de repetir la lección que subyace. En España no se toca al franquismo, porque sería cuestionar la institucionalidad de la transición democrática.
Los conservadores tienen para cobrarle a Garzón una orientación en general progresista en su tránsito judicial, amén de varios temas puntuales. El último de ellos, su incursión en la trama «Gürtel», que ayer derivó en la primera de las sentencias adversas al magistrado nacido en Jaén.
A su vez, Garzón se transformó en blanco de todas las críticas de Felipe González y su entorno cuando en 1993 reabrió un procesó que involucró a la cúpula del Ministerio del Interior socialista de los ochenta en la guerra sucia contra la organización vasca ETA. El escándalo de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL, parapoliciales), junto con los casos de corrupción y un nivel de desocupación similar al actual, terminaron por conformar un frente tormentoso para el PSOE, que concluyó en la derrota de González frente a José María Aznar, en 1996.
Así como acorraló a los socialistas por la guerra sucia contra ETA, Garzón también avanzó sobre el independentismo radical vasco como nadie lo había hecho. En ese camino, cerró un diario e instituciones que, al menos oficialmente, se dedicaban a propagar el idioma vasco, desarticuló hasta una red de bares (tabernas vascas) y puso en prisión a políticos de partidos independentistas. También fue Garzón quien comenzó en 2002 la ilegalización de las fuerzas «abertzales» que diezmaron por una década la representación radical vasca en los parlamentos.
Sin embargo, los odios políticos disparados no lo explican todo. El juez que logró la detención de Augusto Pinochet en 1998 y que dictó órdenes de captura contra represores argentinos y hasta Osama bin Laden -cuando el Pentágono todavía buscaba a tientas al fundador de Al Qaeda- se fue ganando la rivalidad de muchos de sus pares.
El encono, que queda expresado sin disimulo en las arbitrariedades exhibidas en los procesos que en estas semanas se llevan en su contra en el Tribunal Supremo, puede explicarse, por un lado, por el carácter evidentemente mediático de este magistrado y su capacidad ilimitada de absorber causas de alto rating.
Pero otra razón teórica asoma en la unanimidad del fallo supremo emitido ayer. Los atajos procesales y la utilización versátil del derecho penal le valieron al ahora exjuez la animadversión de referentes progresistas del derecho. Algunos de sus juzgadores de hoy son reconocidos militantes de la biblioteca garantista.
Sin embargo, ni los enojos políticos, ni las disidencias teóricas teóricos, ni los celos de colegas explican por qué Garzón ya no es más juez. Cuesta dejar de repetir la lección que subyace. En España no se toca al franquismo, porque sería cuestionar la institucionalidad de la transición democrática.